La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), en la persona de su director ejecutivo, Marcelo Casaretto, se presentó ante la Justicia para ampliar la denuncia penal, que recayera en el Juzgado de Instrucción N° 6, a cargo de Marina Barbagelata.
La ampliación se produce en virtud de la detección de compensaciones de créditos y deudas realizadas sobre 141 contribuyentes por impuestos adeudados que “preliminarmente no cuentan con el correspondiente respaldo documental y corresponden al período 2008-2011”, se informó desde el organismo recaudador.
La presentación se realizó en el marco del expediente “Casaretto, Marcelo Pablo – Director Ejecutivo de ATER S/ Su Denuncia”. Con esta nueva presentación se investigará la gestión de Guillermo Linesky, ex titular de lo que fue la DGR durante esos años
“En la causa sustanciada a partir de la documental incorporada y con la información relativa a los contribuyentes a cuyo favor se habrían simulado fraudulentamente operaciones de compensación tributaria en el período 2012-2014, en fecha 23/06/2014 se formuló el requerimiento de instrucción formal valorando que existen elementos de prueba serios y suficientes tendientes a tener por acreditados las denuncias, de lo que surge prima facie la realización de conductas jurídico-penalmente relevantes”, dice el texto difundido por Casaretto.
En la denuncia formulada se informó sobre las irregularidades cometidas en el período comprendido entre el 1º de enero de 2012 y el 4 de junio de 2014, mientras tanto continuaron las tareas investigativas en el seno interno de la ATER sobre períodos anteriores. Del análisis de los reportes elaborados por parte de la Dirección de Sistemas Informáticos de la ATER, se observa preliminarmente la existencia de compensaciones de créditos y deudas realizadas sobre contribuyentes por impuestos adeudados que no cuentan con el correspondiente respaldo documental, en concreto, con la resolución del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas que autorizan dichas compensaciones.
La modalidad involucraría a 141 contribuyentes de distintas localidades de la provincia que se habrían visto beneficiados por la carga de compensaciones sin respaldo documental, realizadas en connivencia por los agentes involucrados de la administradora. Se trata de fondos millonarios que no habrían ingresado al erario público, ni se corresponderían con créditos de proveedores del Estado debidamente acreditados.
Según la propia auditoría de ATER (que se eleva a la Justicia), la suma total de los importes ingresados por operaciones de compensación simuladas en el período comprendido entre el 01/01/2008 y el 31/12/2011, asciende a 21.148.850,20 pesos, de los cuales se utilizaron para cancelar obligaciones tributarias de los contribuyentes 20.601.773,55 pesos.
