La gran mayoría de los hombres y mujeres del PJ que ocupan una banca en la Legislatura provincial no tuvieron idea del contenido de la reforma electoral hasta que fue elevada a la Legislatura, el pasado 11 de abril.

Y en estas tres semanas no hubo mucha discusión pública dentro del peronismo por una simple razón: todavía no ocurrió lo que el manual de las buenas prácticas políticas indica para sostener una iniciativa legislativa de esta magnitud, que es una reunión del titular del Poder Ejecutivo con sus legisladores.

Esperan poder decírselo personalmente a Bordet. Y por eso se excusan cuando se les pide una declaración pública.

Pero ven en el proyecto oficial de reforma política una ley “hecha para perder”, que no promueve la participación interna, sino que la “proscribe”, con la exigencia de presentar junto a una fórmula para la gobernación, los 17 senadores, más un intendente en cada cabecera departamental y sus correspondientes listas de concejales titulares y suplentes. En suma, una ley que pone más restricciones que las que siempre se le cuestionaron a la Ley Castrillón para el armado de una propuesta provincial.

“Bronca”

“A Bordet lo perjudica, porque no invita a la competencia interna y empuja a ir por afuera”, resumió un dirigente peronista que actualmente no ocupa cargos en el esquema del gobierno.

Observan una contradicción entre la apertura a la representación proporcional de las minorías y las exigencias para el armado electoral por encima de lo que contiene la ley Castrillón, que llevó con su estreno en 2007 a la ruptura electoral del peronismo, con la lista 100 compitiendo por afuera del PJ.

“Todo bien con el sistema D'Hont, pero para entrar en el reparto hay que tener una estructura como la del gobernador”, observó el mismo dirigente.

Por su lado, un legislador del oficialismo vaticinó que si se aprueba esta ley habrá “más bronca que con Urribarri cuando no dejaba pegar lista”, para las elecciones de 2015. Y que las “proscripciones de esta ley van a traducirse en votos en contra, por la bronca de los que no pueden pelearla en la interna».

“Imaginate un tipo que quiera postularse como precandidato a gobernador. Corre el riesgo de que el día del cierre de listas le bajen con el aparato dos candidatos a concejales de, ponele, Feliciano y lo dejan fuera de carrera”, ejemplificó.

Diálogo

En las distintas charlas informales que promovió Página Política para esta nota, hubo quienes incluso juzgaron que es “alto” el piso del 15% de los votos de la interna que se exige para la representación de minorías. A pesar de que constituye un claro avance de integración de minorías en relación a las actuales reglas de juego, aseguran que “no alcanza”, si se toma en cuenta la escena que dejó la interna de 2017. De paso, abonan la alternativa de los lemas.

Algunos llegaron decir que el formato de votación de boleta única -que históricamente rechazó el PJ- es a esta altura lo de menos.

Ven, por caso, con preocupación el modo en que pueda impactar internamente la equiparación de género para el armado de la lista de candidatos a diputados. En el peronismo muchos intendentes no pueden renovar mandato y miran a la Legislatura. Y muchos legisladores quieren continuar. Vaticinan que muchos de ellos terminarán llevando como candidata a su mujer, una práctica que ya se vio cuando el «cupo» era menor y que generó resistencias en la militancia hacia candidatas que en muchos casos ni siquiera podían mostrar una ficha de afiliación.

Como trasfondo de este breve muestrario de críticas al proyecto de reforma política se escuchan cuestionamientos al modo de conducción política de Bordet, distinto al de sus antecesores Sergio Urribarri y Jorge Busti, en cuando a la relación puertas adentro del PJ.

Le reprochan –al compararlo con los dos últimos jefes del peronismo provincial- sus silencios, sus exiguos contactos con la dirigencia que, aseguran, se traducen en una suerte de orfandad de la militancia, que no sabe muy bien qué discurso sostener ante las políticas nacionales.

Algunos (sólo algunos) valoran los esfuerzos por bajar una línea oficial de parte del secretario general de la Gobernación, Edgardo Kueider, con sus periódicas reuniones partidarias en distintos puntos de la provincia. Pero todos creen que no alcanza, que debería ser el propio Gobernador quien asuma una tarea de conducción política más clara.