Adán Bahl presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia vial por 24 meses en todo el trazado de la Red Vial Nacional en Entre Ríos, ante el grave deterioro de las rutas y la ausencia de respuestas concretas frente a una situación que calificó como “insostenible”.
“La situación es crítica. No podemos naturalizar el abandono de las rutas nacionales en Entre Ríos. Estamos hablando de vidas humanas y de la competitividad de una provincia que produce y trabaja”, afirmó el senador nacional por el PJ, esta vez, sin hacer mención al gobernador Rogelio Frigerio, aliado de Javier Milei.
La iniciativa establece la adopción urgente de medidas para garantizar condiciones mínimas de seguridad y transitabilidad, incluyendo tareas de conservación, reparación de infraestructura básica, mejoras en señalización y la intervención inmediata en corredores estratégicos para la producción y el turismo.
El proyecto instruye a la Dirección Nacional de Vialidad –17° Distrito Entre Ríos– a elaborar en un plazo de quince días un Plan de Emergencia Vial específico para la provincia, que deberá comenzar a ejecutarse dentro de los treinta días administrativos posteriores a su presentación. El plan deberá incluir un relevamiento integral del estado de las rutas, la identificación de medidas urgentes, la priorización de tramos esenciales y un esquema de seguimiento público de las obras.
Bahl remarcó que Entre Ríos cumple un rol estratégico en la integración regional y en los corredores del Mercosur, por lo que el deterioro de sus rutas no sólo afecta a la provincia sino a todo el sistema productivo nacional.
En ese marco, el senador hizo referencia a lo expresado por el Gobernador ante la Asamblea Legislativa, cuando reconoció el impacto que genera la paralización de la obra pública nacional en la provincia. “Si el diagnóstico es compartido y se admite que la paralización de la obra pública está afectando gravemente a Entre Ríos, entonces no alcanza con describir el problema. Hace falta asumir una posición firme y exigir soluciones concretas al gobierno nacional”, sostuvo.
Y agregó: “No se puede señalar el deterioro de la infraestructura y, al mismo tiempo, acompañar decisiones que recortan o paralizan la inversión pública. Los entrerrianos necesitan coherencia y gestión, no solo declaraciones”.
En las últimas horas, la presidenta de la Cámara de la Construcción, Laura Hereñú, realizó un duro diagnóstico del desarrollo de la obra pública en la provincia, cuando aseguró que el volumen es “mínimo” y dijo que lo que se está haciendo “es como pasarle membrana al techo para que no se llueva”.
El proyecto prevé además instancias de articulación con el gobierno provincial y los municipios, y la obligación de presentar informes trimestrales al Congreso de la Nación, al Poder Ejecutivo provincial y a la Legislatura entrerriana, con carácter público. Además faculta al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar su cumplimiento.
“No se trata de una discusión partidaria. Se trata de defender a Entre Ríos. Cuando el Estado se retira de la obra pública, las consecuencias no son abstractas: se traducen en accidentes, en costos logísticos más altos y en menos oportunidades para nuestra gente”, concluyó Bahl.
Fuente: Página Política
