Entre Ríos tiene al Estado como el principal promotor de empleo. La masa salarial y jubilaciones implican, en el presupuesto, un 90 por ciento. El funcionamiento se compone de un 70 por ciento por coparticipación nacional y el 30 restante por la recaudación provincial.

La pandemia del coronavirus planteará, sin dudas, una reconfiguración del Estado en muchas partes del mundo. No solo por quienes conducen las instituciones hayan reflexionado ante este drama global, sino porque la sociedad entendió que en el Estado está la garantía para vivir. Si éste mismo es quien debe garantizar la salud, derechos laborales, a la alimentación y más, será éste entonces el que se deba reformular y siga siendo la garantía para todos.

Gustavo Bordet había convocado ante la Asamblea Legislativa a todos los sectores para empezar a discutir una reforma previsional. Con extrema cautela por la sensibilidad del tema, el ministro de Economía, Hugo Ballay, le adelantó a los docentes en la mesa paritaria que no se tocará el 82 por ciento móvil ni se subirá la edad jubilatoria. ¿De dónde saldrán los fondos para garantizar la sustentabilidad del sistema, como pretende el Gobernador? La Caja de Jubilaciones no estalla por los aires por el aporte de Nación. Esa es la foto actual, que es de esperar que se repita.

Eliminar el 82 por ciento móvil sería la reforma más dramática que se pueda hacer. También el peor de los retrocesos. De ahí en adelante- lo reconocen en silencio la política y el sindicalismo – está todo para discutirse. El crecimiento de la expectativa de vida; y las jubilaciones de privilegio son las cosas que se escucharán cuando la convocatoria se formalice y se abra el debate.

Las reformas políticas y judiciales, también en el tintero del Gobernador, deberán incorporar el gasto de su funcionamiento. El aporte que se hizo al inicio de la gestión con el congelamiento de los salarios por 180 días en los poderes legislativo y judicial en el marco de un “proceso solidario” impulsado por el gobierno de Alberto Fernández; y el recorte salarial de un 50 por ciento (que terminó siendo sobre el básico en el caso de los magistrados) ante la pandemia que surgió al calor de una situación excepcional; deberían ser vigas de reformas urgentes.

Por estos días escuchar a legisladores, dirigentes y magistrados encontrando abusos en el campamento ajeno demuestra que el Estado destina fondos innecesarios (o dudosos), además del mal gusto de hablar de miles de pesos en una época dramática. ¿No es momento de sincerar e igualar?

¿Cuánto se ha incrementado el presupuesto en la Legislatura en los últimos años? ¿Cuántos asesores necesitan diputado o senador? ¿Cuántos proyectos se han aprobado surgidos desde ese cuerpo y no a pedido del Ejecutivo? ¿Tienen razón de ser algunos entes del Estado que fueron creados en un contexto que ya no es el actual? ¿Puede haber salarios por arriba de los 300 mil pesos en personal (directivos) de puertos que no tienen ni siquiera actividad? ¿Por qué el Poder Judicial está exento de impuestos? ¿Por el principio de intangibilidad, que garantiza su independencia, de la que ya nadie cree incluso en el seno mismo de algunos tribunales? ¿Se puede seguir esgrimiendo este principio? ¿Un vocal o cualquier funcionario de ese rango puede cobrar medio millón de pesos por mes en Entre Ríos? ¿Por qué el servicio de justicia tiene que ser remunerado con porcentajes cinco veces mayor que un operador de la salud pública?

¿Puede un empresario que reconoce haber pretendido cobrar sobresueldos al Estado seguir siendo proveedor del mismo? La empresa constructora OICSA admitió haber querido cometer un delito, como es cobrar por una obra más de lo que vale, en un convenio. Dos semanas después y en pleno juicio, la firma comenzó la extensión de la red de gas natural en Pueblo Belgrano. Hay un proyecto de ley en el Senado que pone la lupa sobre las empresas proveedoras con causas judiciales.

No hay ley de Ética Pública que permita saber cómo viven quienes administran lo público. No los dirigentes políticos, sino todos. También proyectos duermen hace años en los cajones de la Legislatura. El financiamiento de la política, que es un oficio que cuenta nada más ni nada menos que con la legitimidad del pueblo que elige libremente, debe ser regulado por una ley. Lo demás es corrupción.

La política y la Justicia atraviesan la peor de las tormentas que es la de la credibilidad. Ese clima aparece como la antesala de los autoritarismos. En todos los ámbitos hay buenos y malos. Pero no se va ni se pena a nadie. En eso también opera la solidaridad de uno con otros.

Las dos instituciones de la democracia, como son la Legislatura y el Poder Judicial, sacan cuenta de lo que gana y hace el otro. Mientras tanto la sociedad deglute sus legitimidades, ya no por el servicio que se presta, sino por lo que se cobra. La clase media, la que mayor capacidad de movilización y expresión ha demostrado tener, saca la cacerola en la cuna de la coalición que gobernó el país hasta el 10 de diciembre pasado, incrementó la pobreza, desmanteló lo público y tributan las grandes empresas que operan en el país. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Piden un recorte en la política en un momento donde la política vuelve a demostrar que sin ella no hay garantías ni derechos.