Por Carina Domínguez
secretaria Adjunta de UPCN
En los últimos meses, políticos y funcionarios de nuestra provincia parecen haber encontrado en la discusión sobre salud mental un punto central de sus propuestas.
El caso Goyeneche tuvo su capítulo en la Legislatura con un proyecto de ley que exige la capacitación obligatoria de los empleados públicos en salud mental. Además de ser una imposición más hacia los trabajadores, aun con la mejor buena voluntad esa ley no cumpliría en lo más mínimo su objetivo. UPCN puso el grito en el cielo por esto, pero porque además nunca fue convocado para debatirlo. Parece ser que después de una desgracia, siempre viene una ley que capacita a los empleados públicos para encontrar una solución. Así tenemos la ley Micaela, ley Felipe, ley Lucio, ley Facundo, Ley Goyeneche y van… El estado nuevamente se corre de sus responsabilidades y el peso recae en los trabajadores estatales.
Después dos iniciativas más creativas sugieren el narcotest en la administración pública y la separación del cargo a funcionarios vinculados con el consumo problemático. Insólito, discriminatorio, punitivo, estigmatizante.
La salud mental probablemente se ha convertido en discurso de campaña, en noticias dramáticas por estadísticas de suicidio y disputas de poder, peleando cada uno desde su lugar para gritar un gol. Pero lo que no ven es que estamos perdiendo el partido como sociedad.
En este marco, en octubre del año pasado comienza a gestarse la Mesa de Diálogo por la Salud Mental impulsada desde un primer momento por la licenciada en Psicología y referente de la Agencia de Salud Mental Entre Ríos, Sandra Cislaghi.
Han tenido intervención en esta mesa más de veinte organizaciones provenientes de distintos espacios políticos y culturales, agrupaciones universitarias, movimientos populares, organizaciones barriales y comunitarias, instituciones vinculadas a la salud y a los profesionales.
UPCN se sumó en diciembre. El objetivo: construir un proyecto de ley creando una “red integral de los cuidados de la salud mental y el bienestar psicosocial en territorios entrerrianos” que establece pautas incluyendo al Estado, a los trabajadores públicos, a la escuela, al barrio, a la familia, creando un registro de organizaciones formadas y autorizadas para las tareas de prevención y asistencia.
Nuestro sindicato, sin perder su identidad peronista, encontró en la mesa una nueva forma de hacer política: desde lo sociocomunitario, desde el territorio, con las organizaciones que piensan distinto pero que buscan coincidencias, con la juventud, con las mujeres, con los trabajadores. Es interesante para diseñar un modelo que no esté solo centrado en la urgencia sino en el mediano y largo plazo.
A ciertos sectores incomodó, aunque la problemática es tan grave que no debería dejar lugar para especulaciones. En cada charla escuchamos a Sandra decir que dentro de cinco años (¡cinco! decimos bien) las problemáticas de salud mental serán la mayor causa de discapacidad en el mundo.
Por suerte el bloque de senadores peronistas se reunió con la mesa antes de finalizar el 2024 y se comprometió a avanzar y apoyar la idea. La discusión legislativa empezará por ahí la semana próxima o la otra. Ya están trabajando los técnicos sobre un borrador.
Pero además el recientemente designado ministro de Salud de la gestión de Rogelio Frigerio, Daniel Blanzaco puso a la salud mental como un eje de su gestión. Es en principio un plan estratégico del gobierno que el exministro Guillermo Grieve no tenía, o por lo menos nunca mencionó con claridad. Algunos cambios en el área suenan coherentes con este anuncio.
Mientras tanto en la Cámara de Diputados, el presidente, Gustavo Hein, sorprendió con su preocupación por la alta tasa de suicidios en la provincia y quiere hacer algo. Además, hay tres proyectos de ley de distintas fuerzas políticas que dejan entrever posicionamientos ideológicos, con las que UPCN no coincide pero indudablemente han puesto en agenda el tema de la salud mental.
Sin embargo, este debate no es solo político, mucho menos técnico. Es un debate fundamentalmente ético que solo puede plantearse desde la mirada de los Derechos Humanos.
Este lunes 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. La mesa saldrá a la calle con la consigna “No hay salud sin salud mental” y lanzará una encuesta provincial anónima y digital para contar con información actualizada para fortalecer los argumentos del proyecto de ley de la red.
Quizá, mientras se logra un consenso sobre una futura ley, se podría pensar en un gran acuerdo intersectorial, firmado en conjunto con las distintas áreas del gobierno que ya aportan recursos y programas destinados a la salud mental, pero donde falta una política pública que le dé continuidad y sentido a las acciones. Aunque nadie arriesga, UPCN deslizó la posibilidad de declarar la emergencia en salud mental. La medida no se ve mal ante una crisis que es muy difícil de abordar. Lo que no sabemos es si se van a animar.
Fuente: Página Política
