La suerte de Héctor Alanis es una permanente reformulación de fechas y tribunales. Pasaron 17 años para que finalmente el expediente Nº5451 “Alanis, Héctor Alberto; RE, Humberto Carlos Antonio; Crettón Pereyra, José Maximiliano; Alanis, Maximiliano S/ Peculado” llegue a juicio oral.
El debate que debe enfrentar el ex vicegobernador por el supuesto desvío millonario de fondos en el seno del Senado entre 1995 y 1999 estaba fijado entre el 17 y 31 de octubre del año pasado, es decir en el medio de las elecciones legislativas, pero el cronograma fue modificado y se había pospuesto para los días entre el 12 y el 26 de febrero. Así lo dispuso el tribunal integrado por Ricardo Bonazzola, Humberto Franchi y Mariela Garbarino.
Finalmente los días de debate se volvieron a modificar. Ahora se realizará entre el 15 y el 28. El tribunal, por corrimientos y siguiendo el libro de subrogaciones, también se modificó. Al ex presidente del Senado –según supo Página Judicial – lo juzgará la Sala Segunda de la Cámara Primera del Crimen de Paraná integrada por Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Rafael Cotorruelo.
La lista de testigos cuenta con personalidades conocidas en el ámbito político. Algunos en carrera y otros ya no tanto. En la nómina a la que tuvo acceso Página Judicial se inscriben el senador nacional Pedro Guastavino; los ex senadores justicialistas Luis Leissa, Carlos Daud; el condenado ex senador peronista Mario Yedro; los ex senadores radicales Lucio Angelino, Jorge Krenz y Roque Londra. También el ex presidente del Tribunal de Cuentas Hugo Molina; y el actual vocal de ese organismo José Luis Gea Sánchez. El intendente de Seguí, Cristina Treppo, también fue convocado.
La lista se completa con Miguel Angel Bernuchi, Luis Emilio Ramos, Horacio Alfredo Larrivey, Beatriz María Julia Pedrazzoli, Irupé María Cáceres de Rodríguez, Alicia María Rosetti de Conti, Tomás Ismael Espindóla, Eduardo Marcelo Rudi, Rubén Honorio Zoff, Hernán Javier Díaz, Marta Aurora Pérez, Jorge Antonio Cuesta, Gustavo Eduardo Salles, Hugo Faustino Acosta, Néstor Enrique Bellmann Eguiguren, Jorge Raúl García, Miguel Francisco Escales, Roberto Luis Tabeni, , Julio Walter Marmol, Jorge Enrique Krenz, Oscar Katz, Ricardo Pianovi, José Carlos Scelzi, Daniel Grunewald , Héctor Hugo Ceballos, Hugo Faustino Carlos Acosta, Carlos Matteoda, Daniel Garrido, Juan Carlos Cavallaro, Roberto Tabeni, Juan Angel Redruello, Esteban Ariel Monge y María de los Milagros Cáceres de Colobig.
Modus operandi
El desvío de fondos millonarios en plena gestión de Jorge Busti se había convertido en la estafa más grave de los últimos 20 años cometida en el Estado.
El robo fue denunciado por la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en diciembre de 2000. En su presentación, el organismo que luego en la tercera gestión Busti decretó su muerte para crear la deslucida Oficina Anticorrupción, sostuvo que a partir de la existencia de dos programas presupuestarios separados –el denominado Programa 17, a cargo de Crettón Pereyra; y el Programa 18, responsabilidad de Maximiliano Alanis– se “realizaron maniobras consistentes, principalmente, en la sustracción de fondos públicos de todos los canales administrativos, contables y renditivos de la partida correspondiente”, por una suma que durante 1999 habría alcanzado a los 5,9 millones de pesos/dólares.
También hubo un manejo irregular de otros 5,2 millones de pesos/dólares que les fueron transferidos por la Tesorería General de la Provincia para el pago de Servicios No Personales, pero que habrían sido utilizados para el pago de contratos de personal, “a pesar de que falta la documentación respaldatoria de la utilización de dichos fondos en el supuesto pago de contratos no quedando, por lo tanto, justificada”. Tampoco existía la individualización de los contratos y los de los titulares, hecho que impedía “establecer los importes correspondientes a cada uno”.
La denuncia, que primeramente apuntó a una cifra de 11 millones de pesos/dólares, se acrecentó llegándose a hablar de una cifra próxima a los 20 millones de pesos/dólares, destacó que el modus operandi suponía un uso discrecional de “los fondos destinados a la partida identificada como Servicios No Personales del Programa 18 (aquí generalmente se incluyen contratos de personal temporario), sin dictar las normas reglamentarias que así lo autorizaran”.
