Arturo Jauretche narraba una anécdota de Manuel Ortiz Pereyra, en que a los chacareros en un pueblo bonaerense un almacenero italiano les anotaba en su libreta, entre otros artículos comprados, la venta de tantos pesos en concepto de «Persicola». Uno de ellos preguntó a Ortiz Pereyra, al cabo de años de pagar la Persicola, qué producto podía ser ése, ya que él no tomaba gaseosa. El abogado averiguó y ante su asombro el comerciante dijo: «–Ma, eso va per si cola. Si non cola, no va».

El gobernador Urribarri parece decidido a seguir ejerciendo el poder de ese modo: “per si cola”. Así intentó concretar un negociado escandaloso con las islas entrerrianas en el proyecto conocido como Arroz S.A., aprobado entre gallos y medianoche y luego, ante el masivo rechazo social, retirado por el propio Urribarri. Ahora, apremiado por una cuestión de fondos y, al mismo tiempo, decidido a sacarse de encima lo que no puede manejar, quiso avanzar en una forzada e inconsulta “nacionalización” de la Uader. Al igual que con el proyecto del Delta, fue el contundente rechazo de la comunidad lo que terminó frenándolo.

Cualquier debate serio acerca de la nacionalización de la Uader requiere, en primer término, que se concluya su dificultoso y excesivamente largo proceso de normalización, obstaculizado por el Estado Provincial en violación del artículo 269 de la Constitución Provincial que le ordena garantizar su autarquía. Una vez que la Uader defina sus órganos de gobierno, elija sus autoridades y haya fortalecido su institucionalidad, podría ser tiempo de discutir qué universidad queremos o, mejor dicho, qué universidad quieren los diferentes claustros.

Este no es un tema menor, las más recientes nacionalizaciones de universidades provinciales se dieron mediante profundo debate en la comunidad educativa afectada en cada caso. Entonces nos preguntamos, ¿por qué ese avance inconsulto? ¿Y qué fundamentos tenía el planteo defendido por el Estado provincial? La respuesta es obvia y fue expresada por el propio Urribarri: se limita a una cuestión presupuestaria.

Actualmente, según el propio gobernador, la Uader implica para el Estado Provincial una inversión de 350 millones de pesos anuales, una caja demasiado grande que evidentemente el oficialismo no está dispuesto a financiar en tanto no pueda digitarla, como hasta ahora ha venido haciendo, a través de su Rector Interventor.

Ante esta situación vemos una paradoja que no hace más que evidenciar las prioridades del gobierno provincial y su concepto de federalismo. El Ejecutivo eligió resignar la Universidad Autónoma (o posibilitar su desguace) en vez de reclamar los recursos devenidos del 15% de coparticipación que genuinamente le pertenecen a nuestra provincia y que el gobierno nacional adeuda desde diciembre de 2008.

No nos engañemos, la movilización frenó el intento, pero el problema no ha sido solucionado. Por otro lado, una vez más, queda en evidencia el desprecio del oficialismo hacia las instituciones democráticas: no sólo en lo inconsulto del proyecto, sino también con esta vuelta atrás y el penoso papel de los legisladores nacionales como delegados desautorizados por su mandador. Anteriormente, con el escándalo de las tierras fiscales del Delta, fueron los diputados y senadores provinciales del oficialismo quienes se prestaron a resignar su independencia como integrantes del Poder Legislativo, justificando incondicionalmente lo que dicte el Poder Ejecutivo.

¿No será hora de que el oficialismo entrerriano entienda que, como metodología de construcción social, es preferible el diálogo y el consenso por sobre la típica “viveza criolla”?

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