Se ha escrito y dicho mucho respecto de las causas que tiene pendientes José Allende por distintos delitos contra la administración pública. La nota recurrente es que tramitan con pie de plomo en la Justicia, que no hay avances, que se suspenden plazos, que no pasa nada.
El legislador eterno, sentado en una banca desde 1999, figura en expedientes polvorientos que hablan de enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles, desvíos de fondos. También por amenazas contra periodistas. Nada avanza al punto de molestarlo demasiado.
Esta vez fue bien distinto. La agresión verbal contra la ministra de Salud, Sonia Velázquez, motivó otra denuncia, ahora por un delito menos sofisticado por decirlo de algún modo. La decisión de ir a Tribunales la hizo saber la propia funcionaria a través de las redes sociales el sábado pasado.
Y la Justicia ya dio el primer paso, disponiendo esa medida precautoria: el juez de Garantías Nº 4, Mauricio Mayer, le impuso a Allende, medidas restrictivas por el plazo de 90 días bajo apercibimiento de que su incumplimiento podría dar lugar al inicio de una causa penal -otra- por desobediencia judicial.
Concretamente, según informó Análisis, se le prohibió el acercamiento a la ministra en “un radio inferior a los 200 metros de su vivienda y a cualquier lugar público o privado en que la misma se encuentre”.
Lo cierto esta medida judicial –tan de rutina para la Justicia para proteger a una mujer ante la violencia de género imperante– cobra esta vez un potente sentido político. Esta vez tuvo por destinatario al intocable diputado, secretario General de UPCN, machista consuetudinario.
Lo cierto es que en los próximos 90 días, con un calendario electoral acelerado desde que el gobernador expuso su vocación reeleccionista, habrá actos de gestión, y seguramente también actos de campaña en los que no podrá estar Allende si es que la ministra Velázquez sigue teniendo el lugar relevante que tiene en la vida política entrerriana.
Quien sabe. Esta vez sí hubo un movimiento de la Justicia contra Allende. Seguramente se sumaron varios factores para que suceda: 1) el delito en cuestión que requiere celeridad en la intervención; 2) el hecho de que la denunciante sea una ministra, una mujer; 3) la reacción rápida del movimiento feminista que ha sido protagonista del calendario 2018; 4) la reacción del número 2 del Ejecutivo, el vicegobernador Adán Bahl, repudiando la agresión.
Quien sabe. Tal vez no es cierto que 20 años no son nada, si se pasan sentado en una banca. Tal vez le llegó la noche a Allende en el molde siempre cambiante en el que busca su forma el peronismo. Allende, que hasta ahora está lejos del banquillo, anda sin embargo midiendo cuántos son 200 metros y cuántos son 90 días para no volver a errar.
