La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a una audiencia en la que organismos sociales, gremiales y universitarios expusieron la preocupación compartida en torno a los intentos de criminalizar la protesta social y obstaculizar la libertad de expresión en la Argentina.
La denuncia contra el gobierno de Javier Milei fue promovida por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), luego de la jornada del 12 de junio en la que se desató la represión contra los manifestantes que marchaban en rechazo a la sanción de la Ley Bases. En ese contexto, hubo 33 detenciones injustificadas y aún hoy dos personas permanecen en prisión.
En el contexto de la exposición ante la CIDH, además de los abogados del CELS expusieron representantes de Hijos, de los gremios Conadu (de docentes universitarios) y Fatpren; de la UTEP como organización social; y los especialistas de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (RedCom) que preside la decana de la Facultad de la Educación de la UNER, Aixa Boeykens.
La RedCom, especialmente, puso el foco en la preocupación por la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, a través de la exposición de los especialistas Damián Loretti y Diego de Charras.
“Resulta indispensable desarrollar acciones y construir una voz pública colectiva que permita defender el derecho a la protesta social de la ciudadanía, rechazar los intentos de criminalización y resguardar las condiciones laborales del colectivo de periodistas y fotorreporteros tanto en la cobertura de acontecimientos sociales como ante los distintos tipos de violencia que ejercen funcionarios nacionales y que debilitan la libertad de expresión de la sociedad”, se expuso desde RedCom que valoró la instancia ante la CIDH en tanto se trata de un organismo internacional con una vasta “trayectoria en la producción de estándares para resguardar el ejercicio del derecho a la reunión y a la libertad de expresión”.
Boeykens afirmó que la audiencia “permitió presentar un petitorio y poner de relieve las distintas acciones que debilitan el derecho a la protesta en la Argentina. Tratan de criminalizar cada acción que se realiza en el espacio público”.
Remarcó que por otro lado corresponde poner a resguardo, en este contexto del país, “las condiciones laborales de periodistas y fotorreporteros que han sufrido la represión mientras ejercían su trabajo”. Por otro lado, la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación marcó que la audiencia permitió también plantear “los otros tipos de violencia que se viven con agresiones verbales que tienen, casi siempre, como destinatarias, a las mujeres periodistas. Esas agresiones son ejercidas por funcionarios públicos, fundamentalmente por el Presidente de la Nación”, cuestionó la titular de RedCom.
Represión y cárcel
En la audiencia, los expositores del CELS pusieron de relieve los delitos que se pretendieron imputar a los militantes presos luego de la jornada de represión ante el Congreso de la Nación, el 12 de junio pasado.
Sin pruebas, 33 personas fueron acusadas de ser autores de los delitos de lesiones, daños simples y agravados, incendio o estrago, delitos contra la seguridad pública, instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva en contra de las personas o instituciones, y organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza y el temor.
Se dictó la prisión preventiva de los detenidos y el traslado a cárceles federales. Se planteó que desde la asunción del actual gobierno nacional “se degrada la discusión política haciendo del insulto una de sus principales herramientas”. Se afirmó, en este sentido, que, en conclusión, “el derecho a la protesta hoy está en riesgo porque el gobierno quiere terminar de instalar en la sociedad la idea de que protestar equivale a generar desorden y los manifestantes son a priori delincuentes o desestabilizadores de la democracia”.
Milei se defiende
Ante la requisitoria de la CIDH, el gobierno nacional rebatió la denuncia en la audiencia que se realizaba en simultáneo a la liberación de otros dos detenidos en la jornada del 12 de junio.
Expusieron, en representación de la Casa Rosada, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, y el responsable del Área de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad, Alberto Fohrig, mano derecha de Patricia Bullrich.
“El mandato popular que recibió Milei, votado por el 56 por ciento, llama a ordenar socialmente al país y evitar que grupos minoritarios atenten al sistema democratico”, argumentó Fohrig sobre el protocolo antipiquetes, pese a que los fundamentos de la resolución 943 es que busca que las protestas no impidan la libre circulación del tránsito. “El objetivo del protocolo es asegurar la convivencia democrática”, agregó el funcionario en otro pasaje.
Baños llamó “grescas” a la represión que ocurrió el 12 de junio y aseveró: “Las fuerzas de seguridad se limitaron a custodiar uno de los edificios pilares del Estado y que los legisladores pudieran sesionar”. Según publicó ElDiarioAr, además de calificar a todas las manifestaciones como actos antidemocráticos, en su intervención el Gobierno intentó conectarlas con la investigación judicial que se lleva adelante contra organizaciones sociales por supuesta extorsión a sus militantes para que participen en protestas. “Nos interesa que la protesta sea libre y que no sea coactiva por organizaciones y que retacea comida a gente pobre que obliga a las personas a ser parte de las protestas”, dijo Fohrig.
“El derecho a la protesta está sujeto a restricciones de otros ciudadanos que tienen visiones diferentes”, aseveró Baños y agregó que “el Estado argentino no violenta a los periodistas ni cercena a la libertad de expresión”.
Tras la audiencia, quedó en el aire la posibilidad de que la CIDH haga una visita a la Argentina para auditar de primera mano la actuación de las fuerzas de seguridad y el protocolo antipiquete. Fue un pedido de las organizaciones sociales, al que los representantes del Gobierno aceptaron a regañadientes, según la expresión de Baños en la reunión: “El Estado no tiene nada que esconder”.
Fuente: Página Política
