El intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna, viene de mal en peor. Este fin de semana debió enfrentar críticas de diferentes sectores políticos y, sobre todo, los vinculados a Derechos Humanos por el escandaloso discurso negacionista del ex intendente Jorge Moreyra Ghiglione, en el acto oficial del 24 de marzo, lo que generó que familiares de víctimas del terrorismo de Estado se retiraran del acto y provoque una reacción del gobierno provincial.
El juez subrogante del Juzgado de Transición y Garantías de Nogoyá Juan Pablo Orlandi resolvió homologar un acuerdo de juicio abreviado en una denuncia por peculado culposo que alcanzó a funcionarios de la Municipalidad de Nogoyá.
La sentencia determinó que Marcelo Ramón Barreto y Gustavo Gabriel Aga fueran condenados a pagar una multa de 444.311,60 pesos, en seis cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 74.051,93 pesos cada una. Además fueron sentenciados a inhabilitación especial para el ejercicio de funciones públicas que impliquen la administración, percepción o custodia de caudales o efectos públicos por el término de un año y medio.
Carina Rita del Carmen Gómez, en tanto, fue condenada a pagar una multa de 222.155,80 pesos en seis cuotas de 37.025,96 cada una e inhabilitación para las mismas funciones por un año y medio. En el acuerdo los imputados renunciaron a los plazos procesales para interponer recursos.
Barreto es secretario de Gobierno, Aga es tesorero de la Municipalidad y Gómez, subsecretaria de Desarrollo Social. Todos fueron condenados por el delito de incumplimiento de sus deberes por “la sustracción de dinero y bienes del erario público, cuya administración y manejo les había sido confiada en razón de sus cargos, por un importe total aproximado de 464.900 pesos y 61 bolsones de mercadería que contenían comestibles de primera necesidad tales como yerba, azúcar, arroz, fideo, puré de tomate, aceite, cacao, leche y harina”, determinó la Justicia.
Lo cierto es que el radical Cavagna corrió a los funcionarios que ocupaban lugares en la primera línea de su gabinete, para ubicarlos en otros espacios de menos visibilidad y manejo de recursos.
La reacción del PRO local no se hizo esperar y emitió un comunicado: “Como partido republicano que somos, defendemos la división de poderes y la independencia de los mismos entre sí. En tal sentido y el Poder Judicial dictado sentencia condenatoria, la misma debe ser totalmente acatada y respetada por el Ejecutivo local”.
Y sigue: “En virtud de las banderas de la honestidad, ética en el ejercicio de la función pública que siempre hemos defendido, y además contando en nuestro espacio con dirigentes que proponen ‘la ficha limpia’ para ocupar candidaturas, consideramos que ningún funcionario que haya sido condenado por un delito en el marco del desempeño en su función puede ni debe continuar dentro de la órbita municipal”.
Fuente: Página Política
