Gustavo Bordet difundió un comunicado luego de que el diario La Nación publicara un informe con mensajes que vinculan al ex gobernador con el expediente en el que están encartados los hermanos Tortul, Claudio y Marcelo, por el pago de sobornos por el servicio de seguridad en Enersa.
El matutino accedió a la pericia completa de las conversaciones de WhatsApp. La causa Securitas la lleva adelante la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
El diputado nacional insistió con que no formó parte de “ningún sistema de coimas o maniobras ilícitas vinculadas a la relación comercial entre la empresa de seguridad Securitas y Enersa” y que “nunca tuvo ningún tipo de contacto personal ni vínculo con los hermanos Tortul ni con los responsables de la empresa”.
En otro párrafo del comunicado sostuvo que “no será la primera ni la última vez que se invoque el nombre de un gobernador o de una figura de poder como excusa para intentar facilitar negociaciones, acortar caminos o cometer actos ilegítimos”.
Comunicado completo
En relación a la causa “Securitas” quiero volver a expresar con total claridad que no formé parte de ningún sistema de coimas o maniobras ilícitas vinculadas a la relación comercial entre la empresa de seguridad Securitas y Enersa.
Durante mi gestión como gobernador de Entre Ríos, impulsé una política de absoluta transparencia en todos los actos de gobierno, asegurando el funcionamiento de los mecanismos de control y auditoría correspondientes. En todo momento me mantuve a disposición de la Justicia y respondí con responsabilidad a cada requerimiento formulado.
Asimismo, deseo reiterar que nunca tuve ningún tipo de contacto personal ni vínculo con los hermanos Tortul ni con los responsables de la empresa Securitas. No puede existir registro alguno de comunicaciones, mensajes o correos electrónicos entre ellos y yo.
Cuando asumí la gobernación, la empresa ya se encontraba prestando servicios de seguridad a Enersa, en el marco de una contratación que correspondía exclusivamente a esa empresa estatal. Durante mi gestión no tuve intervención en la selección, contratación ni continuidad de dicho servicio, que se mantenía dentro de los procedimientos administrativos habituales de Enersa.
Cabe destacar además que Securitas no prestó servicios ni mantuvo contratos con ningún otro organismo del Estado provincial durante mi período de gobierno.
No será la primera ni la última vez que se invoque el nombre de un gobernador o de una figura de poder como excusa para intentar facilitar negociaciones, acortar caminos o cometer actos ilegítimos.
Este tipo de conductas no sólo constituyen delitos o faltas morales, sino que atentan contra la confianza social en las instituciones y buscan manchar la imagen de quienes han ejercido funciones públicas con honestidad y compromiso.
En toda estructura institucional o empresarial pueden aparecer personas que se arroguen una representación o cercanía con el poder político para intentar legitimar conductas ilícitas. La responsabilidad penal o ética recae exclusivamente en quienes ejecutan esas acciones, no en quienes son utilizados como pretexto.
Confío plenamente en que la Justicia avance con independencia y rigor, y que se esclarecerán los hechos para que cada uno asuma las consecuencias que le correspondan.
Fuente: Página Política
