Este martes, en Paraná, una movilización de las organizaciones feministas revivió la historia de 10 años del primer “Ni una Menos”.
El documento difundido en la manifestación, que concluyó en Plaza Mansilla, fue un resumido panorama del impacto que a nivel nacional, provincial y local implicó la política de la motosierra aplicada por Javier Milei, agravada por la promoción de los discursos de odio contra las mujeres y las disidencias.
Deterioro en políticas en materia de salud, salud sexual y reproductiva, educación; desaparición de programas de contención a las niñeces, a las mujeres y disidencias; promoción de la denigración del rol social de las mujeres son algunos de los aspectos abordados en el texto que le dijo “fuera” al “fascismo y al FMI”.
Acompañamiento al reclamo docente y a las expresiones de rechazo a la disolución de la obra social Iosper; críticas al gobierno provincial por su alineamiento con el gobierno de Milei; cuestionamientos a las gestiones municipales de Paraná y Concordia en la relación con las organizaciones de cartoneros fueron otros puntos de la declaración pública.
La marcha hizo un recorrido particular. Circuló alrededor de la Plaza 1º de Mayo, fue por Peatonal San Martín con cánticos. En Buenos Aires y La Paz se sumó un grupo de manifestantes con antorchas que encabezó la columna. Un plenario de la Intersindical, que se realizaba en la sede de Agmer Paraná, en calle Laprida suspendió las deliberaciones para aplaudir el paso de la movilización.
Se portaron 86 carteles con los nombres de las víctimas, la edad y las fechas de los femicidios en Entre Ríos, entre 2015 y 2025.
Frente a Casa de Gobierno se dio lectura solo parcialmente al documento que se distribuyó de todos modos en redes sociales y medios de comunicacion. Lo firmaron la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas; la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias, y la Asamblea Antifascista de Paraná.
Declaración
“A 10 años de la primera vez que salimos a las calles a gritar ‘vivas y libres nos queremos queremos’, es necesario y urgente seguir exigiendo Ni una menos. Porque nos están matando (…) por no corresponder al deseo de un otro, por no subordinarnos a vidas de golpes e insultos, por no permitir que quieran transformarnos en esclavas al negarnos autonomía”.
“No hay ‘Ni una menos’, si no cuidan a nuestros gurises y obligan a parir a nuestras gurisas. Nos matan cuando Milei y Frigerio eliminan políticas públicas para la protección de niñas y adolescentes como el Plan ENIA, que logró reducir el embarazo adolescente en un 50%, y permitió que más gurisas sigan yendo a la escuela, continúen sus proyectos de vida y sean menos vulnerables física y emocionalmente en un 60%”.
“Nos matan cuando quitan todo acompañamiento del Estado a nuestras niñeces, adolescencias y juventudes, llevándolas a asumir responsabilidades adultas para llevar un plato de comida a la mesa o cuidar hermanos menores, personas enfermas o ancianas; o peor, siendo delivery de los narcos en nuestra ciudad. Nos matan cuando nos niegan una política educativa integral, inclusiva y con base científica como la ESI, queriendo suplantarla por una ley de Educación Emocional que no reconoce la diversidad y busca disciplinar y oprimir las emociones e identidades de nuestras gurisas y gurises. En Argentina el 80% de niños, niñas y adolescentes que denunciaron abuso sexual, lo hicieron después de tener una clase de ESI en la escuela”.
“Nos matan cuando ignoran la ley IVE, de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Milei quitó la medicación necesaria para realizar las interrupciones. También desarmó el circuito de alerta para derivaciones fuera de la provincia y no realiza ningún asesoramiento ni capacitación en este sentido, tal cual lo dicta la ley. El gobierno provincial es cómplice”.
“No hay Ni una menos sin emergencia en violencia. Nos matan cuando no declaran la emergencia provincial y nacional por violencia de género. Desde que el presidente dio de baja 13 programas nacionales de prevención en violencia de género que permitían desarrollar programas de protección, abordaje y de acompañamiento en este contexto gravísimo. Este gobierno desguazó todo lo vinculado a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. La desidia es una política de Estado, y en ese contexto las mujeres y disidencias somos las más perjudicadas”.
“No hay ni una menos sin políticas de Estado que acompañen. Nos matan cuando Frigerio nos cierra la puerta de los hogares que antes eran un refugio para nosotras y nuestros gurises, cuando tenemos que salir con lo puesto de la vivienda en la que convivimos con un violento. Ya ni siquiera podemos llamar al 144 para que nos asesoren, porque Milei nos quitó también esta herramienta. La única certeza de acompañamiento que tenemos son nuestras redes sororas, pero con eso no alcanza”.
“No hay Ni una menos si somos invisibles o blancos del odio en medios y redes sociales. Nos matan cuando nos silencian, invisibilizan o ningunean. Cuando promueven el odio hacia nosotras y nosotres dejando que en las noticias en las que aparecemos nos insulten con comentarios misóginos, prejuiciosos y xenófobos en nombre de la libertad de expresión. Algunos medios de comunicación y periodistas convalidan esos discursos, dándoles aire sin confrontarlos, sin contrastar datos y sin nombrarlos como lo que son: mentiras y odio, son cómplices de la escalada de violencia misógina y lgbtiqodiante. Exigimos que los medios de comunicación tengan un posicionamiento claro y ético respecto a estas expresiones”.
