La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la ley de Ética Pública. Si bien la ley nace por la necesidad de establecer un marco jurídico y ético como requisito para la permanencia en el cargo de cualquier funcionario de los tres poderes, la norma persigue garantizar un derecho a la sociedad: el derecho a la información pública.
La norma – que tuvo media sanción este miércoles – exige a los funcionarios a presentar una declaración jurada patrimonial en forma previa o simultánea a la toma de posesión del cargo. Pero también deberán actualizar la información contenida anualmente y presentar una última declaración dentro de los 30 días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo.
El diputado del Frente para la Victoria, Diego Lara, fue el miembro informante. En su alocución sostuvo que la sanción de la ley viene a garantizar “mayor transparencia en la función pública y la división de poderes”.
El legislador hizo hincapié en la autoridad de aplicación. Allí aclaró que cada poder (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) tendrá la propia. Explicó que esa especificación surgió de la lectura de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que impugnó que un poder ejerza esa potestad sobre otro.
La autoridad de aplicación tendrá el siguiente procedimiento: el Ejecutivo designará las autoridades y el Senado deberá darles acuerdo. También se creará una comisión bicameral de seguimiento con cuatro representantes de cada una de las cámaras para intervenir en el contralor.
“Esa comisión recibirá denuncias y documentación, pero no puede establecer penas”, aclaró Lara.
El radical Fuad Sosa fue quien expresó las diferencias del bloque Cambiemos. Dijo que le hubiese gustado que la autoridad de aplicación “quede en manos de la oposición”.
El proyecto fue aprobado en general por el Frente para la Victoria, Frente Renovador y Cambiemos, pero éste último bloque no acompañó los artículos 17,18,19 y 20 referidos a la autoridad de aplicación y la comisión bicameral.
Declaraciones juradas
Las declaraciones juradas fueron siempre la piedra en el zapato para aprobar un código de ética pública. La ley que se pretende aprobar y que este miércoles obtuvo media sanción prevé la presentación de dos declaraciones de bienes: una que será “detallada”, y otra “sintética y pública”. Esto está plasmado el en artículo 9 inciso B. Las sintéticas serían publicadas en Internet.
Según el texto, en las declaraciones detalladas se deberán poner todos los bienes propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores en el país o en el extranjero. En el caso del cónyuge, el conviviente y los hijos menores que tuvieren ingresos, se indicará profesión y medios de vida de los mismos. Esto comprende desde los bienes inmuebles incluyendo sus mejoras hasta el monto de los depósitos en bancos u otras entidades financieras, de ahorro, de inversión, nacionales o extranjeras, con indicación del país de radicación de las cuentas y tenencias de dinero en efectivo.
Las declaraciones juradas se presentarán en sobre cerrado y lacrado. Las mismas tendrán carácter de secretas y solo podrán ser abierta en los siguientes casos: a) Por solicitud escrita del declarante o de sus sucesores; b) Por decisión del juez competente; c) Por requerimiento de la autoridad de aplicación; d) Un sobre con la declaración jurada sintética, que será de carácter público y que contendrá la información patrimonial requerida. Éste último punto es el que garantizaría, precisamente, el derecho a la información.
Las personas que no hayan presentado sus declaraciones juradas en el plazo correspondiente, serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad responsable de la recepción, para que lo hagan en el plazo de quince días.
El texto será girado al Senado.
El proyecto completo:
