“Radiografía de un enfermo grave” fue el título de una nota publicada este domingo en El Diario en la cual se publican detalles de la situación de la planta de trabajadores municipales y los contratos. Aquí, la nota difundida ampliamente en redes sociales y medios de comunicación:
Paraná tiene el raro privilegio de saber que (a valores de noviembre de 2011) tiene comprometidos el 90% de sus ingresos en el pago de haberes de los 6.696 agentes que revistaban en la municipalidad a esa fecha; hablando en plata: de los 438 millones de ingresos disponibles por todo concepto que tuvo la ciudad durante el año pasado, 393 millones deben ser destinados a pago de sueldos.
Hay que señalar que de los empleados de planta permanente en el municipio capital de la provincia, el 99% revista en las categorías 16 a 24 (las más altas) y obviamente sólo el 1% entre la 1 y la 15, las iniciales del desmadrado escalafón y que, por ejemplo, los contratos de obra crecieron en los dos últimos años 420% sumando 12,7 millones de pesos.
Personal y contratos
Para intentar hacer el relato, penoso por lo grave, hay que pararse en algunos ejes básicos que permiten abordarlo de forma racional. El primero de ellos es el rubro personal, con claras características: conducta irresponsable, discrecionalidad a la hora de fijar remuneraciones y ruptura escalafonaria.
El primer dato que sale a flote para hablar de irresponsabilidad, fundamentalmente política, es la secuencia que determina que en los dos últimos años de gestión la Municipalidad incrementó el 33% la cantidad de personas que cumplen tareas en la administración, casi en forma coincidente con el proceso electoral que finalizó en octubre de 2011.
Hay detalles que son delatores sobre la conducta de quienes ocupaban el Departamento Ejecutivo; la ordenanza 8.949/2011 (presupuestaria) facultó al ex intendente Halle a incrementar los Contratos de Servicio con el fin de “regularizar” la situación de los Contratos de Obra existentes; la instantánea del final de ciclo permitió saber que en realidad el instrumento se utilizó para multiplicar por siete la cifra de Contratos de Servicio y al mismo tiempo formular 1.100 nuevos Contratos de Obra para totalizar 1.849 contrataciones a fin de gestión.
El ítem de la discrecionalidad para definir remuneraciones también se puede ver analizando las contrataciones de la última parte de la gestión Halle: entre personal de planta y contratos de servicio los montos pagados por adicionales subieron (siempre hablando de los dos últimos años) un 241%. En el mismo lapso los Contratos de Obra (aquellos que se debía regularizar) crecieron en su monto 420 %. La serie de estos últimos habla por sí sola: en 2009: 3,727 millones; en 2010; 8,468 millones; en 2011: 12,692 millones.
Connivencia política y gremial
Llega el momento de incorporar a esta receta ingredientes imprescindibles para lograr este despropósito, porque esta metodología –en realidad un modus operandi– necesitaba de dos soportes específicos, la intervención de (al menos) un funcionario político y la admisión por parte del gremio municipal Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipal (Suoyem) convertido en juez y parte en cada caso. Han sido públicas denuncias de trabajadores que aseguran que de las sumas percibidas por tareas y adicionales, han tenido que dejar parte en el camino, señalando al gremio pero no eximiendo al funcionariado que era partícipe necesario de la operatoria.
Por imperio de esta serie de inequidades se produjo la ruptura del escalafón municipal, algo así como la carrera administrativa del municipio. La metodología aplicada indica que por cada año de antigüedad el empleado “sube” una categoría hasta la 20, las restantes cada tres años; lo hace en forma ascendente desde la 1 hasta la 24, sin embargo es curioso observar cómo está hoy la composición a partir de la historia reciente.
En el año 2009, los agentes que revistaban en las categorías 1 a 15 comprendían el 33% de la planta, el resto, 67% en categorías de 16 a 24, la foto de la actualidad muestra que el 99% de los empleados municipales revistan en categorías de la 16 a 24 y sólo un modesto 1% obviamente está entre la 1 y la 15.
La actual administración, en las pocas horas de ejercicio que lleva, pretende como uno de sus ejes la recuperación de la autoridad en el ámbito natural de aplicación; sin embargo revolviendo algunos papeles se conocieron dos decretos de la gestión Halle con pases masivos de contratados a planta del municipio, que rompen con todos los criterios de racionalidad administrativa y que actúan en detrimento del mérito, la antigüedad e idoneidad de empleados de carrera.
Pasivos
Aparece como consecuencia de la sumatoria un nuevo elemento: el costo instalado de la administración municipal o dicho de otro modo, tener hipotecado el futuro en base al enorme compromiso de la masa salarial en función de los ingresos genuinos. Se supone que cuando votamos una lista partidaria delegamos en ellos la administración que haría cualquiera de nosotros en su hogar o su ámbito; la Municipalidad de Paraná no es el caso, la sana administración no pasó nunca por su vereda entre el 2007 y el 2011.
Es así que anualizando los importes pagados por el municipio en noviembre de 2011, el gasto salarial para 2012 sería de 393 millones, cuando los ingresos anuales han sido de 453 millones que incluyen 18 millones del Fondo Solidario (soja) que tienen fines específicos, por lo que el compromiso salarial asciende al 90% de los recursos y con el resto la Municipalidad tiene que prestar servicio, hacer obra pública, tapar los baches, organizar el tránsito, reparar luces, fomentar la cultura y los etcéteras que se le ocurran al lector.
Cimientos
En los primeros 30 días de gestión se ha pretendido solamente utilizar las vías administrativas y de previsión que eran la figurita difícil de la precedente. Hay un detalle, no menor, que es el uso de la vía de excepción para realizar compras de insumos que debieran ser parte del stock básico de un municipio: cloro, alimentos, combustible, frazadas, por citar los más groseros. Al ser usada la vía de excepción en forma corriente, esta le da “agilidad” al mecanismo de compras, pero no garantiza conseguir “buenos precios” al municipio y reduce el “control” al funcionario y los empleados de área que las efectúan. En la primera licitación realizada para la compra de insumos, cloro en este caso, el municipio estaría haciendo un ahorro de 100.000 pesos en comparación con las compras directas por vías de excepción que se venían haciendo; la sospecha del retorno está instalada y el terreno judicial está a un paso en cada acto administrativo que se revisa. Hay que hacer una última salvedad ya que hay dos decretos municipales que no aparecen aunque los responsables no pierden la esperanza de encontrarlos, están relacionados –cuándo no– con el rubro personal.
Discrecionalidad, irresponsabilidad, connivencia, falta de transparencia, inconsistencia, ineptitud, ausencia de control, imprevisión, corrupción: ¿cuál es el vocablo que muestra cabalmente lo que pasó en la Municipalidad de Paraná en los últimos cuatro años?
Pasados los primeros 30 días de la nueva gestión, también de evaluación y análisis, salen a la luz detalles escabrosos de un gran engaño construido a partir de una asociación –la política y el gremialismo– de conductas y procederes compatibles al delito, en desmedro de una comunidad que sigue esperando respuestas.
Discrecionalidad a la carta
Un agente percibió en septiembre de 2011 por su Contrato de Obra 800 pesos y por Reconocimiento de Tareas Especiales 3.795 pesos; no es el único caso. El Ejecutivo y el gremio Suoyem autorizaban. Según las denuncias por casos como éste, el trabajador debía retornar una suma indefinida para seguir revistando como contratado.
Gambeta política
En el mes de septiembre de 2011 a un agente que tenía un Contrato de Servicio se lo designa en Planta Permanente y en el mismo acto administrativo se lo nombra Subdirector con Categoría 23, la segunda en remuneración. Hay decenas de casos similares.ç
Imprevisión
Al asumir las nuevas autoridades había combustible para dos días, cloro en pequeña cantidad, no había alimentos para abastecer la red de instituciones que asiste el municipio. Este entramado implica pagar mayores costos, la ausencia de controles básicos y la posibilidad de que funcionarios hayan obtenido retornos.
