La diputada nacional del radicalismo, Gabriela Lena, presentó un proyecto de resolución con la firma de algunos de sus pares, entre otros Atilio Benedetti, para pedir que se cite el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, ante la Cámara baja. También Benedetti firmó el proyecto.
Se le pide al funcionario que dé explicaciones respecto de la medida de control de precios (Resolución 1050/21) que fija precios máximos hasta el 7 de enero.
Lena manifestó su preocupación por la decisión de Feletti de imponer a las empresas el “aumento” en la producción de algunos productos, lo que consideró una medida “intrusiva” a la que asoció con políticas de la dictadura militar.
La diputada puso en la balanza: “Si bien el Gobierno Nacional debe garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo, resultando un interés prioritario asegurar el acceso sin restricciones a los bienes básicos, no lo puede hacer violando la propiedad privada, el derecho a ejercer el comercio y la libertad de comerciar”, opinó Lena que consideró necesario “armonizar” ambos aspectos.
“Las leyes de abastecimiento pertenecen en general a épocas de dictadura, en donde estaban suspendidos los derechos constitucionales”, comparó Lena que consideró necesario “utilizar otro tipo de herramientas” como “los acuerdos de precios entre productores, organizaciones de consumidores y Estado o la reducción de impuestos a los bienes de consumo”.
El artículo 2 de la Resolución 1050, que impugna Lena, dice textualmente: “Requiérase a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización de los productos (listados en un anexo) a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de la presente medida”.
Dijo que este punto “obliga a las empresas productoras a aumentar la producción de los productos incluidos en el listado”. En su opinión “esta decisión, además de excesiva e intrusiva, es claramente perjudicial para las empresas, ya que muchas de ellas se encuentran con problemas de suministros, problemas en las cadenas de producción o directamente con costos que las obliga a trabajar a pérdida, lo que sería directamente inconstitucional. Ninguna empresa puede ser obligada a trabajar a pérdidas sin verse afectado su patrimonio y la propiedad privada”.
Además de Lena y Benedetti, firman el proyecto los diputados nacionales Carolina Castets, Julio Sahad, Alfredo Schiavoni, Carlos Fernández, José Luis Riccardo y Federico Zamarbide.
Fuente: Página Política
