El convenio marco que firmaron Nación y Entre Ríos el 4 de junio pasado por las obras públicas que venían en marcha a cargo de Nación requerirá de un enorme esfuerzo para determinar un criterio al momento de elegir qué obra pública hacer y cual no.
Esta certeza se desprende del mismo acuerdo que firmaron las partes, es decir el gobierno nacional y las provincias, donde todos se comprometen a “promover el desarrollo equitativo y sostenible en todo el territorio nacional”. El texto dice que “el Estado nacional ha decidido transferir el financiamiento y/o la ejecución de determinadas obras públicas a éstas últimas (las provincias) siempre que se encuentren en condiciones de asumir dicho compromiso”.
El convenio – que Página Política adjunta al final de la nota- cuenta con cuatro anexos y sus respectivos listados de obras.
En el primer caso, el anexo 1, se trata de las obras que el gobierno nacional le pasa a la provincia para que ésta se haga cargo. La administración de Rogelio Frigerio, si entiende que tiene otras prioridades, puede rescindir de alguna.
El anexo 2 incluye las obras que Javier Milei seguirá financiando, pero en este caso será Nación la que pueda bajar el pulgar si cree que alguna no es necesaria o urgente.
En el 3 se enumeran las obras que Nación le pasaría a los municipios para que éstos las financien, pero que si éstos no las aceptan, se rescindirá.
En el último anexo se estipulan obras con financiamiento internacional, pero el Estado nacional trasladará el crédito a Entre Ríos.
En resumen, solo en el segundo caso, el gobierno nacional está dispuesto a hacerse cargo, pero siempre a expensas del estado de ánimo del jefe de Estado.
Sean eternos
Ese mismo día, el 4 de junio, Frigerio se reunió con el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, con el objetivo de gestionar una línea de créditos para el desarrollo inmobiliario e incrementar la oferta de acceso a la vivienda. La idea es que se adquieran desde el pozo y que los compradores puedan acceder a ellos a través de créditos hipotecarios. Está la propuesta gubernamental de eximir a los interesados del impuesto a los sellos.
El Gobernador estuvo acompañado por los eternos empresarios de la construcción de la provincia, que son básicamente los integrantes de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Entre Ríos: la presidenta Laura Hereñú (Oicsa); el vicepresidente 1°, Miguel Marizza (Caballi); y el ex presidente de entidad a nivel nacional, el entrerriano Iván Szczech (Szczech & Szczech). Aquí la información oficial publicada oportunamente.
Al inicio de la gestión, el gobierno provincial expresó preocupación por las demandas que estaban realizando las empresas. En marzo, la Legislatura le dio a Frigerio el instrumento que reclamaba para ordenar la deuda con empresas constructoras que heredó de Gustavo Bordet y que no pudo saldar por el recorte de Milei.
Un día antes que el Senado apruebe finalmente el proyecto de ley, el coordinador general de la Secretaría de Obras Públicas y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, Hernán Jacob; junto con los funcionarios del área; explicó antes diputados que la situación que se estaba viviendo en la obra pública era pura y exclusivamente responsabilidad del gobierno nacional por el desfinanciamiento que implicaba dos tercios de la obra pública y la mega devaluación, lo que generó, en boca del funcionario “un estrés financiero”.
A modo de balance cuando se cumplieron 6 meses de gestión, Frigerio inscribió “un acuerdo con las empresas contratistas para pagar la abultada deuda heredada y reactivar la obra pública en la provincia” y el avance “en un plan estratégico para la obra pública entre el sector público y privado”.
El convenio marco
Descargar Convenio Nación Provincia por obra pública
