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Diputados tardó un año en publicar un decreto

El texto crea un sistema de acceso a la información pública. Está vigente desde diciembre de 2006, pero recién apareció en el Boletín Oficial en noviembre. La información tiene límites, y puede

Quizá el texto se traspapeló, o alguien se olvidó completar el circuito administrativo necesario, o el expediente se atascó en alguna oficina oscura, o a lo mejor no se lo creyó importante.

Cualquier conjetura es válida para empezar a entender por qué la Cámara de Diputados de la provincia tardó casi un año en publicar en el Boletín Oficial el texto de un decreto por el cual se instrumentó un sistema de acceso a la información por parte de los ciudadanos.

Como fuere, el decreto Nº 58 de la Cámara de Diputados, fechado el 21 de diciembre de 2006, recién se publicó en el Boletín Oficial el lunes 26 de noviembre de 2007. La norma dio cuerpo al reglamento que regula el mecanismo de acceso a la información pública.

El artículo 3º de esa reglamentación establece que el acceso a la información pública “constituye una instancia de participación ciudadana por la cual toda persona ejercita su derecho a requerir, consultar y recibir información”. Y el artículo 4º asevera que la finalidad del acceso a la información pública apunta a “permitir y promover una efectiva participación ciudadana, a través de la provisión de información completa, adecuada, oportuna y veraz”.

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Pero a tenor de los demorados tiempos para dar a conocer ese sistema de acceso a la información,. la premisa de los legisladores de proveer datos en forma “oportuna” se convierte en letra muerta. Al justificar la creación de ese sistema de transparencia, la Cámara de Diputados señaló que “constituye un objetivo de esta administración fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad civil, a fin de fortalecer la democracia”, pero además recuerda que “la Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública”.

Y resalta también “el principio de publicidad de los actos de gobierno que caracteriza al sistema republicano y que conlleva al poder de los ciudadanos de ejercer un control sobre los actos de gobierno”. Todo eso junto, argumenta la Cámara, “contribuye a reforzar la Democracia pues tiende a lograr una eficaz participación de los ciudadanos en los distintos ámbitos mejorando con ello la calidad de las instituciones”.

Un año después de que el sistema haya sido creado, y ya sobre el final de la actual gestión legislativa, ahora se sabe que en Diputados toda “persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, sin la necesidad de acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado. Y que ese acceso a la información “es gratuito en tanto no se requiera su reproducción. Las copias son a costa del solicitante”.

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Según establece el texto del decreto Nº 58, todo organismo de la Cámara de Diputados “está obligado a permitir el acceso a la información en el momento que le sea solicitado o proveerla en un plazo no mayor de 20 días. El plazo puede ser prorrogado en forma excepcional por otros 20 días, de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada”.

En caso de no permitir el acceso a la información, dice la norma, “será considerado incurso en falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran caberle conformar lo previsto en los Códigos Civil y Penal de la Nación”. Aunque no siempre estarán obligados a franquear el paso a las preguntas de los ciudadanos.

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El Poder Ejecutivo instrumentó un sistema de acceso a la información pública a través del decreto 1.169, publicado en el Boletín Oficial el 1º de abril de 2005. Los argumentos que utiliza la Cámara de Diputados para poner en práctica su propio sistema de transparencia es una copia fiel de aquella primera norma.

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