Cuatro integrantes del bloque de senadores provinciales de Cambiemos, Roque Ferrari, Raymundo Kisser, Beltrán Lora y Miguel Piana, se reunieron con el presidente del Tribunal de Cuentas, Federico Tomas y el contador de ese organismo, José Miranda, para tratar el proyecto de ley que ingresó en la última sesión de la Cámara de Senadores y por el que se pretende regular las contrataciones de alta significación económica.
Según informaron desde el bloque, tras un extenso intercambio de opiniones, los senadores dejaron en claro su “sorpresa” frente al análisis que se hizo del proyecto, ya que “lo que se busca es eludir los controles necesarios y que hacen a la transparencia de la administración del Estado”.
Después de escuchar la opinión del doctor Tomas y del contador Miranda, “quedó claro que se busca minimizar el contralor preventivo del Tribunal de Cuentas en toda contratación de alta significación económica”, afirmaron los senadores en un comunicado enviado a Página Política.
Entre los puntos del proyecto que cuestionan los senadores se destacan: “en el artículo 2º prácticamente no queda ninguna contratación del Estado bajo control preventivo, en los términos que lo establece el art. 213 de la Constitución Provincial”. En rigor, es el artículo 1º el que define las contrataciones que se consideran “de alta significación económica”. Son aquellas “derivadas de programas y/o proyectos que se atiendan en su totalidad con financiamiento de los Organismos Internacionales de Crédito”, las que se financien “en su totalidad con recursos provenientes de créditos otorgados a la Provincia por la Nación” y las que “no cuenten con la Partida Presupuestaria correspondiente para su atención en el presupuesto del año en que se ejecuten”.
Objeciones
Ante esos principios que estipula el proyecto del Ejecutivo, en Cambiemos consideran que “es muy difícil que exista un programa o proyecto que en su totalidad sea financiado por organismos internacionales de crédito, porque siempre el Estado Provincial algo tiene que aportar, y con ello ya quedaría esa contratación fuera del control preventivo del Tribunal de Cuentas”.
“Lo propio ocurre con los programas o proyectos que tengan financiación exclusiva de la Nación. Bien es sabido que la provincia siempre algo tiene que aportar, y si aporta, ya desaparecería ese control preventivo del Tribunal de Cuentas. Entonces los dos primeros incisos del proyectado art. 2º no tendrían operatividad”, advirtieron los senadores.
Califican como “un absurdo” el último tipo de contrataciones previstas (las que no cuenten con la partida presupuestaria correspondiente). “Eso es imposible. Se está legislando sobre algo que en la práctica, y también legalmente, es inexistente”, afirman Ferrari, Kisser, Lora y Piana.
Los legisladores radicales y macristas advirtieron que “por un lado el gobernador, mediante el Decreto 820/17, derogó la acordada 284 del Tribunal de Cuentas, para que éste no pueda ejercer el control como lo venía haciendo desde el año 2016, y por otro, ahora presentó un proyecto de ley donde el control preventivo del Tribunal de Cuentas sería una ilusión, sin aplicación o vigencia práctica”.
“Lógicamente que el bloque de Senadores, en estos términos no acompañará el proyecto presentado. Propondrá modificaciones sustanciales, a los efectos de que guarde, esa ley, similitud con lo que fue y es la Acordada 284 del Tribunal de Cuentas, la que, por cierto, cumplía en gran medida con lo que establece el art. 213 de la Constitución Provincial”, concluyen los senadores.
