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· Internas: entre la posición política y la ley vigente

Más allá de la posición política de la UCR, a favor de las internas cerradas para elegir a los candidatos, lo cierto es que el partido centenario está facultado para modificar la carta orgánica, aunque no pue

Es así que, en rigor, la postura resuelta este sábado por el congreso radical se verá condicionada a que se logre la derogación de la ley o su declaración de inconstitucionalidad en la Justicia.

Así las cosas, la resolución del congreso habilita a la UCR a participar de los comicios para convencionales y prevé la convocatoria a internas para dirimir las listas con “el voto directo de los afiliados” (interna cerrada).

Se agrega que “si la legislación electoral dispusiera obligatoriamente la participación de terceros no afiliados en la elección interna” se ordena a “las autoridades partidarias” a que realicen “todas las acciones políticas y judiciales posibles para impugnar tal indebida intromisión en la vida del partido”.

No obstante, se aclara en la resolución que “de no de prosperar tales impugnaciones” la carta orgánica deberá someterse “a los términos fijados en dicha legislación”.

La redacción, en suma, deja en claro la postura radical a favor de la interna cerrada aunque deja previsto la posibilidad de que deba acatarse la Ley Castrillón si para el momento de las internas no fue derogada o cuestionada por la Justicia.

Mientras tanto, hay quienes hacen una y mil lecturas distintas de la norma en cuestión. Hay quienes intentaron ver que la ley no referiría, expresamente, al modo de elegir convencionales constituyentes, con lo que el problema de la contradicción entre la postura radical y la norma estaría resuelto, al menos para la elección de octubre.

También hubo quienes especularon con ver que, como la ley que declara la necesidad de la reforma se enmarca en la legislación electoral nacional –por cuanto prevé el sistema D’Hont, absolutamente ajeno a las disposiciones entrerrianas- se evitaría el problema ya que las internas abiertas ya fueron derogadas en el orden nacional que regiría para Entre Ríos.

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