Hace poco más de un año el Consejo Superior Provisorio de la Universidad Autónoma de Entre Ríos aprobó por unanimidad el calendario para desarrollar elecciones en el ámbito de la universidad, y de esa manera culminar el proceso de normalización. Pero, curiosamente, el gobierno provincial interrumpió dicho proceso a fines de octubre de 2011, decidiendo el reemplazo de la rectora, en ese entonces Graciela Mingo, por el actual rector Marino Schneeberger. Mientras la universidad se encuentra transitando el tramo final hacia su efectiva normalización, tras doce años de lucha y a poco más de dos meses de conseguir su plena autonomía cuando la comunidad universitaria elija al rector de la casa de altos estudios, surge un nuevo acontecimiento en el escenario: el proyecto de nacionalización.

Esto no es asunto nuevo, pues el 30 de noviembre de 2011, la entonces senadora nacional Blanca Osuna –ya era intendenta electa de la ciudad de Paraná- presentó ante la Cámara de Senadores un proyecto de ley que buscaba nacionalizar la UADER. Tal hecho no tuvo trascendencia debido a que la legisladora en poco más de una semana abandonaría su banca en el senado. Pero, lejos de convertirse en un polvoriento proyecto de ley archivado, fue tenido en cuenta por la actual senadora nacional del Frente para la Victoria, Elsa Ruiz Díaz, quien siguió trabajando el proyecto en silencio, hasta que el pasado 26 de septiembre la Comisión de Educación y Cultura del Senado de la Nación sentó dictamen favorable sobre el tema.

Desde sus inicios, la tratativa del proyecto estuvo surcada por desprolijidades, y el silencio fue una de las más graves. La comunidad universitaria de UADER se enteró de la suerte de la institución educativa a través de los medios; primeramente quien echó un manto de luz al asunto fue el senador nacional Daniel Filmus, dando a conocer los avances del proyecto en el Senado, mediante su cuenta de Twitter, donde el 26 de septiembre expresó: “Hoy aprobamos en la Comisión de Educación del Senado la creación de la Universidad Nacional de Entre Ríos”, parámetro que nos permite medir lo “entendido” que estaba el senador kirchnerista en lo que refiere al tema. Por estas razones, desde la Juventud del Frente Entrerriano Federal consideramos inaceptable que el debate se haya dado por fuera del seno de la comunidad universitaria de UADER, que debería haber sido el primer sector consultado, siendo los sujetos con mayor conocimiento e injerencia en la materia, pese a lo cual no fueron considerados actores esenciales en el tratamiento del proyecto de ley.

Un argumento, para nada menor, que nos permite realizar otros cuestionamientos al proyecto de ley mediante el cual se plantea crear la Universidad Nacional 'Fermín Chávez' usando las bases de la UADER, es ni más ni menos que el artículo 269 de nuestra Constitución Provincial, el cual garantiza por parte del Estado provincial la “gratuidad y autarquía” de la universidad provincial. Dicho artículo expresa textualmente: “La Universidad Provincial tiene plena autonomía. El Estado garantiza su autarquía y gratuidad e impulsa su articulación pedagógica con los institutos dependientes del Consejo General de Educación”.

