El publicista Jesús José María Bustamante fue condenado a dos años y ocho meses de prisión condicional (no efectiva) por haber sido beneficiado con contrataciones de campañas publicitarias que el ex gobernador Sergio Urribarri y el ex ministro Pedro Ángel Báez direccionaban a favor de su empresa.

Bustamante había confesado en un juicio abreviado que era parte de un esquema que tenía como protagonista principal a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, por el cual se direccionaban las contrataciones de publicidad en la vía pública a las empresas TEP SRL y Next SRL, que se le atribuyen a Aguilera.

Este jueves el juez Ricardo Bonazzola homologó el acuerdo celebrado entre los fiscales Patricia Yedro, Alejandro Cánepa y Gonzalo Badano y el defensor del empresario, Gastón Rosenberg. El publicista aceptó purgar una pena de prisión condicional por los delitos de delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública.

Además, Bustamante deberá pagar una multa de 90.000 pesos y cumplir tareas comunitarias no remuneradas a beneficio de una institución de bien público a razón de 96 horas por año durante tres años. El magistrado también decretó el levantamiento del embargo sobre la totalidad de los bienes que tenía inhibidos desde febrero.

El magistrado consideró como agravante que el fraude al erario provincial se calculó en 24.204.918,69 pesos, aunque la empresa J. M. Bustamante Publicidad fue beneficiada con contratos y pautas publicitarias por 6.140.665,24 pesos; la reiteración en el tiempo de las maniobras ilícitas –se investigan contrataciones irregulares entre 2010 y 2015–, el ámbito en el cual se cometieron; y el nivel social, económico y cultural de Bustamante. Del mismo modo, valoró la confesión del empresario.

El esquema del fraude

En la presentación del juicio abreviado, el fiscal Gonzalo Badano había señalado que el ex gobernador Urribarri y el ex ministro Báez “sustrajeron fondos públicos” y los direccionaron a favor de las empresas TEP SRL y Next SRL, que figuran a nombre de testaferros de Aguilera, a través de contrataciones de publicidad.

La maniobra consistía en realizar una simulación en la distribución de la publicidad entre las empresas. Esa simulación se orquestaba en la oficina de Corina Cargnel, contadora de Aguilera, que tenía en su poder hojas en blanco con membrete de la empresa J. M. Bustamante Publicidad y firmadas por el propio Bustamante.

En el caso de Bustamante, se le hicieron contrataciones por 6.140.665,24 pesos, aunque la investigación demostró que en algunos casos “un porcentaje era reembolsado a Aguilera”, a través de las gestiones, seguimiento y cobro que realizaba la contadora Cargnel. “Ella era el nexo entre los organismos públicos y las empresas”, detalló el fiscal. El retorno, en algunos casos, llegaba al 95 por ciento del total.

La misma maniobra se realizaba a través de la empresa Montañana Publicidad, cuyo titular, Hugo Fernando Montañana, también está imputado en la causa.

En su exposición, el fiscal Badano sostuvo que “había una comunicación fluida entre Cargnel y Bustamente: ella se comunicaba con los empleados del Ministerio de Cultura y Comunicación, transmitía la información a Bustamante, le hacía llegar las órdenes de publicidad y le solicitaba las fotografías para presentar como certificaciones que luego reenviaba al Ministerio”. Incluso, la contadora le informaba a Bustamante cuando salían los pagos y lo hacía para exigirle que efectuara el retorno correspondiente a Aguilera, “por medio de un sistema de compensaciones que consistía en que TEP y Next emitían una factura a Bustamante por una prestación ficticia para justificar la transferencia de dinero”, remarcó.

“La ganancia de Bustamante consistía en que tenía garantizadas las contrataciones y se llevaba una ganancia, que era menor, pero era una ganancia al fin”, expuso el fiscal.

A su vez, también se detectaron irregularidades en la certificación de la publicidad. Una pericia realizada sobre las fotografías que presentaban las empresas para acreditar ante el Ministerio de Cultura y Comunicación que los carteles efectivamente estaban donde se había contratado determinó que “en ocasiones se repetía la misma fotografía en los distintos meses, en otros casos se cambiaba el cuadro y también se comprobó que hicieron fotomontajes y adulteración de fotografías”. Sin embargo, las certificaciones fueron aprobadas por el ministro Báez y por Gustavo Tamay, Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del ministerio.

De los 24.204.918,69 pesos por los cuales se hicieron contrataciones, se detectaron irregularidades en la certificación de 12.170.338,76 pesos. En el caso de Bustamante, hubo una certificación irregular por 3.735.536,68 pesos.

Los fiscales Yedro y Cánepa solicitaron la remisión de la causa a juicio y eso podría definirse el 1 de junio próximo, aunque previo a eso, el lunes 28 de mayo, el juez Daniel Malatesta deberá resolver un planteo efectuado por los defensores de Urribarri y Báez para apartar al juez José Eduardo Ruhl, que debe analizar si la investigación está en condiciones de ser elevada a juicio.