Enersa es una de las empresas más importantes del Estado entrerriano. Hace unos meses quedó en el ojo de la tormenta por una olla que se destapó y parece no tener profundidad a la vista. La tapa la levantó la jueza federal Sandra Arroyo Salgado a instancia de una empresa de seguridad internacional, como es Securitas, que interpuso una denuncia. El pago de sobornos a empresarios locales para llevar adelante ese servicio en la empresa de energía es la punta del iceberg.
Por esa investigación se determinó que, en esta primera etapa, la empresa Tornell de los hermanos Claudio Raúl Tortul y Marcelo Javier Tortul y Daniel Eduardo Carbonell obraron de mala fe al haber, supuestamente, pagado coimas millonarias para retener contratos en organismos públicos. También por la emisión de facturas truchas, evasión y lavado de activos.
En esa madeja judicial que lleva adelante la jueza de San Isidro también imputó a Marcelo Morales, gerente legal de la empresa de energía; y al ex gerente general Juan Carlos Pimentel, representante en el directorio por el Sindicato de Luz y Fuerza.
El 4 de diciembre pasado, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, decretó la falta de méritos para Morales y Pimentel, según el fallo al que tuvo acceso Página Política.
Por estas horas circula la versión de que estos dos hombres, importantes en el esquema de decisiones de Enersa y que habían pedido licencia tras ser imputados, quedarían afuera de sus cargos.
Luego de los allanamientos de abril que terminaron en la apertura de causa, las nuevas autoridades de la empresa de energía se vieron obligadas a dar un volantazo en la administración y en las licitaciones. La seguridad quedó en manos de una UTE (unidad transitoria de empresas) integrada por la local Sentry Srl en un proceso licitatorio que -reconocen hombres del sector-fue transparente.
El Ejecutivo puso un hombre de confianza en el directorio de Enersa: el ministro del Gobierno, Manuel Troncoso, en carácter de vicepresidente.
Se vienen más cambios en la estructura de la empresa de energía, pero están guardados bajo siete llaves. Lo mismo sucederá en el Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos (EPRE), un organismo creado al calor de las privatizaciones de los ‘90, que en este caso tenía como función controlar a la entonces Edeersa. La función del EPRE, que también fija la tarifa, bien podría ser absorbida por la Secretaría de Energía de la provincia. En enero se conocerán las reformas.
Fuente: Página Política
