Por unanimidad, aunque con argumentos disímiles entre oficialismo y oposición, la Cámara de Diputados este miércoles sancionó la derogación de la ley de las islas fiscales.

El texto había sido enviado por el Ejecutivo a la Legislatura, tras las críticas que recibió la Ley Nº 10.092. La norma anulada contemplaba un proyecto productivo en esa zona, a través de la concesión de esas tierras a una sociedad anónima creada por la norma, “Arroz del Delta Entrerriano”.

Alrededor de las 22, con encendidos aplausos, celebraron la decisión de la Legislatura militantes de distintas organizaciones ambientalistas, sociales y partidos políticos que estuvieron presentes en el recinto con banderas reclamando por la protección del delta.

Retaguardia

El diputado Juan Navarro tomó estrictamente los argumentos esgrimidos por el gobernador Sergio Urribarri al fundamental el por qué de propiciar la derogación de la Ley Nº 10.092.

“Estamos profundizando acciones que este gobierno ha llevado adelante, que tiene que ver con recuperar un millón de hectáreas”, dijo y apuntó a “mafias organizadas” que ocupan el territorio entrerriano. Dijo que la política de recuperación de esos terrenos tiene dos funciones básicas: “la ambiental, sin perder de vista la productiva”.

A diferencia de las bancadas opositoras, el oficialismo remarcó su “convencimiento” en “el espíritu de la ley” por lo cual tanto Navarro, como luego José Allende, enfatizaron que se insistirá con la idea tras “convocar a las organizaciones que de buena fe” pusieron en duda y cuestionaron el objetivo planteado.

Fue clave en el debate la recuperación de la vigencia, a partir de ahora, de una ley anterior, la Nº 9.603, que impedía la fumigación en las islas y contemplaba proyectos productivos que sólo se abocaran a la apicultura, la ganadería o el turismo.

El oficialismo aseguró que esa norma recupera su pleno vigor, tal como lo pretenden los ambientalistas con el fin de proteger esos territorios.

Allende, al cierre del debate, fue duro contra las voces de las bancadas opositoras, las acusó de subirse a consignas ajenas para “el aplauso de la tribuna”, los asoció a la explotación de la soja y la contaminación que trae aparejada y reeditó la consigna oficialista en contra de “los terratenientes” que “se enriquecieron pero hay tres semanas sin lluvia y ya no quieren pagar impuestos”.

Oposición

Los socialistas María Emma Bargana, del bloque FAP-GEN; y Lisandro Viale de la bancada del PS, fueron los más duros en contra de la ley derogada. También cuestionaron, junto con el radical Agustín Federik, el modo en que el oficialismo habría clausurado el debate de la polémica ley.

Los tres legisladores coincidieron en reclamar al oficialismo una autocrítica en vez de “una descalificación” a los que levantaron la voz para criticar la iniciativa.

La posición de Rosario Romero, del FEF, fue en cambio la de saludar que la Legislatura asuma “que hubo un error”. Bargagna cuestionó a la gestión provincial por haber propiciado “un proyecto contrario al discurso del gobierno que dice tener como meta la inclusión social”. Llamó a “reflexionar acerca de que este viraje en el camino que ahora se ha enderezado se ha logrado por la participación de la ciudadanía a través de sus organizaciones de la sociedad civil”.

Para Viale, el oficialismo buscó beneficiar a “un grupito de productores grandes” y “se armaron de una ley para darle la administración por cien años”. Aseguró que hubo un intento por “tirar las cosas arriba del tapete para ver. Si pasa, pasa. Pero esta se convertirá en la ley más breve de la historia”. El socialista criticó que Urribarri, en vez de vetar la norma, derive el tema a las cámaras “llamando a desvotar lo que se votó”.

Federik, a su turno, subrayó “la mayoría inédita” del PJ en las cámaras y exhortó a que “se advierta que cuanto más es el poder, más se requiere sensatez en las decisiones”.