El Gobierno aceleró el tratamiento de la reforma laboral y con un quórum ajustado de 130 diputados, dio inicio al debate en la Cámara Baja. Para dar comienzo a la sesión fue clave el apoyo a La Libertad Avanza de los bloques PRO, MID, UCR y el aporte de legisladores vinculados a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca).
Con una votación en general de 135 sobre 115 votos, la reforma propuesta por Javier Milei tiene media sanción y pasará al Senado, por la liminación del artículo 44 de licencias médicas. (ver recuadro)
El voto de los diputados entrerrianos se dividió, sin fisuras, entre oficialistas y opositores.
Aliado con los libertarios, los representantes de la administración de Rogelio Frigerio lo hicieron por la positiva: Alicia Fregonse (PRO), Francisco Morchio (PRO), Darío Schneider (UCR), Andrés Laumann (LLA) y Beltrán Benedit (LLA).
En la oposición, por la negativa, se expresaron Gustavo Bordet (PJ), Marianela Marclay (PJ), Guillermo Michel (PJ) y Blanca Osuna (PJ).
Además del proyecto oficialista, hubo otros bloques que presentaron su propio dictamen: Unión por la Patria (29 firmas), Provincias Unidas (2 firmas), Coalición Cívica (1 firma) y el Frente de Izquierda (de rechazo).
La mayoría alcanzada por el oficialismo permitió -en la votación en particular– aprobar uno de los títulos más polémicos: el que propone crear un fondo para financiar las indemnizaciones por despido, clave para el Ministerio de Economía. Recibió 130 votos positivos, 117 negativos y tres abstenciones.
Sobre el final de la sesión, los libertarios y sus aliados superaron el último obstáculo y aprobaron, aunque en una votación más ajustada, el título XVI, que incluye la derogación de media decena de estatutos profesionales, entre ellos el del periodista. La votación arrojó 126 votos positivos, 119 negativos y 5 abstenciones.
Los cambios claves
Además de las modificaciones que se difundieron en la última semana, el proyecto de reforma laboral oficialista establece:
– Banco de horas: se reemplazan los pagos por horas extras por un sistema para compensar jornadas extensas con otras más breves o días de franco. Se respetarán descansos mínimos obligatorios: 12 horas entre jornadas y 35 horas de descanso semanal.
– Indemnizaciones: se modifica el actual sistema, estableciendo compensaciones sujetadas a la inflación (con un 3% de plus anual, reemplazando el actual esquema en la que la actualización la establecía el juez interviniente) y excluyendo los aportes correspondientes al aguinaldo, las vacaciones y otros agregados.
– Fondo de Asistencia Laboral (FAL): se establece un esquema compuesto por el 3% del salario de los trabajadores a una cuenta de inversiones que sería utilizada para el pago de indemnizaciones. Las grandes empresas deberán aportar el 1% (que puede ampliarse a 1,5%) y las pymes el 2,5% (que puede llegar al 3%). El empleador deberá afrontar la diferencia cuando el fondo no alcance para pagar el total de la indemnización.
– Salarios: se promueven pagos por mérito y productividad en detrimento de las negociaciones colectivas del salario básico. Los sueldos podrán ser en pesos o moneda extranjera, pero también por especie.
– Vacaciones: el proyecto permite que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días. Al menos cada 3 años, y en caso de vacaciones rotativas, los trabajadores deben tener su receso en el período de verano.
– Servicios esenciales: se incorpora las telecomunicaciones, hospitales, recolección de residuos, la aeronáutica comercial, el control de tráfico portuario, los servicios aduaneros y migratorios y la educación en todos sus niveles (salvo universitario) que deben garantizar al menos una prestación del 75% de su funcionamiento normal.
– Promoción del blanqueo laboral: se crea un régimen de incentivos impositivos por cuatro años para aquellos empleadores que contraten a personas desempleadas o monotributistas hasta un año después de la sanción de la ley. También se abre una ventana de seis meses para el blanqueo a los empleadores que cuenten con trabajadores no registrados.
– Eliminación de la “ultraactividad”: se acaba con el régimen que permite que un convenio colectivo de trabajo continúe vigente incluso después de su fecha de vencimiento, hasta que se negocie uno nuevo.
– Financiamiento del cine: a partir del 1° de enero de 2028, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) será financiado exclusivamente con partidas asignadas por la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, eliminando sus fuentes automáticas de recaudación como el porcentaje de entradas de cine vendidas o el financiamiento proveniente del Enacom.
– Trabajadores de plataformas: se reglamenta las condiciones, obligaciones y garantías que tiene el personal de plataformas. Se establece la obligatoriedad de tener un seguro de salud mientras ejerce su trabajo, aunque quien se haga cargo de él será producto de un «libre acuerdo» entre la plataforma y el trabajador, sin que esto represente condición de dependencia.
– Asambleas: las convocatorias asamblearias no podrán afectar “el normal desarrollo de las actividades de la empresa” y deberá contar con autorización previa. También se establece que “el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la misma”.
