El juicio a Sergio Urribarri y compañía está entrando en la etapa final, pero entrega pocas novedades en estos días turbulentos hacia el interior del palacio de tribunales.
En esa abulia se presentó a prestar declaración indagatoria el empresario Germán Esteban Buffa, titular de Global Means SA, dedicada a la gestión de publicidad en distintos medios de comunicación, y señalado en otra causa como testaferro del ex ministro Pedro Báez. “Si soy testaferro, lo soy sin bienes”, dijo en un momento de su declaración. “Solo tengo una moto y una camioneta”, agregó.
Buffa dijo que la relación que mantuvo con Báez fue siempre por su actividad laboral y que no tuvieron ningún tipo de vinculación personal: “No entiendo por qué me quieren vincular con el ex ministro de alguna forma”, se quejó. No mencionó a Urribarri.
Urribarri y Báez están acusados de haber direccionado a favor de Global Means la contratación directa de dos avisos publicitarios, que debían publicarse en los meses de agosto y septiembre de 2011 en el periódico Diario Agroempresario, y por los cuales se pagaron 118.000 pesos. Lo que dice la acusación es que para concretar la contratación se sortearon los mecanismos legales vigentes, pactando con una empresa que al emitirse la orden de publicidad no existía legalmente, no estaba inscripta en el registro provincial de medios ni cumplía con los requisitos para estarlo.
Buffa hizo un repaso de su derrotero laboral, desde que se fue de su Rosario del Tala natal a estudiar a Buenos Aires hasta que ingresó a trabajar en la Secretaría de Agricultura de la Nación, en la década del noventa. También relató su vinculación con medios de comunicación orientados al sector productivo que luego, ya convertido en intermediario de publicidad, ofreció a Báez para la promoción de acciones de gobierno.
En rigor, el empresario dijo haber conocido a Báez a través de la esposa del ex ministro, Sofía Riquelme, que era socia de una empresa a la que Buffa asesoraba como contador. La empresa en cuestión es Innova Turismo SRL, inscripta en 2011 y que tenía como socios a Riquelme, María Anastasia Keuchguerian y José Horacio Bechara, que luego sería titular de la tarjeta Sidecreer. La esposa del ministro llegó a tener una tarjeta azul para conducir un vehículo registrado a nombre de Global Means SA, aunque Buffa dijo que lo había hecho “por una cuestión humanitaria” y a raíz de “una urgencia”. E insistió en que no había ningún tipo de vinculación más allá de lo laboral.
Respecto de la imputación, concretamente, dijo que “el Diario Agroempresario es importante en el sector”, que se obtenía solo a través del sistema de suscripción y que tenía una tirada de ¡60.000 ejemplares por mes! “En julio de 2011 le presenté a la Dirección General de Información Pública una propuesta y se emitió una orden de publicidad para hacer dos publicaciones mensuales de dos avisos de media página por 118.000 pesos”, explicó el empresario que también regenteó una pizzería en Paraná.
La propuesta fue presentada por Buffa en su condición de monotributista, según dijo, pero luego la orden de publicidad se emitió a nombre de Global Means, una empresa que estaba en vías crear “en el ímpetu por generar una oportunidad de negocios”. Eso lo atribuyó a “errores administrativos” de su parte y también de la administración pública; pero dijo que luego se corrigió el error, pero en lugar de presentar una nueva propuesta, solo se cambió la denominación.
Global Means se constituyó como sociedad anónima a partir del 15 de agosto de 2011 y registró el alta ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a partir de octubre de 2011; la misma fecha que se consignó en las constancias de inscripción ante la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) como de inicio de actividades. Además, registró su inscripción en el registro provincial de medios –requisito ineludible para ser tenida en cuenta para las contrataciones de publicidad– el 1 de noviembre. La propuesta estaba fechada el 15 de julio, pero la orden de publicidad que autorizó la contratación tiene fecha del 1 de julio de 2011.
A pesar de estos “errores administrativos”, Buffa dijo que “la publicación se hizo en tiempo y forma y fue certificada” a través de la presentación de los ejemplares del diario donde constaba la publicación de los avisos contratados.
Su comisión, según dijo, fue de 2.500 pesos por aviso, es decir, un total de 10.000 pesos e incluso tuvo que descontar impuestos. “Fue una comisión ínfima porque la importancia que le veía era entrar a ofrecer esos medios para generar otra oportunidad, otro negocio en los medios”, explicó.
Fuente: Página Política
