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Denunciaron que en el Consejo del Menor se expone a chicos a situaciones de abuso y violencia

Trabajadores del Consejo del Menor elaboraron un fuerte documento en el que denuncian egresos compulsivos de niños que vuelven a situaciones de abuso y violencia, burocratización del funcionamiento del organismo y autoritarismo que conl

En un trabajo elaborado en asambleas por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y presentado a Dora Jávega, se apunta: “Por nuestra experiencia en la temática podemos aportar nuestro saber para viabilizar o al menos introducir el debate que genera asumir la corresponsabilidad del cumplimiento de la ley. Sin embargo, hemos experimentado la censura de la palabra verbal y escrita”.

Los trabajadores denunciaron que la conducción del Consejo Provincial del Menor, a cargo de Dora Jávega, les exige “aplicar las normativas administrativas surgidas de la ley a la realidad de las familias, reduciendo los problemas de éstas solo a la pobreza material. Con este falso diagnóstico se dispusieron egresos compulsivos de niños, niñas y adolescentes que permanecían en instituciones con internación, sin la resolución de los verdaderos motivos que dieron lugar a los ingresos, siendo en su mayoría problemáticas relacionadas con abuso sexual, violencia familiar y abandono físico y afectivo”.

Según se indicó, como consecuencia de esta política, “muchos niños y adolescentes vuelven al mismo contexto familiar, quedando expuestos nuevamente a un estado de desprotección, vulnerabilidad y abandono”, subrayaron en el documento al que accedió la Apf.

Asimismo, critican con dureza la “absurda preeminencia del cumplimiento de trámites burocráticos por sobre los criterios y propuestas de intervención que los profesionales realizan en las situaciones que abordan ya que con ello se pone en riesgo la vida de las personas y se expone a los profesionales como potenciales culpables y responsables de lo que les suceda a las familias”.

Más adelante manifestaron también su adhesión al espíritu de la Ley Nacional de Minoridad Número 26.061 -a la cual no se ha apoyado desde la Legislatura entrerriana-, pero apuntaron que de la normativa se desprende el principio de “corresponsabilidad en gestión”, que debería obligar a todos los organismos públicos, privados y de la sociedad civil al cumplimiento de los derechos enunciados. “Sin embargo la presente gestión no ha generado los mecanismos de interacción necesarios que garanticen esta responsabilidad”.

En ese marco, cuestionaron la falta de acuerdos con la Justicia, las áreas de educación, acción social, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) u organizaciones no gubernamentales, quedando la articulación en manos de cada profesional “y dependiendo de la buena voluntad de los profesionales de estas instituciones, siendo los trabajadores los únicos ejecutores y responsables de lo enunciado en la ley. Esta modalidad sólo ha sido posible sosteniendo distintas formas de violencia institucional, a través de diferentes tipos de presiones, sanciones y amenazas, lo cual genera miedo, desconfianza, inseguridad e inestabilidad laboral”, plantearon.

Los trabajadores también se quejaron por la “contradicción entre el discurso y el modo de hacer, es decir, la metodología de aplicación de las políticas que actualmente la Junta Ejecutiva y sus funcionarios políticos disponen llevar adelante, ha sido unidireccional, verticalista y autoritaria, sin dar lugar al debate, la participación y la construcción conjunta. Consideramos que por nuestra experiencia podemos aportar nuestro saber para viabilizar o al menos introducir el debate que genera asumir la corresponsabilidad del cumplimiento de la ley. Sin embargo, hemos experimentado la censura de la palabra verbal y escrita”.

En el mismo sentido, acotaron que “bajo la consigna de ‘terminar con las viejas prácticas’ y con escasas directivas que cambian permanentemente, cada Dirección (del Consejo) y sus respectivas dependencias funcionan como islas, en un activismo irreflexivo. Se incurre en constantes contradicciones: un claro ejemplo es que a través de un criterio administrativo se define el ingreso de un oficio a la derivación a un área técnica, quedando siempre expuestos a desacuerdos y malos entendidos, considerando que la disolución de (el área) Admisión ha sido un retroceso en cuanto a la definición del abordaje adecuado a cada nueva situación”.

De acuerdo a lo manifestado en el documento, estas condiciones laborales impactan en la salud psicofísica de los trabajadores lo que “se visualiza claramente en las adscripciones de profesionales a otros organismos con la consiguiente pérdida del recurso humano calificado para la tarea, y a su vez genera sentimientos de inadecuación y frustración al no poder responder adecuadamente a la magnitud de la tarea asignada y posibilidades concretas de hacerlo. Por esto han sido significativos los pedidos de licencias prolongadas, las renuncias a cargos con nivel de responsabilidad (jefaturas, coordinaciones de programas y servicios de protección de derechos), luego de habérseles exigido y depositado toda la responsabilidad de lo que sucediera en determinadas situaciones en las que intervenían sin considerar los tiempos y condiciones concretas de existencia de las personas”, alegaron.

Ante este panorama, los trabajadores propusieron declarar al organismo como “servicio crítico”, reclamaron que los tres poderes del Estado se expidan “formalmente” sobre la Ley de Minoridad Número 26.061 y pidieron también que las políticas sean “consensuadas con quienes las llevan adelante”.

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