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El Banco Municipal le debe 44 millones a la comuna

La deuda que mantiene Banco Municipal con el municipio paranaense es de 44 millones de pesos. Mientras, la ex entidad crediticia tiene un patrimonio de sólo 9 millones. El liquidador José Gaut anticipó que “es imposible&rdq

En este contexto, el gobierno del futuro intendente, José Carlos Halle, todavía no ha decidido qué hará con la liquidación de la entidad bancaria, cuya caída se produjo en 1995 y el proceso de cierre definitivo ha perdurado tres períodos de gobierno y ahora, inaugurará el cuarto.

Por estos días se cumplen 12 años de la caída del Banco Municipal de Paraná y casi la misma cantidad de tiempo del inicio de la liquidación, un proceso cruzado por denuncias e irregularidades, y muy caro para las arcas públicas. Sucede que actualmente, el Banco Municipal en liquidación mantiene una deuda con la Comuna de unos 44 millones de pesos, mientras que a la ex entidad bancaria le queda sólo un patrimonio cercano a los 9 millones. Aunque ese capital podría resultar menor, pues está conformado por bienes, muebles e inmuebles, y por créditos todavía a cobrar, informó El Diario.

Los 44 millones constituyen “un activo del municipio, porque nosotros le debemos a la Municipalidad. Lo que pasa es que la comuna no va a alcanzar a recuperar todo ese crédito. Es imposible que lo recupere, porque no lo tenemos, no existe”, explicó el abogado José Gaut, titular de la liquidación desde junio de 2004.

En 1995, el gobierno municipal a cargo de Julio Solanas, actual intendente de la ciudad, recurrió —en el último tramo de la gestión— a la toma de un abultado empréstito ante el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial con el fin de atender la privatización o cierre del banco. Al final, se instaló la última opción y llegó un crédito por 20 millones de dólares, dinero con el que se calmó la desesperación de los ahorristas y se pagó buena parte de las indemnizaciones de los empleados. Ese empréstito aumentó notoriamente la deuda pública municipal, tanto que en 2003 se aseguraba que representaba más del 50 por ciento del monto total (unos 71 millones) y que sólo se habían logrado cancelar intereses y 1 millón de dólares de capital.

En ese momento, pesificando el monto, se hablaba de 38,5 millones, a lo que se sumaba un crédito del Banco de Entre Ríos, adquirido en 1999 para atender también el derrumbe, con un monto pendiente de pago de más de 8,2 millones de pesos. Así, en total, se hablaba de 46 millones de pesos insumidos por el Municipal. Esa suma sería cercana a la que hoy día debe el residual a la comuna, aunque no fue posible corroborar oficialmente la actualización del número.

Ahora bien, el proceso de liquidación arrancó con “unos 38 millones de dólares a cobrar”, según un alto ex funcionario solanista del banco y actual referente en el gobierno. El problema, según este ex directivo, fueron “las deficiencias” en el proceso de liquidación. De esta forma apuntó directamente a los representantes que nombró el radicalismo al frente del residual desde fines de 1995 a 2003.

Desde la caída de la entidad, la liquidación —una tarea que se anunciaba no tan compleja— ha tenido hasta ahora cinco titulares, un sinnúmero de anuncios de cierre definitivo y cruces de denuncias, algunas de las cuales han llegado a la Justicia. “Si se me pregunta cuándo va a finalizar la liquidación o qué se podría hacer para terminarla, digo que se podrían hacer cosas, no sé sin son buenas o malas”, dijo Gaut al referirse al proceso. Para el funcionario, la decisión de dar fin en el corto plazo a la extensa agonía es de índole política, aunque antepuso reparos por las consecuencias que acarrearía un cierre definitivo en el futuro inmediato para la Comuna. Y explicó: “El principal —no el único— acreedor del Banco Municipal es la misma Municipalidad. Se podría hacer una cesión de créditos general y transferirle al municipio un montón de créditos judicializados. Pero qué pasa, no le estoy transfiriendo dinero, le estoy transfiriendo juicios. El municipio lo que en realidad va recibir es un problema, va a tener que utilizar la ya agotada fiscalía, con muy pocos abogados, para atender 350 juicios más. Y en algunos de esos juicios no está claro el derecho, es decir que puede perder y de perder va a tener que pagar costas. Entonces, no sería a mi criterio la solución más conveniente, sí la más rápida. Pero no es la mejor, porque le estaría transfiriendo problemas al municipio, no dinero líquido”.

Para Gaut, la salida más saludable es seguir con la liquidación e ir, en la medida de lo posible, achicando la deuda con la comuna. Aunque el funcionario reiteró: “Lo que resta liquidar, no paga lo que le debemos al Municipio”.

Con ese panorama, calificó de “imprudente” los anuncios de sucesivas fechas de cierre de la liquidación realizados por funcionarios municipales. Por ejemplo, en 2004, al comenzar la actual gestión, el intendente Solanas había pronosticado la conclusión definitiva para junio de ese año. Pasó esa y otras fechas y ahora será tema de la próxima gestión de gobierno.

No obstante, el gobierno del futuro intendente, José Carlos Halle, todavía no ha decidido qué hará con la liquidación de la entidad bancaria. “No está definido quién irá al frente del área, ni la política para el caso. Es que el equipo económico está abocado a ver cómo compra gasoil y cloro en diciembre”, explicó una fuente, quien se detuvo en la preocupación que genera en las próximas autoridades la “caótica situación” de la comuna.

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José Gaut es el tercer liquidador que nombró Solanas en poco más de seis meses de iniciada su gestión municipal (2003-2007). El primero fue Julio Llensa, que duró sólo un mes en el cargo y renunció luego de que saliera a la luz su carácter de codeudor del Banco, y el segundo, Jorge Mencía, que se fue en junio de 2004 por problemas de salud. Antes, en los gobiernos radicales, estuvieron Marcelo Marchessi (2000-2003), César Ferrari (1996-2000) y en el inicio hubo otro titular que permaneció unos tres meses.
La elección de los liquidadores es a propuesta del bloque de concejales mayoritario y responden a una comisión especial integrada por tres ediles (dos de la mayoría y uno de la minoría).

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Hay 350 causas iniciadas por el ex banco para cobrar créditos que permanecen en la Justicia. Algunos están en primera instancia, otros en cámara y otros apelados al Superior Tribunal, informó el liquidador. La cartera judicializada es por alrededor de 3,8 millones de pesos.

En tanto, la cartera viva —que implica créditos judicializados que entraron en convenio de pago— asciende a un monto cercano a 1,2 millones. Entre ambos, suman unos 5 millones a cobrar. Con el dinero que percibe la liquidación se abonan los gastos de funcionamiento —hay 6 empleados fijos y 10 abogados contratados— y se abonan deudas abultadas con la Caja de Jubilaciones y AFIP, dijo.

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