Mariana Farfán quedará registrada en la historia parlamentaria del último tiempo por haber hecho referencia a un tema que el peronismo desde el 2005 a la fecha decidió callar. Ese año, durante la gestión de Jorge Busti, se firmó un convenio con el Grupo Petersen para que el Bersa se convierta en el agente financiero de la provincia. El entonces diputado radical, Fabián Rogel, fue el vocero de una dura crítica al convenio que rige en la actualidad. Ese dirigente, como convencional constituyente, fue también autor del artículo 74 de la Constitución Provincial que crea un banco estatal. Luego de un largo silencio el tema lo retomó el diputado del PRO, Esteban Vitor y la semana pasada se expresó la referente de izquierda, Nadia Burgos. La pandemia del coronavirus fue el contexto para la polémica y el banco vuelvan a estar sobre la mesa.

La diputada de Gualeguaychú, enrolada en el peronismo, presentó un proyecto de declaración en el que solicita al Poder Ejecutivo, que arbitre las medidas y gestiones para que la entidad bancaria “suministre la instalación de nuevos cajeros automáticos, fijos o móviles, en cada barrio o zona de las ciudades de la provincia donde presta servicios, para asegurar el derecho a la salud, garantizar el cumplimiento de los derechos de los consumidores y usuarios, resguardar el derecho de las personas adultas mayores, discapacitadas, mujeres embarazadas y demás personas en situación de vulnerabilidad, todos ellos previstos y amparados constitucionalmente y por los tratados internacionales con jerarquía constitucional, así como también preservar el debido cumplimiento de la normativa de emergencia dictada por el gobierno nacional”.

La legisladora cita la cláusula tercera, punto 3.4, del Contrato de Agente Financiero suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., aprobado mediante Ley 9645 del 15 de septiembre de 2005, y prorrogado mediante decreto 455/2015 del 11 de marzo de 2015 durante la segunda gestión de Sergio Urribarri. Este año debe volver a renovarse, lo que se ha convertido, en una política de Estado.

Farfán, además, solicita al Poder Ejecutivo, que en caso que se renueve el contrato, se le exija nuevos cajeros en barrios y zonas que permitan asegurar los derechos referidos precedentemente, como así también la obligación de sumar terminales móviles en casos de dictado de emergencias, para lograr las respuestas oportunas que necesite la comunidad en tales contingencias”, según el texto al que Página Política tuvo acceso.

En sus fundamentos, la diputada sostiene que “como consecuencia de una bancarización en crecimiento exponencial, cada vez mayor cantidad de personas deben recurrir al servicio de un cajero automático, que se ha constituido desde ya hace un largo tiempo en un servicio tecnológico de uso indispensable, y un sustituto de la tradicional ventanilla bancaria caracterizada por su condicionamiento horario y por las largas esperas (que incluso en muchas entidades bancarias se realizan de pie por falta de asientos disponibles), para el acceso a una atención personalizada”.

Farfán cuestionó la distribución de cajeros automáticos, que “a pesar de haber descentralizado y despersonalizado la atención bancaria, en su mayoría se encuentran dentro de propias entidades bancarias. A su vez, éstas se encuentran usualmente en el micro centro de las ciudades. Este diseño produce reducción de costos para estas entidades, pero conlleva visibles complicaciones para las y los usuarios”, puntualizó.

La gualeguaychuense menciona que en determinadas fechas y ciertas circunstancias, se producen extensas filas de espera frente a los cajeros automáticos, lo que tiene como consecuencia que los “usuarios y consumidores deban padecer situaciones derivadas del tiempo estacional o de otras eventualidades o emergencias”. Además, se agrava aún más cuando se trata de personas adultas mayores, con discapacidad, embarazadas, u otras personas que puedan estar en situaciones de vulnerabilidad.

Parecería ir en consonancia con el otro peronista que tuvo la misma observación en la calle ante las colas que se producían en las bocas de expendios del Bersa. El ex intendente de Concordia, Elvio Bordet, padre del gobernador, y en carácter de ciudadano común lo expresó en un post del 9 de diciembre pasado. Todavía la publicación está en su perfil.

Derechos

Farfán enfoca su planteo en los derechos a la salud, los consumidores y usuarios, adultos mayores, mujeres embarazadas y de personas con discapacidad. Todos tienen jerarquía constitucional. El artículo 42 de la carta magna nacional expresa que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”. El artículo 30 de la provincial, por su parte, dispone que “se garantiza la defensa de los derechos de consumidores y usuarios de bienes y servicios públicos y privados”.

Cita la diputada la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, entre otros ámbitos jurídicos internacionales.

Para terminar, la diputada de Gualeguaychú resalta que el convenio de agente financiero dispone como obligación prestar los servicios “en condiciones de eficiencia y transparencia y de acuerdo con los estándares del mercado para las instituciones de primera línea”.