La última Reforma tributaria de Entre Ríos (Ley 10.270), sancionada a fines del año pasado, no significa en términos generales más que un nuevo impuestazo que los y las entrerrianas que menos tienen deberán afrontar nuevamente. Si tenemos en cuenta que la mayor recaudación de la Ley es el impuesto a los Ingresos Brutos, que es indirecto y se paga en las instancias anteriores de la cadena productiva, es erróneo mencionar que gracias a esta reforma pagarán los que más tienen, dado que todo esto repercute fuertemente en el precio final que el consumidor debe costear.

Pero no sólo se ven afectados los y las trabajadoras en su condición de asalariados y asalariadas por el aumento de los importes que deberán abonar, sino que, lo que es peor, la poca autonomía municipal que poseen Paraná y los restantes municipios entrerrianos se ve socavada por una quita de su fondo coparticipable sin objeto alguno. Esto se debe al inconstitucional Artículo 23º de la nueva Ley, que indica la mayor recaudación se destinará como contribución al financiamiento del sistema de seguridad social de la Provincia, siendo éste un concepto muy amplio y sin especificaciones.

Se concluye entonces que se abstraerá de la masa coparticipable de los municipios y comunas la mayor recaudación impositiva, con lo cual el poder adquisitivo de la ciudad se verá directamente afectado. Cabe destacar que nuestra Constitución Provincial sancionada en 2008 sólo permite hacer esto mediante la creación de un impuesto transitorio (Art. 122º Inc. 12), que debe tener un carácter específico, y que cesará en cuanto su objeto se cumpla.

Esto no sucede con la última reforma, donde sólo se crea un impuesto al juego en su Artículo 10º, que no es transitorio. Viola también lo determinado en el Art. 246º de nuestra Ley Provincial más importante, que establece los pisos de masa coparticipable, dado que la desviación que habrá gracias a la última reforma será en perjuicio de esta coparticipación impositiva obligatoria.

A la ilegalidad que representan las acciones que de ahora en más se podrán ejecutar en nuestra provincia con los fondos de nuestro Municipio, se suma la llamativa pasividad con la que la Intendente Blanca Osuna acepta la violación a la autonomía de Paraná. El doble perjuicio que significan el aumento a los vecinos y vecinas de los impuestos (que se suman a los desmesurados incrementos a las tasas municipales, que a su vez no se ven reflejados en contraprestaciones más eficaces, todo lo contrario) y la privación de parte de sus montos coparticipables, no hacen más que demostrar el nivel de improvisación con el que se estipulan las medidas económicas en Entre Ríos y el verticalismo político con el que funciona la gestión de nuestra ciudad.

Seremos los Partidos Políticos de la oposición y las Organizaciones Sociales los que tendremos que alinearnos, y ponernos al frente de esta grave situación, que no sólo menoscaba la institucionalidad de nuestro Municipio generando un peligroso y grave antecedente, sino que deslegitima la palabra de la Constitución entrerriana, que no es más ni menos que la ley fundamental de nuestra provincia.
Fuente: Página Política

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