Convocado por el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, el defensor General de la provincia, Maximiliano Benítez, brindó un extenso informe sobre la situación penitenciaria en Entre Ríos en el marco de la pandemia del coronavirus. Representantes de los distintos bloques participaron de la reunión a través de la plataforma virtual utilizada para darle continuidad a la actividad legislativa. El encuentro sucede en plena polémica con cacerolazos en distintos puntos del país por la salida de presos autorizadas por el Poder Judicial en el marco de la cuarentena por el coronavirus.

El sistema penitenciario, la cantidad de internos en las cárceles, las prisiones domiciliarias determinadas por los Juzgados de Ejecución de Penas, fueron algunos de los temas abordados a través de una videoconferencia por más de dos horas. También las resoluciones del Servicio Penitenciario para evitar prevenir contagios y actuar con protocolos ante casos sospechosos.

“El objetivo principal de esta reunión es analizar la situación en el marco del Covid-19 de quienes están privados de la libertad y de los pocos casos, que a partir de distintas peticiones, hoy se encuentran con prisión domiciliaria”, manifestó Giano y sostuvo que la idea de poder conversar con el defensor general surgió de varias conversaciones con diputadas y diputados por lo cual agradeció la oportunidad

Benítez explicó que “el problema de las instituciones penales es que son más vulnerables al contagio y a la rápida propagación del virus, por lo tanto se debe trabajar en materia de salud para brindar soluciones que impidan mayores inconvenientes en el sistema”, aclaró el defensor General. Y agregó: “Estamos en medio de una situación que no se da solamente en Entre Ríos, sino que se repite a nivel nacional e internacional y que nos obliga a pensar en acciones para evitar complicaciones tanto dentro de las unidades penales como fuera de las mismas”, dijo Benítez en referencia al otorgamiento de prisión domiciliaria a internos que se encuentran en los grupos de riesgo por edad o por problemas de salud, y libertad condicional a quienes se encuentran cerca de concluir las condenas.

“Estas medidas deben ser tomadas de manera racional, paulatina y ordenada, y para eso es importante comprender la situación de los presos, sabiendo que la mayor cantidad de internos se encuentran con causas por delitos menores contra la propiedad y sin violencia contra las personas”, aclaró.

Atento a las acciones adoptadas por la Justicia entrerriana, el magistrado hizo un extenso análisis de la actualidad del sistema penitenciario frente a los legisladores de la Cámara baja, quienes siguieron la reunión de manera virtual a través de una plataforma y formularon sus consultas en el marco de un encuentro en el que se abordaron además distintos temas de importancia legislativa.

Los representantes de los todos bloques solicitaron a Benítez el detalle pormenorizado de la cantidad de internos que fueron beneficiados con las resoluciones judiciales. Coincidieron en la necesidad de que se concreten acciones que mejoren el funcionamiento de los órganos de control y vigilancia de aquellos reclusos que recibieron modificaciones en la ejecución de sus penas.

Por otra parte, los integrantes del cuerpo se interiorizaron con preocupación sobre el estado actual del sistema penitenciario entrerriano y expusieron sus ideas ante la problemática de la superpoblación carcelaria en las unidades penales de la provincia.