El Superior Tribunal de Justicia (STJ) suspendió por decisión unánime de sus integrantes a Marcelo Baridón hasta tanto se resuelva su situación tras la denuncia de abuso sexual interpuesta por un menor que estaba a su cargo.
El juez denunciado había solicitado licencia, a lo que el alto cuerpo hizo lugar, sin perjuicio de lo cual se lo suspende mientras esté sometido a proceso penal (con goce de haberes porque no es una sanción). El artículo 21 de la ley orgánica del Poder Judicial 6902 expresa que “los magistrados, funcionarios o empleados sometidos a jurado de enjuiciamiento, a proceso penal o sumario administrativo que puedan dar lugar a la cesantía o exoneración, podrán ser suspendidos mientras dure la tramitación de la causa”.
Más allá de la interpretación y aplicación de este punto de la norma suena lógico que el magistrado, en principio, no acuda al edificio de tribunales para evitar generar sospechas de hacer uso de sus relaciones y entorpecer la pesquisa. No obstante, eso se puede realizar desde cualquier lugar del mundo.
La investigación está a cargo del fiscal Oscar Sobko y el integrante de la Cámara Contencioso Administrativo designó como representante al abogado Leopoldo Lambruschini.
El Superior Tribunal le pidió la semana pasada al procurador general, Jorge Amílcar Luciano García, un informe sobre la existencia y el estado de la denuncia contra el magistrado ante las repercusiones públicas que tuvo el caso. La petición la argumentó a partir de lo que indica la ley orgánica al concederle funciones de control “sobre la conducta de todos los miembros del Poder Judicial” y la obligación de que quienes integren el Poder Judicial tengan “una conducta irreprochable”. García se ampara en el Código Procesal Penal de Entre Ríos, que establece que solo tienen acceso al legajo las partes y sus defensores.
Lo cierto es que Baridón fue suspendido, lo que quedará impreso en su legajo.
Esperanzas
Este martes, la Asociación de la Magistratura y la Función del Poder Judicial en Entre Ríos emitió un comunicado en el que se hace eco del caso y hace saber que respeta “los derechos, tiempos e intimidad de la persona que denuncia, así como los de su entorno más cercano” y confía “en que la investigación se realizará con la debida diligencia, imparcialidad e independencia por parte de los funcionarios/as y magistrados/as que intervengan en el proceso, con el cuidado de los derechos y garantías de todas las partes”.
La entidad que representa a los funcionarios judiciales dijo reafirmar el “compromiso con la justicia y los derechos humanos”, espera “que se llegue a la verdad” y que “la condición de juez de la persona denunciada” no constituya “un obstáculo para alcanzar tan alto objetivo”.
Fuente: Página Política
