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Aborto: la Justicia se defiende de la Iglesia

“Los jueces deben someterse a la ley. Y la ley dice que no es punible el aborto realizado por médico diplomado a una mujer discapacitada embarazada producto de una violación”, señaló el titular del Superior Tri

Y pidió tolerancia en las manifestaciones públicas, y en clara referencia a sectores católicos reclamó abstenerse de “confrontar postulados religiosos que son absolutos, con principios jurídicos que siempre son relativos”.

La Justicia provincial salió a defender su actuación en el tratamiento del pedido de aborto formulado por la madre de una joven discapacitada violada. La intervención fue autorizada tras un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) tras una disputa judicial, mas debido a la objeción de conciencia de los médicos de Entre Ríos, se efectuó en un hospital de Mar del Plata.

Los principales cuestionamientos hacia la Justicia provinieron desde la Iglesia Católica. En un pronunciamiento durísimo, el Secretariado Nacional de la Familia del Episcopado Argentino calificó de “prevaricato” el fallo del STJ que habilitó el camino del aborto. “Fundar un fallo en una falsedad es un delito. Se llama prevaricato”, y planteó la posibilidad de la “destitución” de los jueces que firmaron ese “fallo inicuo”, según la Conferencia Episcopal Argentina.

“Los magistrados entrerrianos no ordenaron ni autorizaron el aborto de la menor discapacitada que había sido violada. No corresponde hacerlo. El Poder Judicial no tiene por qué intervenir en un caso que ya está claramente previsto en el Código Penal Argentino”, dijo el titular del STJ, Daniel Omar Carubia, en directa alusión a aquellas críticas.

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La historia de MFC, la joven discapacitada violada cuya madre, Marta Gauna, acudió al Hospital San Roque a mediados de agosto para solicitar que se le practicara la interrupción del embarazo, generó una repercusión pública que hasta tomó parte en el asunto el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

Su intervención, una vez que la Justicia dijo que no había impedimento legal para practicar el aborto, permitió llevar a la joven a una maternidad de la provincia de Buenos Aires, donde en septiembre se realizó la intervención para el aborto.

Pero antes de eso, el caso mereció la apertura de dos causas paralelas: una en manos del juez de Instrucción Ricardo Bonazzola por la violación; y otra en el Juzgado de Menores de Claudia Salomón por el pedido de aborto. Y fue la Sala II del STJ la que ratificó la constitucionalidad del artículo 86 del Código Penal, que define los abortos no punibles, y destacó que no se requiere autorización judicial para realizarlos cuando se trate de una discapacitada.

El fallo, firmado por los jueces Juan Carlos Ardoy, Emilio Castrillón y Leonor Pañeda, ratificó que “no es necesaria autorización alguna” para la concreción de un aborto no punible, contemplado en los supuestos definidos en el artículo 86 del Código Penal, esto es, cuando corre riesgo la salud o la vida de la mujer o “el embarazo es producto de una violación o un atentado al pudor a una mujer idiota o demente”.

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Como aquella sentencia desató una andanada de críticas —el Foro de la Familia hizo un acto frente a Tribunales para repudiar el fallo, con el rezo del Padrenuestro de rodillas— ahora el STJ salió a fijar posición. “Los jueces deben someterse a la ley. Y la ley dice que no es punible el aborto realizado por médico diplomado a una mujer discapacitada embarazada producto de una violación”, aseveró.

Y aclaró: “Los magistrados entrerrianos no ordenaron ni autorizaron el aborto de la menor discapacitada que había sido violada. No corresponde hacerlo. El Poder Judicial no tiene por qué intervenir en un caso que ya está claramente previsto en el Código Penal Argentino”. Aunque el alto cuerpo reconoció que voces de “distinto origen y tenor se han alzado para reprobar públicamente” el pronunciamiento judicial.

“Dicho fallo dice que el Código Penal establece que no merece castigo o reproche penal, el aborto practicado por un médico a solicitud de la representante legal de una menor discapacitada que quedó embarazada como producto de una violación —agrega—. Dada pues la normativa vigente, no corresponde que el Poder Judicial se expida en casos concretos y bien tipificados, como el que se ha presentado por primera vez en los Tribunales provinciales, y en el que en consecuencia, sólo cabe aplicar sin más, la ley que así lo establece”.

“En este contexto, y considerando que está fuera de lugar el tenor de algunas de las críticas que desde distintos ámbitos de la sociedad se han formulado, y pudiendo constituir ello en sí mismo un delito”, el titular del STJ llamó a la “cordura y a la conciencia democrática para que los pronunciamientos públicos que a este respecto se realicen, se los efectúe con total responsabilidad y en el marco de tolerancia que merece, absteniéndose de confrontar postulados religiosos que son absolutos, con principios jurídicos que siempre son relativos”.

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