El plenario de Secretarios Generales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) dio continuidad al plan de lucha con la aprobación de seis días de desconexión virtual de los docentes en las jornadas 11, 12 y 13 y 19, 20 y 21 de agosto.
Así lo aprobó el Plenario de Secretarios Generales del sindicato que tuvo este viernes reunión virtual y fijó posición ante la situación económica y social que atraviesa el país y la provincia en el contexto de pandemia.
En este marco, denunciaron el deterioro del salario, cuestionaron la Ley de Emergencia en los artículos que previeron incrementos a la Caja de Jubilaciones para activos y pasivos con suelos nominales de más de 75 mil pesos; instaron a una reforma tributaria por la cual no sean los trabajadores los que paguen la crisis.
En lo que refiere al sector, reclamaron la renegociación de salarios en paritaria, equipamiento básico para la conectividad de los docentes y se exigió que todo aumento salarial sea percibido en blanco, entre otros puntos.
Declaración
El plenario afirmó que “frente a la situación sanitaria de la Argentina y en particular de nuestra provincia, creemos necesario remarcar en primer lugar, la enorme preocupación que vivimos como sociedad ante el avance de la pandemia y la consecuente crisis económica que esta situación acarrea a todos los argentinos”.
En este marco, se apuntó que “mientras los grupos concentrados de la economía fuerzan la política para no ver afectados sus intereses económicos, los sectores populares peleamos por sobrevivir. El escenario de la pandemia, puso al rojo vivo las desigualdades producidas por las políticas neoliberales”.
Instaron a fortalecer la atención a la población sujeta a la pobreza, situación en la que se encuentran trabajadores de la educación ante “la escalada inflacionaria que se viene dando, sobre todo a partir del pico del 53,8 % en 2019”. “La inflación oficial acumulada en lo que va del año ronda el 15 %. Frente al valor de la canasta, el salario testigo fue retrocediendo en forma alarmante. La pandemia llegó en marzo con una discusión irresuelta, que hasta hoy sigue suspendida y debe retomarse ya”, reclamó Agmer que también describió la sitaución de otros sectores en un escenario en el que “decenas de PYMES cierran sus puertas a diario; los trabajadores en relación de dependencia pierden sus fuentes laborales, y si las conservan, tienen cerradas las discusiones paritarias”.
Crisis
Cuestionaron que el contexto haya justificado la sanción de la Ley de Emergencia en la provincia por la que “los principales perjudicados son los trabajadores y jubilados. Una vez más, quienes han venido sosteniendo los servicios básicos y esenciales de la comunidad (salud, comedores y educación, entre otros) costeado con recursos propios, deben ser quienes garanticen las funciones inherentes al Estado Provincial. Para decirlo en término de porcentaje: más del 64% de los recursos que el Estado piensa recaudar con esta ley, será aportado por trabajadores y jubilados, que lejos están de ser los que más ganan, como sostiene el gobierno en sus fundamentos de dicha ley. Estos mismos trabajadores ya venían siendo castigados por el impuesto al salario, (mal llamado impuesto a las ganancias), y ahora reciben un nuevo descuento, mientras que Bancos y Financieras aportarán el 15%, los terratenientes de más de 1000 hectáreas, el 7%; y Laboratorios y Farmacias, el 12%”, insistió Agmer.
Se exigió apuntar a que paguen “quienes más se han visto beneficiados en los últimos años y jamás aportaron”. “Frente a la disminución de la capacidad fiscal y sus consecuencias sobre las finanzas públicas provinciales, se debe impulsar la aprobación del proyecto de impuesto a los bienes personales (conocido como impuesto a la Fortunas) para los grandes patrimonios, revisar el rol del agente financiero de la Provincia, en función de asistir y promover las actividades económicas de interés para el desarrollo productivo regional, y la urgente corrección del esquema tributario, en cuanto al Impuesto Inmobiliario Rural, desalentando la especulación, la existencia de latifundios y la primarización de nuestra economía”, se remarcó.
Valoraron el Ingreso Familiar de Emergencia y su incremento para el mes de septiembre aunque se advirtió que es insuficiente ante “las necesidades que atraviesan los sectores populares y las economías regionales”. “Observamos cómo el Gobierno de Gustavo Bordet, implementó la Ley de Emergencia, descargando lo principal de la crisis sobre los trabajadores, totalmente a contramano de las políticas públicas que necesita nuestro pueblo en este contexto para la asistencia de trabajadores y PyMes, y la necesidad que los que más tienen, hoy deben realizar un mayor esfuerzo para paliar esta crisis”, se comparó.
También se fijó posición ante la destrucción del ecosistema en los humedales del delta. “Los incendios que hoy arrasan con más de 50.000 hectáreas ponen en evidencia la desprotección legal y real que sufre desde hace ya mucho tiempo este ecosistema fundamental para la vida del planeta. Las quemas intencionales para obtener el rebrote de pastura para la ganadería, la expansión de la frontera agroindustrial, los terraplenes y emprendimientos inmobiliarios privados sumado a la bajante del río Paraná, ponen a los humedales del Delta en un situación crítica que necesita una respuesta urgente e integral de parte de los responsables”, se advirtió y se exigió “un proceso judicial rápido de las causas que ya se han presentado a nivel local y provincial para detener los incendios y juzgar a los responsables, así como un tratamiento legislativo serio de una ley de humedales integral, que priorice la mirada ecocéntrica por sobre la productividad económica”.
Educación virtual
“Somos nosotros quienes en la actualidad estamos sosteniendo la Educación de la provincia, haciéndonos cargo, como en tantas otras ocasiones, de los insumos básicos para llegar a cada estudiante; esto es: conectividad, fotocopias, crédito de los propios celulares, computadoras, etc. Por todo lo expuesto es que se hace necesario y en forma urgente una recomposición salarial que demuestre que el estado provincial se responsabiliza de garantizar un presupuesto que haga viable la educación pública como derecho social, que contemple los índices inflacionarios actuales, la canasta alimentaria y, en definitiva, un sueldo digno para todas las trabajadoras y trabajadores de Entre Ríos”, reclamó Agmer.
En el petitorio, se apuntó el reclamo por “un salario mínimo inicial no inferior a la línea de pobreza y un porcentaje anual para todo el escalafón docente, activos y jubilados, de equiparación con el proceso inflacionario”. Además, se exigió que todo aumento sea en blanco, se rechazó “el pago escalonado del SAC”, se pidió el pago inmediato “del saldo pendiente del SAC” y se reclamó la visualización “de los recibos de haberes en tiempo y forma”.
