Los abogados Rubén Pagliotto, presidente del Colegio de Abogados, y Guillermo Mulet, -querellante en la causa por las cosechadoras trucas- denunciaron penalmente al ex gobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri; a sus hijos, su cuñado Juan Pablo Aguilera, y su esposa Ana Lía Aguilera.

Piden que se investigue el presunto enriquecimiento ilícito de la familia y llevan como prueba la nota publicada por el semanario Análisis en la que se lista la serie de propiedades y empresas adquiridas por la familia en los años en que Urribarri estuvo a cargo del Ejecutivo, entre otras la finca a orillas del Lago Salto Grande.

Los abogados acudieron a la Procuración General de la provincia, a cargo de Jorge García, y plantearon la demanda para iniciar una investigación judicial que apunte a determinar si el ex gobernador, algunos de sus hijos y su cuñado, cometieron ilícitos en rol de funcionarios públicos, vinculados al asombroso crecimiento patrimonial de bienes personales.

Según lo informó Análisis Digital, los denunciados son “Sergio D. Urribarri, ex gobernador de la provincia y actualmente diputado provincial; sus hijos Sergio Damián Urribarri, quien habría sido empleado público en el área del Ministerio de Gobierno de la provincia hasta hace menos de dos años; Mauro Gabriel Urribarri, actualmente ministro de Gobierno de Entre Ríos -ex Secretario de la Cámara de Senadores de la provincia- y Juan P. Aguilera -ex funcionario de la Cámara de Senadores de la provincia y director o representante de la Casa de Entre Ríos en Capital Federal”.

“Todos los nombrados aparecerían como sujetos activos del delito que precipitaría en la figura del Enriquecimiento Ilícito de Funcionario o Empleados Públicos, prevista en el art. 268º, inciso 2 del Código Penal”, se planteó en la demanda.

“A su vez y a unísono, la presente denuncia penal se dirige también contra Ana Lía Aguilera, Bruno Saúl Urribarri y Franco D. Urribarri -esposa e hijos, respectivamente, de Sergio D. Urribarri-, por fungir de personas interpósitas para disimular el enriquecimiento, sobre todo, del ex gobernador y actual diputado provincial. También, contra toda otra persona que haya desempeñado el rol de interpuesta para disimular el incremento patrimonial aludido, tal el caso de los nombrados tangencialmente en la nota periodística: Luciana Ma. Belén Almada; Emiliano G. Giacopuzzi; Alejandro Luis Almada y Maximiliano Romeo Sena”, se detalló luego.

La nota y la denuncia

La denuncia parte de la “clara y enjundiosa nota periodística”, publicada en la Edición Número 1035 de la revista Analisis, de autoría del periodista Daniel Enz.

“De la atenta lectura de la nota -fotos ilustrativas incluidas- se da cuenta -de modo incontrastable e inequívoco-, de un meteórico, desproporcionado y cuantioso crecimiento patrimonial de los denunciados, en abierto contraste con su condición económica previa al acceso a sus cargos y los emolumentos percibidos. Piénsese por caso, que Sergio Daniel Urribarri pasó sin solución de continuidad de empleado bancario de baja categoría (cajero) del Banco de Entre Ríos, a ocupar una banca en la Cámara de Diputados a principios de la década del 90 y desde allí jamás dejó de formar parte -en distintos cargos- del funcionariado del gobierno provincial -varias veces diputado, ministro de Gobierno, dos veces gobernador y en la actualidad, nuevamente legislador provincial-. Ello pone en evidencia, sin ambages, que fuera del circuito de la burocracia administrativa pública, el ex gobernador y actual diputado, no se le conoce actividad privada ni profesión u oficio de los que pudiere percibir emolumentos que colaborasen con el exagerado incremento de bienes que forman parte de su acervo patrimonial, sea de forma personal o a través de familiares o demás terceros, como da cuenta la especie periodística”, se consideró en la denuncia.

