Unos de los principales imputados en la causa por la que se investiga el desfalco de una suma cercana a 50 millones de pesos en el seno de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) dejó sentado en la Justicia un testimonio que despierta desvelo.

Se trata del contador público Julio Schmukler, nacido en Concepción del Uruguay, pero domiciliado en Concordia, donde ejerce su profesión hace 50 años. Se lo investiga por presunta participación de las maniobras fraudulentas para cancelar deudas con el Estado que realizaban empresas, contadores y empleados del organismo tributario.

El 8 de agosto, Schmukler prestó declaración ante la Justicia. En esa oportunidad sostuvo que no conocía a los empleados de ATER, en quienes recae hasta el momento la mayor responsabilidad de la estafa. Ellos son María Estrella de Yankelevich y Daniel Gaggión.

Con quien sí mantenía una fina relación era con Darío Barreto, empleado, ex funcionario jerárquico del organismo recaudador y ex secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Salvador, cargo este último al que renunció cuando se destapó el escándalo y su nombre surgió como uno de los más avezados operadores del sistema de compensaciones truchas. Este hombre era el nexo con Yankelevich y Gaggión para hacer el trámite.

“Conocía a Barreto como funcionario de DGR. Él siempre se destacó por ser una persona muy diligente y expeditiva, solucionaba rápido los problemas. Después de algunos años ofrece el sistema de compensar créditos contra acreencias de o al sistema de salud”, contó Schmukler en sede judicial y así quedó sentado en el expediente al que tuvo acceso Página Judicial. Estas operaciones –según el contador- las comenzaron a hacer entre 2004 y 2005.

Es tan clave la figura de Schmukler que la Justicia decidió allanar el estudio que, entre otras cosas, le encontraron trámites de compensación.

Boletín Oficial

Pero Schmukler – como al pasar – dejó un dato no menor y que puede disparar la investigación a otras áreas de la administración pública. Dijo que el trámite de las compensaciones tenían “un alto margen de seguridad en cuanto a que las cosas se hacían bien” porque las mismas se publicaban en el Boletín Oficial. “En muchos de los casos salía publicado en el Boletín Oficial la cesión de créditos, como resolución del Ministerio de Economía”, dice más adelante el contador.

Las compensaciones tributarias están regladas por el artículo 75 del Código Fiscal, dónde el proveedor del Estado acredita tenencia de créditos líquidos y exigibles ante un organismo, los que una vez aprobados por la Tesorería y la Contaduría General de la provincia, se aprueban para su compensación por impuestos por medio de una resolución del Ministerio de Economía. Para las partes, en esta causa, hasta el momento, la estafa no salió de la ATER. Sin embargo, el comentario de Schmukler abre la puerta a que la investigación avance en otros organismos del gobierno. Para que un acto administrativo llegue al Boletín Oficial debe tener el consentimiento de todas las áreas intervinientes. ¿Morían o no en ATER las compensaciones truchas? Es la pregunta que Schmukler obliga a hacer a la Justicia.

La jueza Marina Barbagelata solicitó a la cartera que conduce Diego Valiero resoluciones en las que se autorizaba trámites de compensación de impuestos con deuda líquida y exigible del Estado en el período del 1º de enero de 2012 a la fecha. Ese fue el primer período que denunció su titular, Marcelo Casaretto.

Valiero respondió con una lista de firmas que fueron autorizadas a compensar deuda en ese período, es decir desde que se creó la ATER. Ellas son Selplast S.A; Haimovich Hermanos S.A; El Cuyano S.R.L, Enersa S.A, Entre Ríos Medios S.A, Farmacia Metrailler, Bodemman Distribuciones; SRA. María Mangioni; Quaranta SRL; y el Instituto Nefrología Entre Ríos Siglo XXI.

En un informe –al que tuvo acceso Página Judicial oportunamente- se desprende que durante el período denunciado por el titular de la ATER, esto es desde el 1º de enero de 2012 hasta el presente, el 62 por ciento de las compensaciones gestionadas desaparecieron. Durante todo ese tiempo, el Estado canceló a contribuyentes 28.874.127,33 millones de pesos. Casaretto denunció una estafa por 18 millones.