Evidentemente, la cuestión de fondo que impulsa el traspaso de la UADER a la jurisdicción nacional sobreviene de la grave situación financiera que atraviesa actualmente la provincia. Según el dictamen aprobado en la Comisión de Educación y Cultura del Senado de la Nación, se garantiza la transferencia de $300.000.000 (trescientos millones de pesos) por parte del Poder Ejecutivo Nacional al Gobierno de la provincia de Entre Ríos durante el primer año, aunque tal monto irá disminuyendo a medida que se complete el traspaso de carreras y programas de la Universidad Autónoma de Entre Ríos a la Universidad Nacional Fermín Chávez. Este último punto demanda nuestra preocupación debido a que se presenta una especie de incertidumbre sobre los siguientes años de financiamiento. Entendemos que una vez que finalice el proceso de nacionalización, la Universidad Nacional Fermín Chávez integrará el círculo de universidades nacionales y en ese ámbito deberá pujar por la parte que le corresponde sobre el presupuesto que destina la Nación al conjunto de universidades de la órbita nacional. Un dato no menor son las declaraciones del Ministro de Educación José Lauritto, en su intento por justificar el proyecto de nacionalización, habló del “funcionamiento de una megaestructura que demanda 300 millones de pesos anuales que hoy aporta la provincia y que, una vez resuelta la nacionalización, estarán a cargo del gobierno central”. Si hablamos de un presupuesto que le demanda 300 millones de pesos a la provincia, y a través del dictamen aprobado en la Comisión de Educación del Senado solo se aseguró ese monto durante el primer año el cual luego irá disminuyendo, estaríamos frente a un faltante de presupuesto para los siguientes años. ¿Quién garantiza el normal funcionamiento y financiamiento de la universidad durante los próximos períodos?

Entendemos la urgencia del gobierno provincial por alivianar los gastos debido a su crisis estructural y de esa manera darle un respiro a las arcas provinciales, pero no estamos de acuerdo en que se ajuste en el ámbito educativo. Suena hasta un tanto hipócrita que desde el gobierno se busque cuidar el presupuesto cediendo a la esfera nacional una universidad que pertenece a todos los entrerrianos, cuando hace poco más de dos meses, desde el mismo oficialismo se negaron a renunciar al Pacto Fiscal y de esa manera recuperar el 15% de la coparticipación federal de impuestos; y peor aún, recorten el presupuesto eductivo pero anuncien la construcción de un estadio único en Paraná. Actitudes muy poco federalistas de dirigentes que no escatiman en pregonar el legado artiguista cada vez que pronuncian sus discursos de ocasión.

Por otro lado, con respeto queremos corregir al actual gobernador Urribarri, quien en pleno desconocimiento aseguró que con la nacionalización de la Uader la misma conseguiría que los títulos de sus carreras pasaran a tener reconocimiento nacional. Le marcamos humildemente al gobernador su grueso error y le recordamos que durante la gestión de 2003 a 2007 de Jorge Busti la totalidad de estas carreras obtuvieron el reconocimiento oficial y la validez nacional otorgada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

No solamente eso, como alguna vez lo recordamos, en 2003 la mayoría de las carreras estaban suspendidas en su tramitación, habiendo fuertes objeciones de la Coneau, quien es responsable de acreditar a las universidades, logrando en 2007 que Uader se constituyese en una casa de altos estudios con títulos con validez nacional y mejoramiento de la calidad académica.

En otro orden, desde el oficialismo intentan justificar el proyecto de nacionalización argumentando que con el pase de la Universidad provincial a la estructura nacional, los docentes y administrativos gozarán de una mejora salarial, pero una cuestión central, que las voces oficialistas parecen haber olvidado considerar, es que al momento de jubilarse los trabajadores perderán el 82% móvil previsto en el sistema jubilatorio provincial, no contemplado en las jubilaciones nacionales.

Como jóvenes estudiantes y trabajadores acompañamos la lucha de la comunidad universitaria frente al avasallamiento de sus intereses, y como peronistas creemos resulta imperioso defender una universidad que congrega a hijos de trabajadores entrerrianos, una institución académica que tiene llegada a varios rincones de la provincia y en caso de concretarse el proyecto de nacionalización deberá igualar su oferta académica y geográfica a la oferta de las universidades nacionales.

Por estos motivos y más, rechazamos este proyecto inconsulto que se manejó de espaldas a los estudiantes, docentes y al pueblo entrerriano en general ¿Acaso ésta es la vocación “dialoguista y autónoma” de la cual se jactaba el oficialismo allá por mayo de este año cuando tres mil estudiantes se congregaron frente a la Casa Gris en plena lucha por lograr la completa autonomía de UADER?

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