En el texto de la demanda, se recuerdan las investigaciones de la revista que “generaron intervención tribunalicia y algunas condenas”. “Citemos los casos por enriquecimiento ilícito de Mario Yedro, Augusto Alasino, Domingo Daniel Rossi, Raúl Rico, Eduardo Macri y José Ángel Allende -también por negocios incompatibles con la función pública-. Fueron condenados Yedro y Rossi. El caso de Yedro sentó un precedente importante: la Justicia le expropió un campo valuado en 6 millones de dólares, precisamente el predio denunciado como adquirido con dineros de la corrupción. Respecto de Rossi y como hecho histórico, la Justicia uruguaya abrió por primera vez el secreto bancario de cuentas pese a no estar aún procesado. Agreguemos el caso Senado provincial -presidencia Alanis-, cuyos imputados irán a juicio oral; caso ATN/Aciser, donde se condenó a Oscar Mori y a la ex concejal Liliana Morard y el del empresario Roque Carmona, por defraudación millonaria en Paraguay -estuvo dos meses preso pero la justicia argentina no concedió la extradición pese a las pruebas contundentes reunidas en la causa-. Y por estos días, los resonantes casos por abusos graves que involucran a los curas Justo Ilarraz y Marcelino Moya y al ex director de Cultura de Urdinarrain, Javier Broggi”.

“Entiéndase que el aumento patrimonial se debe medir teniendo en cuenta –al momento de la asunción del cargo público- la capacidad o la solvencia económica del funcionario comparado con las posibilidades reales de crecimiento económico posteriores a esa asunción del cargo. Es decir, el aumento patrimonial debe ser proporcional a las posibilidades de crecimiento económico que el cargo público le permitirían al autor”, se explicó.

La demanda abunda en normativa nacional e internacional sobre delitos de corrupción. Y, además, cita las palabras del gobernador Gustavo Bordet ante la Asamblea Legislativa, el día de la asunción a su cargo, cuando insto a la transparencia en el manejo de la cosa pública.

“Acaso como para echar luz sobre el particular y la especial forma de generar jugosos ‘negocios’ por parte del ex gobernador en el ámbito de la administración pública y amigos personales, se impone como oportuno y pertinente agregar una impresión de una nota aparecida en el día de la fecha en la versión digital de Análisis, bajo el sugerente título: El gobernador Bordet no estaría dispuesto a darle luz verde a la idea de Urribarri y Ballay de contratar una consultora para la ATER. La envergadura y a todas luces sugestiva e innecesaria contratación entre un empresario amigo del ex mandatario y la agencia tributaria, nos releva de consideraciones ulteriores. Sólo confirma la inveterada costumbre de Urribarri -Sergio Daniel- de confundir negocios públicos y privados y la sensación de que las ganancias implícitas o explícitas se direccionaban siempre en su provecho, directa o indirectamente, a instancias de interpuestas personas”, continúa la demanda de Pagliotto y Mulet, difundida por el sitio digital.

Pruebas

En el escrito, se sugieren otras pruebas, además del ejemplar de la revista: testimonial del periodista y director del medio Daniel Enz; oficio a la Oficina Anticorrupción (“de existir la misma”, dicen) para que remita declaraciones juradas de los señores Sergio D. Urribarri; Mauro G. Urribarri; Sergio Damián Urribarri y Juan P. Aguilera; oficio a la AFIP-DGI con declaraciones juradas de los denunciados junto con la categoría de contribuyente que revisten, impuestos y actividades que realizan; oficio de similares características a la ATER junto con el listado de inmuebles propiedad de la familia e impuestos y actividades que realizan.

Proponen también “pesquisar la cantidad y tipo de contrataciones establecidas entre la firma 5 tipos, TEP SRL y NEXT SRL y el Poder Ejecutivo y/o Legislativo, desde el año 2007 en adelante” junto con memorias y balances de las personas jurídicas mencionadas.