Violencia
Se remarca en el documento que en 2024, 12.800 niñas y mujeres fueron víctimas de violencia de género en Entre Ríos y más de la mitad tenía vínculo con el agresor: “El 80 por ciento de las denuncias indican que la violencia ocurre en el hogar, afectando también la vida de 55.000 niños, niñas y adolescentes. Dicen protegernos, con botones antipánico que no podemos apretar mientras dormimos. La justicia dice protegernos, con prohibiciones de acercamiento que no se cumplen, mientras soportamos amenazas de violencia. Dicen protegernos, pero el sistema de emergencias idóneo para estas problemáticas está colapsado o es inexistente”, se denunció.
Se cuestionó que el Poder Judicial “se niegue a capacitarse en género” y a recurrir al nuevo Régimen de Prevención, Asistencia y Protección de la Violencia por Razones de Género, “una ley adaptada a nuestra realidad que fue escrita con la sangre de Fátima Acevedo”. “Se niegan a implementar la Ley Micaela, minimizando esta herramienta de educación popular y eximiendo a los altos cargos jerárquicos de organismos públicos de darle impulso y seguimiento. Entre Ríos ocupa el alarmante tercer lugar en el ranking argentino de funcionarios denunciados por violencia de género”, se cuestionó.
Se repudió la presencia en Entre Ríos de Úrsula Basset. “Llega a nuestra ciudad de la mano de la jueza entrerriana Susana Medina. Esta abogada y funcionaria de primera línea de la Cancillería, acciona contra los derechos de las mujeres disidencias sexuales y los temas de protección ambiental; y se ha manifestado públicamente contra las leyes de Matrimonio Igualitario e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y la Jueza Medina no tiene problema en subirse a la agenda contra los derechos humanos para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la mano del presidente Milei”, se cuestionó.
También se apuntó a la Justicia al marcar que hay que “rogar por la cuota alimentaria”. “Nos matan cuando la Justicia nos abandona, haciéndonos peregrinar por las instituciones para rogar que los padres cumplan con su deber y dejen de negarle el alimento a nuestros hijos, hijas e hijes. Quedamos relegadas a criar en soledad y desde la intemperie, sin alimentos, sin acceso a la salud, sin gas, con angustia y miedo. Pero no es cuestión de esfuerzo solamente, necesitamos padres presentes que se hagan cargo de su paternidad y un Estado que no mire para otros lado cuando se borran y nos dejan maternando solas”, se expresó.
Agenda gremial
El documento se manifestó en favor de la defensa de la Educación pública. Y en este marco, cuestionaron los “ataques constantes a la docencia, a nuestras organizaciones sindicales que sufren la persecución, represión y crueldad frente a la pobreza de millones y la vulnerabilidad presente en cada lugar”. “El Consejo General de Educación de Frigerio sostiene las dinámicas de apriete, (haciendo sumarios, cargas personalizadas, negando licencias, liquidando mal nuestros salarios todos los meses, negando el pase a planta de 52.800 horas, demorando las auditorías médicas; y todo esto sin cumplir la paritaria docente, el aporte de los jubilados al sistema previsional, el pago inconstitucional de montos en negro como el FOPID, el relevamiento que se despliega solo para los días de paro, la no resolución sistemática de los problemas urgentes del sistema educativo, la falencia total de democracia en los cuerpos colegiados del CGE) y ahora suma las prohibiciones de las asambleas en los lugares de trabajo y de la práctica sindical en los establecimientos escolares, demostrando de forma concreta que ajusta, recorta, limita y refuerza cotidianamente la práctica antisindical”, se cuestionó.
“No hay Ni una menos si el sistema laboral nos expulsa”, denunció el documento y advirtió acerca del crecimiento de la desocupación, del trabajo no registrado y la falta de cumplimiento del cupo laboral trans. “Somos invisibles para las estadísticas. Nos matan cuando nos invisibilizan. La Encuesta Permanente de Hogares sigue utilizando un sistema binario, sin reflejar la situación de las diversidades”, se advirtió.
“No hay Ni una menos si nos persiguen por reclamar nuestros derechos. Cuando no reconocen el trabajo de reciclar la basura, gozando del derecho a vivir en un ambiente saludable. Nuestras compañeras cartoneras son perseguidas, criminalizadas y judicializadas por la intendenta Rosario Romero, solo por reclamar lo que les corresponde por derecho. De igual forma, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, mandó a desalojar, de forma ilegal y violenta, a las y los compañeros cartoneros de esa ciudad, dejándolos sin su fuente de trabajo. La protesta y el trabajo no son delito”, se señaló.
El texto repudió la represión sistemática a los jubilados que reclaman un haber digno. Además, cuestionó la disolución del Iosper que se promueve por ley “rompiendo el sistema solidario (…) bajo la premisa del cambio y acusaciones de corrupción”. Fijó posición el documento, también en apoyo a las personas con discapacidad y se reclamó por el reconocimiento y pago digno a quienes cuidan. Las falencias en las políticas en materia de salud mental también estuvieron presentes en el documento: “Entre Ríos tiene la tasa más alta de suicidios a edades cada vez más tempranas; y un sistema de emergencias que no llega a atender la enorme demanda, vulnerando los derechos de niñeces y juventudes. La política de Milei y Frigerio viene siendo vaciar, desacreditar y cerrar; y vuelven a formas arcaicas y deshumanizantes de entender el malestar y la salud. Exigimos un plan de acción que proteja la Ley Nacional de Salud Mental y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que disponga el presupuesto acorde”.
Fuente: Página Política
