El Senado dio la media sanción que faltaba para que el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura se convierta en ley. Fue como en la Cámara de Diputados, solo con el voto del oficialismo.
Los cambios que se dieron en el organismo asesor no son menores. Se modifica la integración con la incorporación de las universidades entrerrianas como la Uader y la UNER. Se suman, en rigor, a la UCA Paraná y la UCU de Concepción del Uruguay. Esta reforma dejó afuera a la UNL, uno de los puntos a los que la oposición se opuso.
Poner en dudas el prestigio de la casa de altos estudios de Santa Fe no está en la mente de nadie. ¿Entonces, qué sucede? En Juntos por el Cambio argumentan que dejar afuera a esa universidad va en desmedro de la “profesionalización”, porque es esa institución la que forma abogados. El argumento es válido y coherente. Lo que no dijo la oposición en On, pero sí en Off, es que integrar a las entrerrianas es “peronizar” el estamento académico, porque al ser el Partido Justicialista quien gobierna hace casi 20 años todo lo que pueda salir de las universidades locales no es otra cosa que peronismo. Habría que revisar quiénes han representado a ese estamento desde la creación del Consejo.
Esteban Vitor fue la voz más dura contra el proyecto en la Cámara de Diputados el día de la media sanción. Minutos antes, en conferencia de prensa, cuestionó la falta de apertura para tratar este proyecto y trazó una comparación con la Fiscalía Anticorrupción que se aprobó por una unanimidad con aportes de la oposición. Para el legislador del PRO la recepción de los aportes para la primera iniciativa fue una especie de zanahoria para dar una señal para afuera que, después con el Consejo de la Magistratura, no iba a pasar lo mismo. Y que, en definitiva, el proyecto más importante era la reforma del organismo asesor.
En el oficialismo refutan este argumento. Aseguran que Juntos por el Cambio no aportó una sola idea como sí lo había hecho con la Fiscalía Anticorrupción, donde se tomaron y por eso la unanimidad en la aprobación. Es posible que estas tensiones estén atadas a la idea de un adelantamiento de las elecciones en Entre Ríos y la dirigencia esté en modo campaña.
La vía recurrible ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) es vista por la oposición como una intromisión (o entrega) al máximo órgano de justicia de la provincia la posibilidad de manipular los concursos. El razonamiento es el siguiente: los vocales tendrán la posibilidad de hacer o no lugar a las peticiones que hagan los concursantes. La ley que se pondrá en vigencia establece que si en 30 días los vocales no resuelven, queda firme la resolución del Consejo.
En el oficialismo dicen que el STJ siempre resolverá en última instancia. Si un concursante no tiene una resolución favorable en el Consejo, tiene esa posibilidad, que es la judicializar el proceso. ¿Dónde recaería al final del camino? En el Superior Tribunal. La pretensión, dicen los autores del texto, es acortar el camino y no extender la vía de apelaciones.
Como se dijo en este sitio, las tensiones que se escuchan en la Legislatura tienen su esencia en el seno de la comunidad judicial en donde facciones con despachos en los tribunales desataron una guerra sin cuarteles. Básicamente entre un sector de la Procuración General y el STJ. En Juntos por el Cambio defienden la postura del procurador general Jorge García, y su ex segunda, Cecilia Goyeneche. Quedó explícito en el Jurado de Enjuiciamiento cuando integrantes del Ministerio Público Fiscal salieron a la calle con rostros de vocales tratándolos de corrupto. No voló una mosca por la institucionalidad. Mucho menos por el decoro, que tanto pesa en esos ámbitos.
En el interior de la provincia, es decir funcionarios y funcionarias del Poder Judicial que se despeñan fuera de Paraná, parecieran estar ajenos a estas cuestiones. De hecho, en el Consejo de la Magistratura, de los 11 integrantes 10 son de Paraná. O con asiento en esta ciudad. Quizás eso explique que no haya hordas movilizadas a la explanada de Casa de Gobierno. Cualquier encuesta de opinión pública pone al Poder Judicial en el orden del 70 por ciento de imagen negativa.
Elevar la terna sin un orden de mérito fue otro de los cuestionamientos que se le hicieron a la reforma. Allí aparece, posiblemente, una cuestión de comunicación. El mérito no se elimina, lo que se elimina es el modo en que el organismo eleva la terna.
Al orden de mérito se podrá acceder de cualquier parte del mundo a través del sitio del Consejo de la Magistratura. En el ítem concursos.
Temas que no tuvieron la relevancia merecida y que no se pusieron en debate tienen que ver con la tercera etapa del proceso evaluatorio: la entrevista personal. La nueva ley fija parámetros pertinentes para abordar el perfil del concursante en el plano de los derechos humanos, la ética y la función en el Poder Judicial. La historia reciente verifica hechos reprochables en el que consejeros aprovecharon esa instancia para indagar sobre autores y doctrinas, por citar ejemplos, para descolocar a algún participante con el que no simpatizaban.
Tampoco se hizo lugar a un reclamo histórico del Colegio de Abogados respecto a una desigualdad, también histórica. Se trata del otorgamiento de puntos de los cursos que dicta el “Instituto Alberdi” que depende del STJ y a los que solo pueden acceder los funcionarios judiciales. Raro que la oposición, que ve en el alto cuerpo una intromisión en el proceso no se haya percatado. Más aún cuando uno de los pioneros en ese reclamo es el doctor Enrique Pita, que defendió a Cecilia Goyeneche y acompañó una denuncia penal contra vocales cuando se sustanciaba el jury.
A la ley se llegó luego de aportes de todas las entidades de la comunidad judicial pese a los comunicados que emitieron la Asociación y el Colegio con críticas a último momento. ¿Qué pasó allí?
Del texto original se eliminó la incorporación de dos consejeros en representación del Poder Ejecutivo, punto que tenía un rechazo absoluto.
En los próximos días se promulgará la ley y, en las primeras semanas de octubre estarían asumiendo los nuevos consejeros.
Fuente: Página Política
