Por estos días se está juzgando al ex intendente de Gualeguay, Luis Erro, por el delito de peculado. El caso es el siguiente: en un acto político en el marco de la campaña legislativa de 2009, el entonces jefe comunal utilizó o permitió que se utilizara un medidor público para el sonido del mitín. No era candidato.
Erro, que se desempeña en la administración como coordinador de Políticas de Gobierno de la provincia, podría quedar afuera de la gestión si el tribunal integrado por María Angélica Pivas, Javier Cadenas y Sebastián Gallino hace lugar a la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal y que aplica dos años y tres meses de prisión condicional, sumado a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado de servicio. La misma está tipificada en el artículo 261 párrafo segundo del Código Procesal Penal.
El debate tuvo su primera jornada en Gualeguay el viernes pasado con la declaración de seis testigos. Seguramente Erro, o quienes se hayan encargado oportunamente de organizar aquel acto partidario, hayan incurrido en una irregularidad al utilizar el medidor de luz. Esa irregularidad no es otra cosa que la comisión de un delito.
La Justicia estaría hilando muy fino en un caso que en términos económicos el daño al Estado no pudo haber sido ni siquiera de 10 pesos. ¿Cuánto pudo ser el costo de la electricidad en un acto de dos horas en 2009? ¿Tres, cuatro, cinco pesos? Lo cierto es que el dirigente peronista de Gualeguay podría quedar inhabilitado de por vida para ocupar un cargo.
Conocido el pedido de la Fiscalía a cargo de Ignacio Talenta y Josefina Beherán, Erro se expresó en su cuenta de Facebook: “Si tomamos en cuenta las horas hombre que se gastaron en este expediente (gasto que afronta el Estado) estamos hablando de más de 100 mil pesos. Considero que la Justicia tiene casos de corrupción (en serio) homicidios, robos y hurtos que debería resolver para la tranquilidad de nuestro pueblo”.
Criterios
Con el cambio de gobierno se vive un resurgimiento de casos judiciales que involucran a dirigentes políticos que, en su mayoría, ocuparon cargos importantes como legisladores, ministros y hasta la titularidad del Poder Ejecutivo. Es saludable. Pero más saludable sería si las pesquisas avanzaran en el momento mismo en que se revelan las sospechas y no cuando el acusado está fuera del gobierno o en una situación de menos protección.
En la actualidad están tramitando y avanzando en los tribunales causas en las que los principales sospechosos de haber participado de hechos de corrupción fueron los principales jerarcas de la gestión de gobierno. Los delitos de los que se los acusa son graves y las sumas de dineros siderales. Escandalosas.
El avance de esos expedientes en la Justicia provincial parecería acompañar la nueva época en que el Poder Judicial estaría dispuesto a dar respuesta a una sociedad que de pronto tiene sed de justicia.
El caso de Erro, si se escarba un poco, parecería medio pobre para responder a esa pretensión. Erro incurrió, seguramente, en una irregularidad. En rigor, en la comisión de un delito que ocurre a diario en la administración pública. El Estado tiene resortes para penar estos comportamientos en el seno del Poder Ejecutivo, por caso una Dirección de Sumario.
Ahora, ¿los funcionarios de primera, segunda y tercera línea no utilizan los autos oficiales para pasear con su familia diariamente? ¿Cuántos viajes semanales se hacen a Buenos Aires en comitiva oficial y, de paso, se aprovecha la volada para resolver cuestiones de índole personal? Un vocal del Superior Tribunal de Justicia viajó con viáticos del presupuesto del cuerpo que integra para visitar a una nieta. Es conocido que quienes ocupan lugares en la administración viajan a Capital Federal por Victoria y no por Zárate para hacer valer los tickets de nafta.
El caso Erro tiene otros ingredientes de tinte político que merecerían un tratamiento periodístico aparte. Pero la pregunta recurrente es si el Mani Pulite que se avizora en esta provincia tendrá estas pesquisas como punto de partida o de llegada.

