En el núcleo más duro del kirchnerismo dentro de la bancada de diputados provinciales han bautizado irónicamente a la última versión de la reforma abreviada que finalmente alcanzó media sanción del Senado como la “reforma K”. Naturalmente, no por kirchnerista, sino en alusión a la primera letra del apellido del senador radical Raymundo Kisser, el más activo y estudioso de los senadores de Cambiemos.
Reparan en que el acuerdo con Cambiemos disolvió el contenido del entendimiento interno que el peronismo había alcanzado unas semanas atrás para una reforma política abreviada, sobre la base de un anteproyecto que había motorizado el diputado José Allende una vez que vio que el nuevo código electoral no tenía futuro.
El eterno jefe de UPCN, que algo sabe de supervivencia política en sus 20 años consecutivos en la Legislatura, abrevió la reforma electoral a lo medular para los intereses de continuidad en el poder del oficialismo: darle a Bordet la posibilidad de especular con el mejor momento para votar en Entre Ríos y contener la interna fijando por ley el generosamente bajo piso del 15% para la integración de las minorías.
Por decisión del Ejecutivo, el contenido de ese acuerdo se volcó luego en un proyecto que ingresó por el Senado y que periodísticamente se dio en llamar reforma política “abreviada”, porque sólo tomaba dos aspectos del proyecto de código electoral: posibilidad de desdoblar y representación de minorías.
Pero en el acuerdo con Cambiemos el contenido de la reforma varió sensiblemente.
Por un lado, se limitó al máximo el margen de especulación de Bordet al fijar en la ley una fecha precisa para los comicios provinciales. El proyecto del peronismo le permitía a Bordet llamar a elecciones entre abril y noviembre del año que viene; ahora sólo puede optar entre el 9 de junio o la simultaneidad con las nacionales en octubre.
Con el proyecto del peronismo, Bordet podía extender la incertidumbre sobre la fecha de las elecciones hasta bien entrado el año 2019. Ahora, el límite máximo para la convocatoria es el 11 de enero. Si no convoca para esa fecha, se vota todo en octubre.
En el oficialismo podrán decir que, a fin de cuentas, la fecha del 9 de junio no sorprende a nadie. Era más o menos lo que todos suponían como probable, si lo que se quería era separar la elección provincial de la nacional.
Pero en la visión de algunos legisladores kirchneristas, abril no sería el mejor momento para ir a las PASO. Reparan en que para esa fecha las paritarias estarán abiertas y es posible que el conflicto docente de cada año aún no esté cerrado. Se sabe que ellos sueñan con votar en octubre, con Cristina en la boleta.
Minorías
Pero, más que la fecha, lo que ha caído particularmente mal entre alguna dirigencia del peronismo es que se haya quitado de la ley el piso del 15% para obtener minoría.
Se trató de otra exigencia de Cambiemos para acompañar. El argumento público fue que la alianza de macristas y radicales está bien con su 25% y que no quieren injerencias que alteren ese equilibrio interno. En privado, en cambio, algunos reconocen que buscaron hacer un daño al acuerdo del peronismo.
“No íbamos a acompañar algo que pedía Urribarri para no romper con el PJ”, resumió ante Página Política un dirigente de PRO. Frente al “hecho consumado” de que el peronismo tenía los votos, o ante una supuesta “bajada de línea de Macri” para acompañar el desdoblamiento, buscaron poner un palo en la rueda a la unidad del PJ.
Esto supone que apuestan a que la división electoral del peronismo los beneficie. Aunque, para volver más complejas las cosas, hay dentro de Cambiemos visiones totalmente contrarias:
Con la reforma pedida por Cambiemos y aceptada por el oficialismo, el porcentaje para la representación de minorías será un asunto a resolver por cada partido, en la letra de su carta orgánica. Como ha sido hasta ahora.
Pero si en el acuerdo peronista que se expresó en el primer proyecto de reforma electoral abreviada se incluyó el 15% es porque existió la desconfianza en torno a que Bordet, como presidente del PJ de Entre Ríos, efectivamente llame a un congreso partidario para reformar la carta orgánica de un partido que, históricamente, negó representación a sus minorías.
