Los senadores evaluarán al polémico juez interino, Raúl Tomaselli, que pretende titularizar el cargo que ocupa en del Juzgado de Familia, Civil y Penal de Menores N° 1 de Concordia. El magistrado fue quien actuó en el caso de la nena de 11 años abusada y embarazada y que, ante la judicialización de la causa y luego el arrepentimiento de la madre, se continuó con el embarazo. La mujer, en representación de la menor, había solicitado a médicos y luego al magistrado que su hija quería impedir el avance del embarazo, como lo permite el Código Penal.
Ante la audiencia pública que se desarrollará en el Senado, desde las organizaciones sociales que confluyen en el Conders, divulgaron la nota presentada ante los legisladores en las que rechazan su designación. (Ver abajo en documento adjunto). En el mismo comunicado dan a conocer las direcciones de mails de los legisladores para que cualquier ciudadano “firme la nota” y adhiera a la impugnación. (Ver direcciones en nota complementaria)
La campaña en que invitan “a escribirles a los senadores para que no aprueben dicho pliego” dicen hacerlo en el marco del “derecho constitucional de peticionar ante las autoridades”.
“El abogado Tomaselli, como juez Interino, vulneró los derechos de la niña de 11 años violada y embarazada al judicializar el caso y permitir que tomara estado público, incumpliendo el artículo 86 y el 119 del Código Penal Nacional. Además de incontables convenciones y pactos internacionales, leyes nacionales y la propia Constitución Provincial”, insistieron en un comunicado.
En otro tramo, recordaron que la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdo no aceptó la impugnación al pliego presentada por las distintas organizaciones argumentando que “por una hora fue presentada fuera de término”.
“El Juez interino Tomaselli y los senadores estaban al tanto del plazo para las impugnaciones mientras ocurría y se difundía el caso de la niña. Obviamente Tomaselli, no quiso, no pudo y no supo cumplir con la ley vigente especulando con el vencimiento del plazo y que no se presentara ninguna impugnación en tiempo y forma”, aseguran.
Para la militantes “los senadores, a pesar de la abundante y explicita fundamentación jurídica y legal, privilegiaron los 60 minutos, lo técnico – administrativo para no tenerla en cuenta”.
