El Centro de Estudios Para el Desarrollo Social de Concordia (Cedesco) firmó un documento en el que desmiente el comunicado realizado por el Obispado de Concordia y el Centro Comercial e Industrial, afirmando que es “perfectamente viable la declaración administrativa de nulidad del acuerdo que motivara el reclamo policial de comienzos de diciembre pasado”.

La entidad, que preside el abogado Eduardo Asueta, es un grupo de jóvenes profesionales y dirigentes políticos y gremiales que trabaja en “políticas públicas para Concordia.

El texto cuenta con ocho puntos donde denuncian que “los policías rebeldes han infringido una regla básica del orden democrático, que coloca a las fuerzas de seguridad bajo la autoridad del poder político dramáticamente constituido”, entre otras cosas:

1) Que durante los sucesos del 8 y 9 de diciembre pasado, los policías rebeldes han infringido una regla básica del orden democrático, que coloca a las fuerzas de seguridad bajo la autoridad del poder político democraticamente constituido.

2) Que somos plenamente conscientes y compartimos la cuestión en torno al atraso salarial pre-existente al conflicto, y de la necesidad de profesionalizar el servicio policial, pero igualmente estamos plenamente conscientes de que esa situación no autorizaba, ni remotamente, a desobedecer a la autoridad democraticamente constituida, al abandono palmario del servicio de seguridad, ni a haber alterado el orden democrático en nuestra provincia.

3) Que el Gobierno de la Provincia le corresponde crear y desarrollar nuevas vías institucionales de absorción de los reclamos del personal policial, que garanticen la permanencia inexcusable del servicio de seguridad, y logren la representatividad de todo el personal policial.

4) Que en Entre Ríos, al igual que en la gran mayoría de las provincias, se encuentra pendiente un proceso de democratizacion de las fuerzas de seguridad, con eje en una mayor eficiencia del servicio publico de seguridad.

5) Que todos los análisis, planteos, propuestas y soluciones que se realicen como consecuencia de este conflicto, deben hacerse en clave democrática, es decir, anteponiendo la defensa y desarrollo del sistema democrático, de cara al futuro del pueblo entrerriano.

6) Que es un deber de demócratas apoyar la declaración de nulidad del acuerdo arribado mediante extorsión el pasado 9 de diciembre.

7) Que esa nulidad es de tipo administrativa, y que en consecuencia están dadas las condiciones de hecho y derecho para poder sancionarla a través de la misma administración publica, sin necesidad de tramitar un proceso judicial.

8) Que las conductas de los policías rebeldes deben ser investigadas y juzgadas con total profundidad legal, en términos penales y administrativos.

Asueta afirmó que “claramente no compartimos lo manifestado por el Obispado y por el Cics y creemos que hay una confusión al respecto. Una cosa son las nulidades civiles que requieren sanción del Poder Judicial, pero muy diferente son las nulidades administrativas que pueden ser sancionadas por la misma administración, en tanto estén dadas las condiciones para ello. Y en este caso las condiciones son muy claras, de hecho las hemos sufrido todos los concordienses”, concluyó.