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Crece la usurpación de la costa del río Paraná

Los pasillos públicos están bloqueados. El espacio fiscal entre la playa y el agua, privatizados.

El artículo 2.639 del Código Civil de la República Argentina establece: “Los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o camino público de 35 metros hasta la orilla del río, o del canal, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existen ni deteriorar el terreno en manera alguna”.

El Código es claro y contundente en su definición, pero las normas aplicadas por el Estado para su cumplimiento son confusas.

“El tema es muy complejo”; “Esa no es mi área”, “soy nuevo, pero creo que Catastro controla”, “Pienso que está todo en regla”; fueron algunas de las respuestas que recibió Uno cuando intentó obtener datos sobre las tareas de control que se realizan para cuidar el espacio público del camino de ribera. Sin embargo la violación u omisión del bloqueo del espacio público, entre las edificaciones y el río, no es el único inconveniente que observan vecinos de la capital entrerriana en las zonas de Puerto Viejo, Los Arenales, Toma Nueva, Vieja o Bajada Grande.

Un relevamiento presentado por la comisión vecinal de Bajada Grande alertó al municipio sobre el bloqueo de más de la mitad de los 12 pasillos que permiten llegar al río desde la ex fábrica Portland hasta el muelle de Bajada Grande.

Sin embargo en esos lugares hay edificaciones. La vecinal tramitó más controles ante el municipio en la gestión de Sergio Varisco y la primera de Julio Solanas, pero las autoridades no modificaron el actual estado de las cosas.

“Estos espacios públicos que el Estado provincial y municipal deben defender, no sólo sirven para las necesidades de la pesca y del comercio, sino que se agrega el requerimiento de esparcimiento”, dice Santiago Vergara, uno de los vecinos que mantiene un litigio por terrenos.

Los ribereños que viven de la pesca e instalaron sus ranchos en la zona hoy son presa de todo tipo de propuestas para que dejen sus viviendas. El lugar se transformó en un ámbito de negocios inmobiliarios, donde cualquiera construye su propiedad, claro está si es que cuenta con los recursos y contactos necesarios para que no sea molestado.

Según fuentes judiciales consultadas hay juicios entre vecinos de Bajada Grande y Puerto Viejo. La funcionaria judicial consultada dijo: “El caso más común es que un vecino paga los impuestos de un terreno donde vive un indigente y viene otro con más plata, convence al propietario y se mete”, para ejemplificar, la abogada contó otros casos. “Hay gente que es humilde, vive desde hace muchos años en el lugar y no quiere vender y la persiguen los compradores hasta que termina acá en Tribunales con papeles llenos de irregularidades y con planos que dejan mucho que desear”. En definitiva, las autoridades deben aplicar las normas y definir junto a los vecinos las normas de desarrollo.

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Desde la arenera hasta el sector del atracadero de la balsa existen sólo dos pasajes para ingresar al río Paraná desde avenida Estrada.

Santiago Vergara, vecino de la zona, señaló que ambos pasillos son más angostos de lo que eran.

En 1990 uno de los pasajes tenía 15 metros de ancho y ahora tiene sólo siete, mientras que el otro se redujo de cinco a 2,80 metros. Incluso, dijo Vergara, uno permaneció cerrado durante un buen tiempo con un portón.

Las denuncias judiciales van de la mano con las realizadas con las presentaciones que se realizaron en la Defensoría del Pueblo.

En el corto plazo se prevé que tome intervención la Fiscalía de Estado, con el propósito de buscar una solución de fondo sobre si esos pasajes son públicos o privados.

En la zona de los Arenales y la Toma los vecinos también señalan su disconformismo con los cercos colocados por las empresas que prohíben el libre acceso al río.

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