El Concejo Deliberante aprobó el proyecto de ordenanza presentado por el bloque de concejales de Juntos por Entre Ríos en el que se deroga la sobretasa inmobiliaria.

La iniciativa impulsada por el intendente Mauricio Davico tuvo el acompañamiento de los concejales del espacio y los de Libertad Avanza. mientras que los tres ediles de Más por Entre Ríos presentes, manifestaron su voto negativo. 

La derogación dispuesta en el artículo anterior tendrá vigencia desde el próximo periodo a liquidar desde su promulgación y no operará en forma retroactiva, a las liquidaciones ya practicadas en 2024. Las medida alivia en 800 millones de pesos a los vecinos.

Davico consideró que “no corresponde” su aplicación. “Primero, porque una tasa debe tener una contraprestación. O sea, el municipio cobra la tasa de barrido, limpieza, etc. Bueno, tiene que haber un barrido y una limpieza. Y acá había una sobretasa, pero no una contraprestación. No es que se barría más o le decían, bueno, te cobramos de más, pero ahora te vamos a dar este servicio. No existía”, sostuvo.  

La ordenanza, entre los considerandos, destaca que “el esquema tributario inmobiliario actualmente vigente exhibe una serie de inconsistencias en relación a los propietarios de terrenos baldíos, a quienes trata con un sesgo disvalioso, en procura de culpabilizarlos de desigualdades sociales que no han provocado, y que el propio Estado no ha logrado conjurar mediante el uso de las herramientas legales y constitucionales a su disposición” y que “la acumulación de tierras en manos de un mismo titular, sumada a la gran cantidad de terrenos ociosos, era lo que generaba altos valores de mercado basados en conductas especulativas, y que ello impactaba negativamente en el entorno urbano y en el desarrollo de la ciudad”.

También que “el tiempo y la realidad del mercado inmobiliario ha demostrado el carácter inconducente de las medidas adoptadas, así como de los andamiajes conceptuales que les sirvieron de sustento. No han variado ni la configuración parcelaria de la ciudad, ni las posibilidades de acceso concreto a la vivienda de las familias. Por el contrario, se ha generado un clima de conflictividad judicial y social que de por sí afecta la impronta de progreso que el Estado debe promover como eje troncal para la satisfacción de las necesidades y los derechos”, dicen los fundamentos. 

Fuente: Página Política