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Candidatos fijan posición ante aborto y muerte digna

Salud, derechos humanos, límites jurídicos y de conciencia son los temas abordados. Si votarían la despenalización del aborto o avalarían una regulación de la muerte digna se les preguntó a los candida

Ante la consulta de El Diario, los candidatos de las diez fuerzas políticas respondieron a una serie de inquietudes vinculadas con la salud pero que también atraviesan aspectos relevantes como los derechos humanos, los alcances del Estado para regular la vida privada, el derecho penal y cuestiones de conciencia.

Es el caso de las siguientes preguntas: 1) ¿Deben incluirse en la prestación médica obligatoria los tratamientos ante problemas de fertilidad?; 2) ¿Aprobaría una norma que despenalice el aborto?; 3) ¿Votaría una norma que refiera a la muerte digna?

Ante la primera pregunta, fue unánime la posición a favor de que las obras sociales atiendan a estos costosísimos tratamientos, posturas fundadas en la inequidad que implica que hoy sólo puedan acceder a los mismos quienes cuenten con los recursos necesarios. También votaría de modo favorable el candidato del PPR aunque puso reparos a toda práctica que implique “manipulación de embriones”.

Vida y derechos

Saliva (PRO) respondió con un “no” rotundo, y sin explicaciones, a las preguntas por la despenalización del aborto y la legislación para regular la muerte digna.

“Estamos a favor de la vida”, dijo por su parte Benedetti (ACyS) que se limitó a explicar que “sin prejuicios ni demagogias” será parte del debate en el Congreso “con seriedad y profundidad” de estos temas, de modo tal de lograr “un equilibrio razonable” entre los valores de “la mayoría de nuestros ciudadanos y los derechos individuales”.

La consigna de organizaciones feministas —“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”— fue la respuesta de Haddad (PS) para enmarcar su idea. “Los socialistas somos autores de proyectos en el sentido de ampliar la despenalización del aborto prevista hoy en el Código Penal”, afirmó. Respecto de “muerte digna” consideró necesario abrir el debate que involucra “las convicciones más íntimas de las personas”. “En nuestra opinión nadie puede impedir, por sus creencias, el derecho de los otros a vivir y morir dignamente”, enfatizó.

Maya (FPD) fijó posición contraria. También Aldaz, del Paufe, y Andrili, del PPR. Y Pasqualini añadió que, respecto del aborto, es “imposible abrir la discusión ya que debiéramos, primero, reformar la Constitución Nacional” cuando recepta el Pacto de San José de Costa Rica que alude al derecho a la vida.

La ex convencional, por otro lado, consideró inapropiado de una ley abordar el tema de muerte digna por cuanto implica “situaciones a analizar individual y concretamente”. Gelfo (MST) e Iparraguirre (FSyPHC) coincidieron en manifestarse a favor de despenalizar el aborto y votarían una norma que aluda a la muerte digna.

Tras contemplar la situación de una mujer violada, a la que no debiera penarse por la práctica del aborto, Barrandeguy (FJE) consideró que no podría irse más allá por el Pacto de San José con rango constitucional en la Argentina. Además, enmarcó su pensamiento, en tanto ex convencional, en el artículo de la Constitución provincial que consagró el derecho “a la vida desde la concepción y hasta la muerte digna”.

Desarrollo económico y medio ambiente

La intervención del Estado en los mercados, el desarrollo económico y el cuidado del medioambiente, las políticas redistributivas o la presión fiscal, según se mire, son algunas de las definiciones que surgen de los candidatos.

Así sucede cuando se los consulta por las posibilidades de ponerle coto a la siembra de soja o respecto de la regulación de los daños de la actividad minera y la posibilidad de aplicar retenciones.

Saliva, por ejemplo, prefiere, más que limitar una actividad como la soja, promover políticas “que hagan que otros cultivos tengan la misma rentabilidad”.
Benedetti prometió la promoción de “reglas de juego claras y políticas de desarrollo que alienten la rentabilidad de otros cultivos” a fin de romper con “el monocultivo” por el que responsabilizó a “la política cortoplacista” de la era Kirchner.

Haddad coincidió en optar por la promoción de otros cultivos en cambio de una política coercitiva. Pero llamó la atención sobre “el verdadero problema” que vendría de la mano de “la concentración” por lo cual dio cuenta del impulso a la Ley de Arrendamientos, por parte del socialismo, a fin de discutir la tenencia y el uso de la tierra.

