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ATE quiere una reforma del Estado

El gremio de los estatales planteó en la reunión con el gobernador Sergio Urribarri que es “indispensable” una reforma del Estado “consensuada con los trabajadores” que permita desburocratizar la administraci&oac

La reunión que representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) mantuvo el viernes con el Gobernador no se limitó a acordar una agenda que se acote a la discusión salarial y a las últimas modificaciones, poco felices, del Régimen Jurídico Básico. En esa ocasión, los estatales le entregaron a Urribarri un documento en el que dejan explícito una serie de reformas en torno al manejo y funcionamiento de algunas reparticiones del Estado.

“Consideramos indispensable llevar a cabo una reforma del Estado consensuada con los trabajadores, que tienda a desburocratizarlo, haciéndolo más justo y eficiente para los intereses populares”. Con esa frase comienza el texto en el que se apuntó el apartado “Reforma del Estado”.

Los cambios para evitar la burocratización en el funcionamiento estatal, los estatales propusieron entre otras medidas “crear una asesoría legal centralizada en la búsqueda de una eficacia que incluya soluciones políticas, que entre otras cosas y no menos importante, evite gastos por honorarios perdidos”.

Democratizar organismos “reformando su composición, como el Directorio de Caja Jubilaciones” y en Educación “incorporar (un) vocal gremial representante de los auxiliares de la educación, de igual manera en minoridad” son otros de los puntos que figuran en el documento publicado en sitio www.ateentrerios.org.ar

“Las representaciones sociales y de trabajadores deben ser con mandatos revocables por parte de lo mismos trabajadores o sectores que los elijan”, recomendaron los trabajadores.

Asimismo, plantearon como prioritario “interrelacionar las tareas de las direcciones del Registro de la Propiedad, de Catastro, Rentas y Personas Jurídicas, para hacer más eficiente la percepción de impuestos” y también la creación del fuero Tributario en la Justicia provincial.

Hicieron hincapié también en la revisión del sistema de administración delegada en obras públicas “logrando un mínimo de inversión por los administradores” y a su vez implementar recursos no tributarios como el fondo de transporte, de trabajo, de fomento minero, etc.

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ATE también manifestó la necesidad de que se realice una remisión diaria de la coparticipación a municipios, que actualmente se concreta durante tres ocasiones al mes.

En otro orden, el gremio sugirió la creación de un “organismo participativo que centralice la definición de políticas para el desarrollo” y la realización de un relevamiento y utilización de propiedades por herencia vacante para “acotar alquileres” que paga el Estado.

Señalaron, además, la necesidad de reglamentar las audiencias públicas, la publicidad de la gestión de intereses, reuniones abiertas en entes reguladores, acceso a la información pública, acceso libre y gratuito al Boletín Oficial. Actualmente, el Estado sólo tiene dos decretos de acceso a la información pública: uno en el ámbito del Ejecutivo (1169/05) y otro en la Cámara de Diputados (58/07) y el Boletín Oficial tiene una edición en Internet con irregular actualización, con normas dictadas hace meses y sin su transcripción literal, en el caso de decretos. No está regulada la gestión de intereses (acción de lobbystas privados frente a autoridades públicas) y el Ente Regulador de la Energía sigue intervenido.

También aludieron a que se debe “respetar la Ley en los aspectos que hacen a los requisitos establecidos en la misma en cuanto a los antecedentes de los funcionarios”, desterrando las figuras como interventor o delegado normalizador.

Los trabajadores del Estado recomendaron también que se canalicen subsidios y gastos sociales “por las áreas correspondientes; consensuado además con el Poder Legislativo la eliminación de estos gastos por parte de ambas cámaras”.

Y manifestaron como necesario “limitar la cantidad de asesores, guardando una relación proporcional adecuada con el personal de planta” y una reducción del personal político “dando la asignación de responsabilidades de decisión a personal de planta permanente”.

NNAADe la Redacción de Página PolíticaNNCC

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