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Agmer apeló el fallo de la jueza López Arango

El Plenario de Secretarios Generales acató la petición aunque señaló que esta decisión de la magistrada “no resuelve en lo más mínimo el conflicto educativo en la provincia de Entre Ríos,

La asesora legal de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Verónica Fischbach, informó que el martes el gremio apeló el fallo de la jueza Laboral Número 3 de Paraná, María Gabriela López Arango donde se ordenaba el levantamiento de la medida de fuerza.

No obstante, el Plenario de Secretarios Generales acató la petición aunque señaló que esta decisión de la magistrada “no resuelve en lo más mínimo el conflicto educativo en la provincia de Entre Ríos, muy por el contrario, lo agrava”.

“Tres horas después de la notificación” se apeló el fallo de la jueza López Arango, contó la dirigente. Al mismo tiempo, se reunió el Plenario de Secretarios Generales del gremio que, en su declaración, sostiene que “una vez más, la Justicia le da la espalda a los trabajadores”, según informó Apf.

Concretamente, el Plenario declaró, ante la decisión de la magistrada:

1. La responsabilidad indelegable del Estado provincial de garantizar el ejercicio pleno del derecho social de la educación en condiciones dignas e igualitarias, cuestión que fue reconocida en el Fallo pero sin embargo, no se condenó al Estado al cumplimiento de ninguna de sus obligaciones incumplidas.

2. Este fallo judicial no resuelve en lo más mínimo el conflicto educativo en la provincia de Entre Ríos, muy por el contrario, lo agrava en cuanto no tiene como destinatario a los verdaderos responsables de la ausencia de una política educativa y de la inversión necesaria que permita dar una salida a la crisis de la escuela Pública entrerriana.

Por el contrario golpea a los trabajadores en su legítimo derecho constitucional a la huelga intentando cercenar una de las expresiones de lucha más cara a los sentimientos del movimiento obrero organizado. Para los trabajadores de la educación no hay colisión entre el derecho a la educación de nuestros niños y el derecho a la huelga de los trabajadores, ambos deben ser garantizados por el Estado.

3. Ante el incumplimiento estatal, los trabajadores de la educación nos vemos obligados a impulsar acciones en defensa de la Escuela Pública que integralmente reclame mejoras de nuestras condiciones laborales y salariales, condiciones edilicias dignas de enseñanza y aprendizaje, los dos ejes más sensibles que hoy tiene el conflicto educativo.

4. Por que somos respetuosos del Estado de derecho, porque nos costó muchos años de lucha y compañeros muertos restaurar la democracia en nuestro país y por que seguiremos luchando por una institución judicial justa, soberana e independiente.

5. Convocar al Congreso Extraordinario para el día jueves 23 para resolver las acciones que le den continuidad a la lucha que dignamente llevamos a cabo el colectivo de la docencia entrerriana.

6. No será con fallos judiciales que frenarán la decisión y el compromiso de los docentes a continuar con las demandas que consideramos justas y legítimas sino con respuestas de mayor inversión educativa que dignifique salarialmente a los trabajadores de la educación y mejore las condiciones de infraestructura, higiene y seguridad de nuestras escuelas.

7. Este fallo judicial se suma a un escenario configurado por el gobierno provincial de amenazas, aprietes, descuentos, castigos, que no se merecen quienes han sostenido durante años con su esfuerzo la educación entrerriana.

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