Luego de conocerse la resolución que destituyó a la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche; la vicegobernadora Laura Stratta y los senadores oficialistas menos Armando Gay que integró el Jurado de Enjuiciamiento; emitieron un documento que se publica a continuación.
Frente a la intención de falsear la verdad que demuestran distintos sectores, sostenemos que en Entre Ríos no existe ninguna crisis institucional, sino la vigencia plena de las leyes y la necesaria igualdad de los ciudadanos ante la ley.
La abogada Cecilia Goyeneche fue condenada por un Jury de Enjuiciamiento que tiene rango constitucional, y que se formó para analizar su conducta, dado que a la fiscal no la podía investigar su propio equipo de trabajo, como ella pretendía. Eso sí hubiera sido una situación de parcialidad en favor suyo.
Queda claro además que la condena del Jury a la fiscal no fue por investigar al ex gobernador Sergio Urribarri como se sostiene falseando los hechos. Goyeneche fue destituida por tener lazos comerciales y de amistad con un imputado en otra causa que ella estaba investigando, y por no haberse apartado de la misma como debió haberlo hecho. Y además de eso, por mentir sobre ese vínculo, con el objetivo de seguir al frente de esa causa.
Es indudable que hay sectores que festejan el accionar judicial cuando los fallos los favorecen, y cuando estos no son lo que esperaban, no dudan en denunciar un supuesto acuerdo entre el poder político y los miembros del Poder Judicial. Esa no es una situación novedosa, pero si nos causa sorpresa cómo en este caso se sostiene un hecho falso para atacar la resolución del Jury.
En el mismo sentido rechazamos las afirmaciones que intentan descalificar la participación de vocales del Superior Tribunal de Justicia. En Entre Ríos los integrantes de este alto tribunal son propuestos por el Poder Ejecutivo, pero para ser designados deben contar con el acuerdo del Senado, que se pronuncia tras analizar sus antecedentes y examinarlos en una audiencia pública.
En el caso de la vocal Gisela Schumacher -a quien Goyeneche cuestiona diciendo que fue designada para votar en su contra-, hay que recordar que la Cámara de Senadores prestó Acuerdo Constitucional por unanimidad para su designación. Es decir, todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo con su nombramiento. También es necesario recordar que no se registró ninguna impugnación a su pliego.
Vale señalar que ese cumplimiento de los pasos previstos en la legislación, que constituye una obligación de quienes desempeñan cargos públicos, parece no ser tan relevante para el Ministerio Público Fiscal que comandaba Goyeneche, ya que varios integrantes ocupan cargos producto de designaciones interinas de prolongada extensión.
Pero por sobre todas las cosas, queremos señalar que en Entre Ríos todos los fallos dictados en casos de delitos contra el Estado provincial han sido respetados, ya sea que se recaigan sobre funcionarios del oficialismo o de la oposición. La postura del gobierno provincial es acatar los fallos y no discutirlos en los medios de comunicación.
Firman: las senadoras Claudia Gieco, Nancy Miranda, Ester González y Flavia Maidana; senadores Mauricio Santa Cruz, Jorge Maradey, Daniel Olano, Amilcar Genre Bert, Juan Carlos Kloss, Marcelo Berthet, Horacio Amavet y Adrián Fuertes, y la vicegobernadora Laura Stratta.
Fuente: Página Política
