Entre Ríos, a diferencia de Nación, tiene un sistema de control de los magistrados que podría ser envidiable en cualquier punto del país. El Jurado de Enjuiciamiento es un órgano por el cual se juzga a jueces que ingresaron mediante concurso del Consejo de la Magistratura. Y el Juicio político, a quienes ingresaron al Poder Judicial en el marco de decisiones políticas. Ambos organismos de contralor del servicio de justicia se integran de manera equilibrada. 

La actitud que tomó el procurador general de la provincia, Jorge Amilcar Luciano García, de no acusar por entender que caducaron los plazos para juzgar a la jueza Josefina Etienot, es una opinión. Pero haber anunciado al momento de la apertura del proceso que el Ministerio Público Fiscal no acusará y, además, no se presentará a las audiencias en las que se presenten las pruebas fue una actitud violenta institucionalmente. La ley del organismo que conduce le concede “verticalidad” a todos los fiscales. Esto es lo que dice el jefe no se discute. Una barbaridad. 

García decidió, por motu propio, sacar al Ministerio Público Fiscal del proceso. Exactamente por lo que Cecilia Goyeneche fue a la Corte Suprema de Justicia en el marco de su destitución y el máximo órgano de justicia del país le dio la razón. 

Es interesante el argumento de García. Sostiene que el tiempo para juzgar a Etienot caducó porque el mismo debe contar desde la apertura de causa. De modo que está diciendo que los plazos para juzgar nuevamente a Goyeneche no están vencidos. 

A García no le importa absolutamente nada. Incluso contradecirse en aberraciones. Fue tan escandalosa la decisión que esgrimió en la primera audiencia, que los integrantes del Jury debieron sacar una resolución para dejar en claro que el proceso continuaba. Ese es el estado de situación. Denigración institucional. 

El procurador pareciera haber tomado el mínimo recaudo y se presentó a las siguientes audiencias. Dio marcha atrás. Pero no abre la boca. Deslegitima el funcionamiento del sistema. 

La defensa de la doctora Etienot tampoco se presenta, porque entiende, como el procurador, que los tiempos para juzgar a su clienta han caducado. Punto. Yo pienso esto, por lo tanto es así. No tengo por qué presentarme ante un tribunal que pretende resolver lo que yo ya resolví, es lo que debería interpretarse. 

Los testimonios que se han escuchado en audiencias dejan en un pésimo lugar a la jueza denunciada. Las pruebas denostan el comportamiento que debería tener una magistrada. El procurador cree que esos reproches deberían resolverse en ámbitos administrativos que aborden la violencia laboral. 

García sugiere, con razón, que el Jurado de Enjuiciamiento ha quedado a expensas de personajes delirantes – también corruptos- que ante cualquier descontento con una sentencia en su contra denuncian al funcionario judicial. El procurador, con su proceder en el caso Etienot, parece ser uno más de ellos. 

Fuente: Página Política