José Alberto Miranda cesará en el cargo de vocal en el Tribunal de Cuentas el 31 de marzo. Ya pidió, incluso, una audiencia con Gustavo Bordet para despedirse, según reconstruyó Página Judicial.
El organismo de control, a cargo interinamente por Federico Felipe Tomas, tiene dos vocalías. El otro es José Luis Gea Sánchez.
El cargo de la vacante que dejará Miranda deberá cubrirse por concurso. Ese proceso debe atravesar Tomas, pero sucede que no se ha constituido el jurado por demoras en las listas de profesionales para postular integrantes.
La Legislatura tuvo que acudir a una ley de emergencia para suplantar a Guillermo Smaldone cuando renunció a la presidencia. La norma, para salvar el vacío jurídico y la irresponsabilidad legislativa de no haber reglamentado el concurso como manda la Constitución, estableció que el presidente interino sería el abogado con más antigüedad en el organismo. Ese fue el atributo que condecoró a Tomas.
Para el caso de los vocales, que son contadores, la norma no dice nada. Se podría ir pensando en otro parche.
La vuelta
Miranda fue un actor de la novela de las “jubilaciones anticipadas”. El 3 de septiembre de 2001 el entonces gobernador Sergio Montiel dictó el decreto Nº 3.230 por el cual se creó un régimen para jubilarse en el Estado. El vocal del Tribunal de Cuentas pidió ser alcanzado por ese beneficio a través de una presentación que efectuó ante el Poder Ejecutivo en octubre de ese año, petición que tuvo acogida favorable. Pero la ley orgánica del organismo, vigente entonces, fijaba que el cargo que abandonó Miranda tiene carácter permanente y esencial y, por tanto, imposible de eliminar de su estructura.
La Fiscalía de Estado, a cargo de Julio Rodríguez Signes, presentó un recurso para que se declare “lesivo” el decreto a través del cual se otorgó el beneficio de jubilación anticipada. La Justicia le dio la razón. Miranda tuvo que volver y devolver plata.
Llamó la atención, en su momento, que la fiscal de Estado de entonces, Claudia Mizawak, no haya realizado el planteo durante el gobierno de Jorge Busti. El ex gobernador sí había declarado “lesivos” cada una de las jubilaciones anticipadas de funcionarios que se acogieron a ese beneficio y ocupaban cargos considerados esenciales, y que por tanto no podían ser eliminados del presupuesto.