Pasqualini apuntó a la atribución de la provincia en materia de regulación del impacto ambiental de cualquier tipo y, en este sentido, la ex convencional destacó lo incorporado a la Carta Magna entrerriana al respecto. Dijo, como regla de base, estar en contra de las retenciones a cualquier tipo de actividad económica, salvo en casos de emergencia económica como la que se planteó en 2002.

Gelfo avalaría un marco regulatorio a la siembra de soja que “pone en peligro nuestra soberanía alimentaria al quitar tierra para otras producciones”.

Con relación a la actividad minera, la candidata del MST enfatizó: “Las minas deben nacionalizarse”, dijo para cuestionar, luego, la fuga de capitales, los impuestos que no pagan las empresas, la falta de control a la extracción.

“Votaría todo lo que implique la protección ambiental en un pacto de convivencia entre la explotación racional de los recursos y la protección ambiental”, condicionó Maya que promueve una reforma tributaria que haga pie en fortalecer la recaudación por Impuesto a las Ganancias.

Iparraguirre puso el acento en la regulación de la actividad sojera respecto de los usos de agroquímicos con “consecuencias gravísimas, la muerte de niños, las deformaciones, las enfermedades cancerígenas”.

En igual sentido se expresó Barrandeguy, del FJE, que consideró urgente la investigación del uso de estos pesticidas. “Si se comprueba, como se ha dicho, que el glifosato afecta al embrión, no hay dudas de que hay que prohibirlo sin más”,

Los entrevistados

1) Armando Saliva. Candidato a diputado nacional en primer término pro Unión PRO.
2) Atilio Benedetti. Candidato en primer término del Acuerdo Cívico y Social (ACyS)
3) Flavia Pasqualini. Segunda en la lista que encabeza Augusto Alasino de Viva Entre Ríos (VER).

4) Héctor Maya. Primero en la lista del Frente Popular Disidente (FPD).
5) José Iparraguirre. Encabeza la nómina del Frente Social y Popular Humanista y Comunista (FSyPHC).

6) Raúl Barrandeguy. Candidato en primer lugar del Frente Justicialista Entrerriano (FJE).

7) Ricardo Andrili. Primero en la boleta del Partido Popular de la Reconstrucción (PPR).

8) Pablo Aldaz. Candidato en primer lugar del Partido Unidad Federalista (Paufe).
9) Claudia Gelfo. Segunda en la nómina que encabeza Gabriel Geist del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

10) Marcelo Haddad. Primero en la boleta del Partido Socialista (PS).

La persecución penal al consumo de drogas

—¿Votaría un proyecto de despenalización del consumo de drogas?
—Saliva: No

—Benedetti: El problema no es quién consume si no por qué y quién hace de esa necesidad un negocio.

—Haddad: Me inclino por la positiva, basado en el Art. 19 de la Constitución, que protege “las acciones privadas que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero”.

—Pasqualini: Debiéramos ponernos de acuerdo en qué consideramos “droga”. Si droga es todo aquello que provoca adicciones, no hablamos solamente de marihuana y cocaína por ejemplo, hablamos de cigarrillos, alcohol, apuestas y muchas otras más. Por supuesto, de las del primer grupo, tampoco podemos generalizar: una cosa es fumar marihuana, otra muy distinta es paco, éxtasis, cocaína, anfetaminas.

—Gelfo: Sí. Este sistema, asfixia, acorrala y ahoga a nuestros jóvenes sin ofrecerles una salida y luego cuando realizan alguna acción que no es considerada dentro de los cánones sociales, además los castiga. Deben ser penalizados los narcotraficantes.
—Maya: Hoy no está penada.

—Iparraguirre: Si. Es un derecho de los adultos decidir sobre su salud y su integridad física. El principal flagelo son las organizaciones de narcotráfico. Esta medida debe ir acompañada por una legislación que contemple la prohibición de consumo para menores de edad, el control de calidad por parte del Estado, la difusión masiva sobre los riesgos para la salud.

—Aldaz: No

—Andrili: Hay que apuntar a las causas. Lo importante es ver a la víctima del consumo, ver vías de recuperación y apuntar a los tipos que trafican. No lo despenalizaría al consumo pero apuntaría al verdadero problema.

—Barrandeguy: Desperdiciar esfuerzos cuando hay que perseguir el narcotráfico, cuando los recursos son mínimos es un despropósito. Despenalizaría el consumo en dosis mínimas. Porque además hay un compromiso con una visión antropológica que lo hace al hombre dueño de su destino.

Luz Alcain, para El Diario

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