Corre por los pasillos de los tribuales y de Casa de Gobierno. No surgió de un rumor, sino de la boca del propio protagonista. Jorge Amílcar Luciano García ha dicho, en distintos ámbitos, que no tiene mucho más tiempo al frente del Ministerio Público Fiscal. Posiblemente este año o en los primeros meses del año que viene estaría afuera de la conducción del organismo que preside. “Abril del año que viene”, sentenció ante Página Judicial un legislador de Cambiemos que lo escuchó al procurador anunciar su pronta salida.
García es hoy el funcionario más importante del Poder Judicial. Es quien patrocina la acción penal en el territorio provincial. Su paso al costado debe enmarcarse en los aires que corren a nivel nacional. Alejandra Gils Carbó se fue de la Procuración General de la Nación sin chistar. Acá sucedería algo similar.
El procurador se irá en el medio de un torbellino que entrelaza a la Justicia con el poder político con una ola de procesos que tiene a ex funcionarios imputados y cuyos juicios se empezarán a elevar en los próximos meses. No es que García no quiera estar para cuando esto suceda, por el contrario será la salida decorosa de un hombre que estuvo cerca de la política. En su despedida podrá decir que aplicó en su totalidad el nuevo sistema acusatorio y que elevó causas de interés público en los que están implicados funcionarios y ex funcionarios. No es poco. En este sitio y durante mucho tiempo se dio cuenta crítica y acabadamente de la cercanía de García con algunos hombres de peso con despacho en Casa de Gobierno, por caso Julio Rodríguez Signes.
El titular del Ministerio Público Fiscal ha dejado de tener el sostén de algunos alfiles mediáticos con los que contó durante buena parte de la era en que Sergio Urribarri gobernó la provincia. Ahora se multiplican las voces para cuestionarlo con o sin argumentos, la libertad de expresión invita. Este fenómeno también tiene que ver con los nuevos vientos republicanos que, por un lado cuestionan a García por haber criticado la corrupción de Mauricio Macri y; por el otro, hacen silencio ante lo ocurrido con jueza laboral Viviana Murawnik, que se mostró en su perfil de Facebook con la boleta de Cambiemos.
El Poder Ejecutivo tiene, ahora, una operadora judicial. Se trata de Rosario Romero, a quien también en esta página se ha describió como una persona de buena relación con sectores del Poder Judicial. La ministra de Gobierno, en rigor su esposo José Carlos Halle, fue quien propuso a García para la Procuración General durante el gobierno de Jorge Busti.
Se espera, entonces, que la ministra tenga una opinión de peso cuando Gustavo Bordet deba designar al nuevo procurador. Pero esa presunción habría que ponerla en un paréntesis. A Romero se le endilga haber fogoneado algunos procesos en contra del ex gobernador. Cerca del presidente de la Cámara de Diputados están que trinan. El enojo no es con el Ejecutivo, sino sólo con la funcionaria.
En Casa de Gobierno no tienen hoy un nombre para reemplazar a García. En tribunales algunos sugieren el nombre de la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche. Lo ven como algo natural que la segunda asuma, más aun por haber concursado en el Consejo de la Magistratura y con altos promedios. Pero no sólo de tecnicismo y dogmática debe dotarse quien ocupe ese cargo, sino también se requiere de la capacidad de leer la realidad apartado de los cánones que puede establecer un código y dar una opinión por fuera de un dictamen. Se es un presidente de un organismo público. García firmó una declaración en apoyo al juez federal Daniel Rafecas en respuesta a una solicitada publicada en los diarios Clarín y La Nación donde se pedía la destitución del magistrado por desestimar la denuncia del fiscal Alberto Nisman. Para sentar una posición de éstas características se necesita, también, una formación política.
