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El fallo

La sentencia tiene fecha del 1º de octubre. En ella el STJ rechaza la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la UCR y le impone costas por su orden.

En su voto, Carlomagno entendió que “el ataque de inconstitucionalidad al sistema de representación proporcional D’Hont se ha concretado por el partido accionante de un modo genérico y sin indicación alguna sobre la manera en que su aplicación lesionará los derechos constitucionales denunciados como infringidos, ya que la carta magna regional determina que el mecanismo de representación proporcional asegurará al partido mayoritario la mayoría absoluta de la representación, por lo que el perjuicio, de producirse, es claramente eventual”.

También sostuvo que la declaración de inconstitucionalidad “es procedente en tanto el interesado demuestre claramente de qué forma una norma contraría la Constitución, causándole un gravamen, y para ello es menester que precise y acredite fehacientemente en el supuesto concreto el perjuicio que genera la aplicación del dispositivo”.

Por ello, apuntó que “al no haber satisfecho la demandante con el mencionado recaudo de indispensable cumplimiento, se torna inadmisible su planteo”.

Por su parte, Pañeda coincidió con Carlomagno respecto a que no se satisfizo la necesidad de que se demuestre “claramente el modo en que se contraría la ley suprema”. Según señaló, esto “impide cuantificar la magnitud del perjuicio a los fines de evaluar su relevancia jurídica”.

También Ardoy consideró que “el Poder Judicial, si bien tiene la facultad de declarar inconstitucional una ley, no lo puede hacer en abstracto, sino en el caso concreto”. En tal sentido, continuó: “En la presente causa, al no tener la actora agravio actual, debe rechazarse la pretensión. Los posibles perjuicios derivados de la aplicación de la norma presuntamente inconstitucional, no son más que meras conjeturas que no revisten el carácter de lesión actual que permitiría a este cuerpo entrar al fondo de la cuestión”.

Medina de Rizzo agregó que “para que se configure una situación de inconstitucionalidad, no basta con invocar la vulneración de derechos fundamentales, si además no se prueba la afectación concreta de los mismos”. Añade que la UCR “tampoco precisa desde qué posicionamiento ve frustradas sus probabilidades de obtener un mayor número de bancas –si como partido mayoritario o como integrando las minorías”.

Castrillón señaló: “Me permitiré disentir con los colegas preopinantes en cuanto a que el accionante no demuestra el menoscabo a su derecho”. Al respecto, señaló que “para el fortalecimiento de la democracia que encuentra en el voto popular la principal expresión de la participación popular, el sistema debe tender a la simpleza, a la claridad conceptual sin aristas que inviten a la judicialización de la materialización de de la voluntad popular, que marque una transparencia y claridad meridiana en el universo de electores y elegidos, de saber de antemano qué reglas constitucionales y legales regulan el acto eleccionario”.

Luego indicó que la accionante “tiene interés en que se determine qué ocurriría en caso de obtener mayor cantidad de sufragios, hipótesis esta que en su criterio y conforme a la Constitución le correspondería la mitad más uno, pero también la relación entre votos obtenidos y convencionales adjudicados a tal partido, lo que debería surgir de la ley que determina la forma de distribución del resto de la distribución, que no es otra que la vigente desde 1934 ley de elecciones provinciales 2988”.

Entiende además que “para que exista un proceso electoral transparente (…) deben existir reglas de juego basadas en derecho vigente, claras, que permitan dar a cada uno lo suyo, y lo suyo es lo que de antemano sabe que le corresponde, no lo que otros en forma posterior a la voluntad expresada en las urnas interprete o adjudique”.

Apunta también que “el número de convencionales, sus inmunidades y su remuneración se hallan conforme a lo que dispone la Constitución provincial”.

Por esto, consideró “necesario y prudente propiciar declarar la inconstitucionalidad de la norma del artículo 7 de la Ley 9768, por ser violatoria a las disposiciones de los artículos 51 y 221 de la Constitución provincial”.

Fuente: Apf

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